Carlos Trapani, de la ONG Cecodap, defensora de los derechos de niños y adolescentes, explica que el trabajo infantil en las minas se desarrolla bajo “las peores condiciones”.
Según Provea, máxima organización de derechos humanos en Venezuela, en 2022 más de 200 indígenas Jivi del estado Amazonas atravesaron la frontera hacia Colombia buscando protección. Entonces, hombres y mujeres huían de combates entre disidentes de la antigua guerrilla colombiana FARC y el ELN.
En marzo de 2023 se desmanteló una red de explotación y abuso infantil que utilizaba las plataformas de streaming para prostituir a niñas y adolescentes entre 11 y 18 años.
La falta de oportunidades laborales y la distorsión económica del país ha suscitado una realidad paupérrima para los jóvenes, quienes en un intento por satisfacer sus necesidades básicas, terminan volviéndose esclavos de sus empleadores.
La organización criminal conocida como Tren de Aragua se ha expandido en toda Latinoamérica a costa de uno de los delitos más atroces: la explotación sexual de mujeres y niñas, especialmente venezolanas.
En marzo de 2020, la Gobernación de Sucre entregó la concesión a Alimentos San Ignacio para que se encargara de la explotación de la sal. Los trabajadores aseguran que desde ese mismo año la producción se encuentra paralizada.
Puede decirse que en las zonas mineras de Guayana existe una minoría de desalmados explotadores, y una mayoría explotada de manera inmisericorde. Conformada por un inmenso contingente de pobres, que el socialismo del siglo XXI expulsa todos los días de las ciudades.
