Ante la grave emergencia nacional ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio, las academias nacionales de Venezuela expresan su profundo pesar por las irreparables pérdidas humanas y materiales y, ponen a la inmediata disposición de las autoridades y de la sociedad sus capacidades técnicas, científicas y profesionales.
En un comunicado conjunto de las academias de la Lengua, de la Historia, de Medicina, de Ciencias Políticas y Sociales, de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales, de Ciencias Económicas y de Ingeniería y el Hábitat, expresaron que “extienden su más sincera solidaridad a todas las familias damnificadas, al tiempo que rinden homenaje al personal de rescate, de salud y voluntarios que asisten la contingencia”.
Precisa el documento que la superación de esta crisis requiere asumir la unidad nacional como un imperativo ético incuestionable. La reconstrucción de la República y el auxilio inmediato a las víctimas constituyen objetivos comunes que demandan convocar la voluntad, la responsabilidad y la cooperación articulada entre los poderes públicos, las universidades, el sector productivo y la sociedad civil.
Las academias nacionales, fieles a su misión histórica de servicio al país, ponen a la inmediata disposición de las autoridades y de la sociedad sus capacidades técnicas, científicas y profesionales. La complejidad de la crisis requiere soluciones rigurosas fundamentadas en la evidencia y el conocimiento interdisciplinario para emprender una recuperación segura, eficiente y sostenible.
En tal sentido, las academias ofrecen su colaboración para participar en equipos multidisciplinarios y mesas técnicas orientadas, entre otros aspectos, a:
● La evaluación de los daños estructurales sufridos por edificaciones públicas y privadas, hospitales, centros educativos, infraestructura vial, redes de agua potable, sistemas eléctricos, telecomunicaciones y demás servicios esenciales.
● El fortalecimiento de la respuesta sanitaria, mediante el apoyo a los servicios de salud, la prevención y control de riesgos epidemiológicos, la vigilancia sanitaria y la atención psicológica y social de las personas afectadas.
● La evaluación de los riesgos geológicos, ambientales y urbanos derivados del desastre y la formulación de criterios científicos para la reconstrucción de ciudades e infraestructuras conforme a estándares internacionales de seguridad, resiliencia y sostenibilidad.
● El análisis del impacto económico y financiero de la emergencia, la formulación de estrategias para la recuperación fiscal y presupuestaria, la reactivación de la actividad productiva y la protección del empleo y de los sectores más vulnerables.
● La elaboración de propuestas jurídicas e institucionales que permitan enfrentar la emergencia dentro del marco del Estado de derecho, garantizando el pleno respeto de la Constitución, de los derechos humanos y de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
● La protección, recuperación y conservación del patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, documental y científico afectado por la catástrofe.
