lunes, 13 mayo 2024
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Exigen reenganche de tres trabajadores y destitución de presidentes de Comsigua y Venprecar

Trabajadores de las briqueteras estatales de Guayana marcharon este jueves por la avenida Las Américas hasta la sede de la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro.

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Trabajadores de las briqueteras estatales de Guayana marcharon este jueves hasta la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro para exigir el reenganche de tres trabajadores despedidos, el cese del amedrentamiento a la dirigencia sindical y la destitución de los presidentes de Comsigua, Yajaira Rangel y Venprecar, Antonio Rivas, ambos designados en agosto de 2016.

La marcha recorrió la avenida Las Américas, causando colapso vehicular, y sumándose a la larga jornada de manifestaciones laborales en Guayana por el cumplimiento de los tabuladores salariales. Con pancartas en mano, los briqueteros gritaron su descontento, que esperaban transmitir directamente al director estadal del Ministerio del Trabajo, Alfredo Spooner.

Félix Yépez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Complejo Siderúrgico de Guayana (Comsigua), resaltó que salieron a la calle por el irrespeto a los beneficios contractuales y las prácticas antisindicales que se han pronunciado en la empresa, con el despido de tres empleados y la suspensión de fichas de 10 trabajadores con fuero sindical.

“No estamos dispuestos a tolerar más atropellos a la clase trabajadora y menos por un presidente antiobrero que está dejando en la calle a padres de familia”, dijo, en alusión a la titular de la briquetera, Yajaira Rangel, que exigen sea destituida por humillar a los trabajadores. “Ha tratado de atropellar a la dirigencia sindical y a los trabajadores porque están descontentos”, agregó.

Entre los incumplimientos mencionó el impago de las 21 comidas -establecidas en el contrato colectivo- desde septiembre y el avance de apenas 25% de la bonificación de fin de año, una partición de los aguinaldos en cuatro partes que rechazan. “¿A quién se le ocurrió pagar un 25%?”, se preguntó.

Los briqueteros rechazaron el pago fraccionado de las utilidades en cuatro partes

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Orinoco Iron (Sintraori), Rona Figueredo, coincidió en las prácticas antisindicales y la coacción contra los trabajadores, con pagos de salarios que no se corresponden con lo debido. “Hay un golpe de estado contra la clase trabajadora (…) este es un salario precario”, dijo, al llamar a los trabajadores a rendir 25% conforme nos pagan 25%.

“Esto es una dictadura”, gritó una empleada que acompañaba la manifestación.

Las industrias de Guayana operan a pésimos niveles operativos, pero hasta este año se cumplía el pago de los beneficios laborales sin recortes. Desde septiembre de 2018, cuando entró en vigencia el nuevo salario mínimo de Bs.S 1.800, los tabuladores salariales en las empresas básicas son quebrantados. La medida más reciente fue el pago fraccionado de las utilidades en cuatro partes.

Luis González, secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores Socialistas de Venprecar y Servicios Similares (Sutrasovenyss), atribuyó el amedrentamiento a que el sector briquetero fue el único que no se arrodilló al patrono en la firma -a mediados de octubre en la Vicepresidencia de la República- de una “propuesta salarial transitoria”, que viola los tabuladores salariales.

“No vamos a firmar nada que vaya en contra de los contratos colectivos y la Ley Orgánica del Trabajo”, afirmó, al recalcar que es falso que el Gobierno esté cumpliendo con los beneficios laborales. “Es falso, todos los conceptos han sido mermados. Primera vez en 28 años, primera vez que recibo utilidades chucuteadas y fraccionadas”, denunció.

Al igual que en el caso de Comsigua, González reclamó la destitución del presidente de Venprecar, Antonio Rivas, por dar la espalda a los trabajadores; y exhortó al presidente Nicolás Maduro a revertir las políticas que menoscaban el ingreso de los empleados de Guayana.

Tanto Rangel como Rivas, presidentes de Comsigua y Venprecar, respectivamente, fueron nombrados el 8 de agosto de 2016, de acuerdo con la Gaceta Oficial N° 40.961, de modo que tienen más de dos años frente a las briqueteras expropiadas por orden del expresidente Hugo Chávez en 2009.