Bajo un clima de hermetismo y con temor a represalias gubernamentales, vecinos y ex voceros comunitarios de diversos sectores del municipio Caroní alzaron la voz para denunciar la profunda crisis organizativa, el reciclaje de censos falsos y el fracaso de los servicios básicos en la región.
La realidad en las bases desmiente las cifras oficiales: el aparato social del gobierno regional se encuentra en un limbo institucional debido a la falta de participación ciudadana y al desgaste de sus dirigentes.
De acuerdo con testimonios recogidos bajo anonimato por razones de seguridad, las comunidades enfrentan hoy un complejo dilema: Denunciar las irregularidades acarrea la suspensión inmediata de los beneficios o el hostigamiento político, pero guardar silencio tampoco se traduce en soluciones para las fallas crónicas en el suministro de gas doméstico, agua o las bolsas de alimentación.
De los CLAP a los CBBI: Muchas estructuras, poca gente
La más reciente mutación de este sistema es la transición de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP) hacia los denominados comités bolivarianos de base integral (CBBI).
Lo que en teoría debió ser una estructura nueva de seis personas por calle para controlar censos, movilizaciones electorales y las llamadas consultas de proyectos, en la práctica ha resultado un fracaso operativo.
“No hay gente. Las mismas personas que antes eran del CLAP, ahora deben asumir los CBBI, además de las mesas técnicas de energía y gas, y los comités de tierra urbana (CTU)”, reveló un exlíder de calle de la zona.
Esta acumulación de funciones responde al abandono masivo de los cargos, motivado por la migración forzada de los activistas y el rechazo generalizado a cumplir funciones de “chisme” o control político sobre sus propios vecinos.
Cronología del control y censos “inflados”
El declive de la autonomía comunitaria se agudizó tras la derrota electoral del oficialismo en las parlamentarias de 2015, fuentes vinculadas a la administración pública explicaron que, ante el temor de una supuesta infiltración de la oposición, el Ejecutivo nacional congeló por años la renovación democrática de los consejos comunales (creados en 2006 y regulados en 2010), extendiendo las vocerías vencidas por decreto.
Fue en ese contexto donde se impuso el control absoluto a través de los CLAP, cuyas estructuras fueron depuradas por las unidades de batalla Bolívar-Chávez (UBCh) para excluir a cualquier líder vecinal disidente, sin importar el respaldo real de su comunidad.
Sin embargo, el mayor quiebre actual radica en los datos que se envían a Caracas. Ex trabajadores de la Gobernación del estado Bolívar confirmaron que los informes y mapas sociopolíticos entregados a los ministerios están inflados y desactualizados.
“Se siguen enviando bases de datos que repiten los mismos números de votantes y beneficiarios de los años en que el chavismo tenía arrastre. Solo le cambian la fecha al documento para simular un respaldo que ya no existe en las calles”, aseguró un informante.
Cifras en duda y proyectos fantasmas
Aunque voceros ligados a Fundacomunal en el estado Bolívar afirman que existen cerca de 2.952 consejos comunales supuestamente activos o en proceso de renovación de vocerías, analistas de la gestión local y ex coordinadores comunitarios ponen en duda la veracidad de la cifra.
Estiman que tan solo en Caroní, de los poco más de 1.100 consejos registrados formalmente en papel, la inmensa mayoría opera en el anonimato, en silencio o simplemente están desarticulados.
El desencanto vecinal también se alimenta del desvío de recursos, los fondos asignados en el pasado para proyectos de envergadura socioproductiva terminaron diluidos en obras menores o, peor aún, capitalizados políticamente por alcaldías de turno que inauguraron canchas y aceras financiadas originalmente por el esfuerzo financiero de las propias comunidades a través del Consejo Federal de Gobierno.
Hoy la quietud que muestran las barriadas de Guayana no es de conformidad, sino de supervivencia, la ciudadanía prefiere mantenerse al margen de los nuevos comités integrales, evidenciando que el control social mediante el estómago ya no es suficiente para ocultar el colapso del modelo comunitario.
