La democracia vive, pues, una importante crisis frente a estas nuevas formas de “dictadura”; ya no con el empoderamiento de dictaduras militares sino bajo democracias de utilería que imponen regímenes de la mentira.
No deberían olvidar ni Petro ni la prensa colombiana ni sus políticos, en suma, que cuando todo ciudadano señala, acusa, denuncia, tal como lo dice la jurisprudencia de la misma corte en el caso Mariripán contra Colombia, de 2005, “la búsqueda efectiva de la verdad le corresponde al Estado”.
Lo cierto es que, por el camino en el que van las cosas, el mismo hombre -varón o mujer- está dejando de ser y de ser persona. Se despersonaliza en el siglo XXI.
Mas no es de desestimar, en igual orden, que las víctimas de los terroristas de la droga -el pueblo en su conjunto- animadas por el miedo, la rabia, el dolor naturalmente exacerbado, aspiren a que en Quito insurja otro Nayib Bukele.
La paz, la que hemos perdido, es en suma acuerdo entre corazones; sólo posible cuando, luego afirmarnos en lo que somos y descubrir en nosotros mismos quiénes somos, nos reconozcamos en los otros y en igual identidad.
Supo entender que cuando se pierde el discernimiento humano, lo más importante es recrear la memoria y si se cree en el futuro “el poder hablar en un lenguaje común en que todos nos entendamos es fundamental”.
Lo que cabe confirmar es que USA le hizo entrega a Maduro de su joya predilecta -el “comerciante” Alex Saab- en el mismo territorio del encuentro por el Esequibo. ¿Una casualidad?
La Corte Internacional de Justicia, en suma, fue siempre la carta que se reservó Venezuela dada la fuerza jurídica de nuestro reclamo. Ahora la queremos obviar, mientras nos solazamos en el jolgorio. Nada nuevo bajo el sol.
“¿Existe algún expediente sustanciado y una decisión que inhabilite políticamente a María Corina, que justifique su derecho -que no es concesión negociable- de recurrir ante un juez, incluso tratándose de un escribano de la dictadura?”.
Dividirá a los venezolanos de cara a lo que sí nos es obligante: la defensa profesional, seria y calificada de nuestros derechos territoriales en los estrados de La Haya y el saber que los efectos de la sentencia que llegue a dictar la CIJ son definitivos e inapelables, estarán revestidos por el principio de la cosa juzgada.