jueves, 26 de mayo de 2022

21 presuntas ejecuciones reporta Codehciu durante primer trimestre de 2022 en Bolívar

Codehciu informa sobre nuevas cifras de violaciones al derecho humano a la vida en su monitoreo realizado en medios de comunicación regionales y alerta que el Estado debe garantizar justicia y reparación.

Codehciu informa sobre nuevas cifras de violaciones al derecho humano a la vida en su monitoreo realizado en medios de comunicación regionales y alerta que el Estado debe garantizar justicia y reparación.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) registró en Bolívar 21 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el primer trimestre de 2022. Según los informes de la organización, en marzo un hombre murió bajo la custodia del Estado, privado de libertad en el municipio Caroní.

Se trató de Julio José Hurtado Mosquett, quien murió por complicaciones de salud en el Hospital Dr. Raúl Leoni tras ser trasladado por funcionarios de seguridad desde el Centro de Coordinación Policial de Guaiparo, en San Félix. Medios regionales reportaron el 30 de marzo que el hombre de 34 años fue procesado por los delitos de femicidio agravado, violencia sexual y resistencia a la autoridad.

La información publicada por un medio de comunicación regional relata que Hurtado, quien llevaba 4 años detenido, presentó complicaciones de salud física debido a una úlcera.

Una muerte potencialmente ilícita o ejecución extrajudicial puede ocurrir de diferentes maneras, una de ellas se evidencia cuando la persona fallece mientras estaba detenida o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes, según lo explica el Protocolo de Minnesota. Bajo estas circunstancias, son los funcionarios públicos (policiales o militares) quienes ejercen un mayor control sobre la vida de la víctima.

Una Ventana a la Libertad alertó en su informe final del año 2021 que 892 reclusos se encontraban cumpliendo sentencia en los calabozos, lo cual es ilegal ya que “son solamente lugares de tránsito durante 48 horas”.

Al mismo tiempo, el colapso del sistema hospitalario en Venezuela también vulnera la dignidad de las personas privadas de libertad. Aunque el derecho humano a la salud está reconocido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y consagrado en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los datos de Una Ventana a la Libertad alertaron que 95 de las 123 muertes monitoreadas en los CDP, de diferentes estados del país, estuvieron relacionadas a enfermedades. 

Organismos involucrados 

Además de la persona que murió bajo custodia del Estado, hubo 20 hombres asesinados durante presuntos enfrentamientos a manos de cuerpos policiales y militares.

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue el organismo que sumó más víctimas durante los primeros tres meses de 2022, según el monitoreo a medios de comunicación regionales hecho por Codehciu. Los efectivos estuvieron involucrados en 6 presuntas ejecuciones durante actuaciones individuales, y otras 6 en actuaciones mixtas junto a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Esta segunda situación se trató del hecho más violento del trimestre en relación al monitoreo, fue un presunto enfrentamiento ocurrido a inicios de febrero en el municipio de El Callao, en el que murieron 6 hombres por arma de fuego, supuestamente integrantes de la banda delictiva “El Perú”.

En orden según la cantidad de ejecuciones durante el trimestre, sigue la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que registró 3 víctimas.

El Servicio de Investigación Penal del estado Bolívar (Sipeb), la Policía del estado Bolívar (PEB), la Dirección de Inteligencia y Estrategias de la Policía del estado Bolívar (Diepeb), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la PNB (DCDO) registraron una víctima cada uno.

Los casos 

Pedro José Arreaza Ramírez, Gustavo Ernesto Chire Vera, junto a Hurtado y cuatro hombres que no fueron identificados por la prensa son las víctimas de presuntas ejecuciones durante marzo.

En relación a las cifras por mes, febrero tuvo la mayor cantidad de casos, contabilizando 9; marzo y enero reportaron 7 y 5, respectivamente.

Durante marzo ocurrió otro de los hechos más violentos en lo que va de año, en el que fueron presuntamente ejecutados 3 mineros en el municipio Piar a manos de la GNB, en la mina El Cumi, según información de medios regionales.

En el reporte de febrero, Codehciu alertó sobre el caso de Julio César Herrera, hombre de 28 años supuestamente ejecutado por la GNB en Sifontes. Su muerte es la única hasta la fecha cuya versión oficial, en la que se narra un presunto enfrentamiento, es desmentida por vecinos de la comunidad. Las publicaciones de prensa de la mayoría de los hechos se limitaron a contar la versión dada por los organismos de seguridad.

En publicaciones anteriores, Codehciu ha advertido que la falta de transparencia de las instituciones públicas, la carencia de justicia y reparación, la desprotección de los familiares y de la ciudadanía en general ante estas violaciones a los derechos a la vida, al debido proceso, y a la integridad, dificultan el registro completo y verdadero de estos casos.

De las 21 víctimas registradas en el trimestre, 10 no fueron identificadas por la prensa ya que se limitaron a publicar la versión del ente policial o militar. Lo que evidencia la falta de transparencia de los organismos, y que en pocas ocasiones los familiares tienen el valor de desmentir o de dar su versión de los hechos.

El Callao y Caroní presentaron 6 ejecuciones cada uno durante el mismo período, y son los municipios más violentos según el monitoreo. Piar y Cedeño se ubican en segundo y tercer lugar, con 3 y 2 casos, respectivamente.

Cabe destacar que Bolívar es el tercer estado más violento de Venezuela, y tiene a tres de los municipios más violentos del país: El Callao, Sifontes y Roscio, según información del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Vida e integridad 

Estos hechos registrados por Codehciu vulneran derechos consagrados por instrumentos internacionales y en las leyes internas del país.

Por ejemplo, el derecho a la vida está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Este, en su artículo 6, numeral 1, enuncia: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.

Con respecto al derecho a la presunción de inocencia, el mismo instrumento en su artículo 14, numeral 2, añade: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.

El artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el derecho a la vida es inviolable y que “ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”.

El Estado también tiene responsabilidad internacional en relación a las actuaciones de las fuerzas de seguridad. Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), enuncian en su artículo 5 lo siguiente:

“Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:

a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga;

b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana;

c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas;

d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas”.

Codehciu exhorta al Estado venezolano a investigar de manera imparcial y eficaz las muertes potencialmente ilícitas. Junto a la garantía de la justicia, los familiares de las víctimas también merecen reparación, protección, respeto a su integridad y la no repetición de estos hechos.

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