Transparencia Venezuela publicó un informe el domingo en el que revela los mecanismos de pago implementados por el chavismo para comercializar petróleo sancionado, lo que facilitó el lavado de sumas multimillonarias de dinero en una red que contó con el respaldo de funcionarios de Venezuela, Rusia, China, Irán y Cuba.
La investigación de 37 páginas titulada De la evasión de sanciones al lavado de dinero: el circuito de comercialización del petróleo venezolano (2019-2025) documenta los movimientos de una red de comercialización, distribución y cobranza que desvió miles de millones de dólares entre 2019 y 2023, evitando que estos fondos ingresaran a las cuentas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y del Estado venezolano.
El caso de Pdvsa-Cripto en 2023 -según Transparencia Venezuela- sirvió como estrategia para revolucionar la red de corrupción. Aunque algunos de los involucrados fueron desplazados, el sistema se mantuvo y la comercialización del crudo quedó bajo el control de personas que tenían vínculos previos con el gobierno de Nicolás Maduro.
El informe destaca el caso de Ramón Carretero Napolitano y el exfuncionario Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, quienes en 2025 se convirtieron en los principales exportadores de crudo venezolano, superados solo por Chevron. A través de tres empresas en China y Singapur gestionaron 63 cargamentos, lo que provocó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera sanciones contra ambos y posteriormente a sus familiares en diciembre de ese mismo año.
El documento también destaca a Harry Sargeant III, fundador de Global Oil Management Group, con el envío de 32 cargamentos de crudo a través de empresas que comparten actividades con Alejandro Betancourt López, investigado en Suiza, España y Estados Unidos por el caso Derwick.
Transparencia Venezuela detalló que la empresa estatal cubana Cubametales ejecutó 31 envíos de petróleo venezolano, fortaleciendo los negocios comerciales entre Venezuela y Cuba.
El informe señala al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y a Jorge Andrés Giménez Ochoa como presuntos intermediarios en la asignación de petróleo venezolano a China. Además se les vincula con la empresa Shandong Minshou Energy y con redes de lavado de dinero que involucran a firmas como Ripple Oil Trading y Panglobal Energy, ambas ligadas a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.
La investigación documenta ocho mecanismos de evasión y lavado: redes de intermediarios con empresas en al menos 30 países; ventas con descuentos de hasta 30% del precio de mercado en 2025; ocultamiento del origen del crudo mediante reetiquetado en Malasia, Singapur, Brasil y Curazao; mecanismos de trueque de petróleo por alimentos, diluyentes y gasolina; canje de crudo por oro enviado en lingotes a Rusia e Irán; Contratos de Participación Productiva (CPP) de 20 años con firmas dispuestas a operar en el mercado negro, y el denominado ecosistema cripto.
