“En su mayoría, las víctimas contabilizadas son periodistas (58 personas, 46,8%), seguidos de particulares (31), medios de comunicación (15), páginas web (7), camarógrafos (5) y reporteros gráficos (4). Resaltan además las denuncias de persecución contra la ciudadanía y miembros de ONG por la divulgación de opiniones en contra de Nicolás Maduro, y por el trabajo de defensa y protección en casos de violaciones a los DD HH”.
Dalia Rodríguez ofreció a los asistentes, en su mayoría periodistas y comunicadores sociales, un decálogo de recomendaciones para una cobertura y difusión del suicidio que estén apegadas a la ética profesional y la responsabilidad social.
Cárdenas alertó que se vive actualmente una “reducción en el derecho a ejercer la libertad de expresión” debido a que desde quienes ostentan el poder quieren limitar el derecho a la información a través de mecanismos que estarían buscando criminalizar la profesión.
Los persiguen, hay detenidos por informar -que es su deber y que es un derecho- los golpean, les retienen sus materiales e incluso hay casos en los cuales les han robado sus instrumentos de trabajo y ahí siguen. ¡Son valientes! Perseveran, insisten.
La relación de la prensa con el poder y quienes lo ejercen -sobran ejemplos en Venezuela, hasta 1998- es muy dura y conflictiva. Quiérase o no el periodismo tiene por norte inexcusable controlar y escrutar al mismo poder y denunciar a quienes abusan.