El Departamento del Tesoro indica que los hermanos Morón Hernández distribuyen activos para Maduro y su familia en todo el mundo y “supervisan el mecanismo financiero del esquema de oro ilícito”.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) sancionó este jueves a dos socios de Nicolás Maduro y su hijo, Maduro Guerra, a quienes señala de ser junto a “Nicolasito” y sus aliados más cercanos “figuras centrales en la industria del oro de Venezuela”, que en un contexto de violaciones a los derechos humanos y criminalidad se desarrolla al sur del Orinoco.

Los dos socios de Nicolás Ernesto Maduro Guerra son hermanos: Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández.

El Departamento del Tesoro explica que Santiago y Ricardo distribuyen activos para Nicolás Maduro y su familia en todo el mundo y “supervisan el mecanismo financiero del esquema de oro ilícito”.

“Maduro Guerra contrató a Santiago y Ricardo para hacer negocios en su nombre. Los dos hermanos utilizaron diferentes compañías para realizar transacciones. Además, Santiago es el principal asistente de Maduro Guerra y lo acompaña regularmente mientras Ricardo maneja las actividades operativas”, indican.

Por separado, destaca el organismo norteamericano, Maduro Guerra, Santiago, Ricardo y sus aliados más cercanos son figuras centrales en la industria del oro de Venezuela. “Maduro Guerra está acusado de realizar transacciones ilícitas, incluida la venta de oro extraído en Venezuela y enviado desde el Banco Central de Venezuela”.

“Mientras el pueblo venezolano sufre, el régimen ilegítimo de Maduro ha centrado sus esfuerzos en mantener su control sobre el poder”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin. “Estados Unidos se compromete a atacar a las personas que facilitan y permiten este régimen corrupto mientras continúan ignorando el bienestar del pueblo venezolano”.

El comunicado señala que a Santiago se le sanciona por haber brindado “asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica, o bienes o servicios a Maduro Guerra”, mientras que Ricardo es sancionado “por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de la corrupción pública por parte de altos funcionarios dentro del Gobierno de Venezuela”.

La sanción implica que todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas que están en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Los hermanos Morón Hernández, oriundos del estado Zulia, han sido vinculados previamente a negocios turbios relacionados con el régimen de Nicolás Maduro, mientras que Maduro Guerra ha sido acusado de estar involucrado en la explotación de coltán y oro en el Arco Minero del Orinoco, una extensión de más de 111 mil kilómetros cuadrados en la Amazonía venezolana.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado distintos eslabones vinculados a la extracción de minerales en el sur del Orinoco. En marzo de 2019, sancionó a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) y a su presidente, Adrián Antonio Perdomo Mata, por continuar las operaciones de oro que se nutren de la minería ilegal para sostener al régimen de Nicolás Maduro.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos recordó que sin la aprobación de la Asamblea Nacional “y sin considerar el medio ambiente y las comunidades locales, Maduro se otorgó amplias autoridades para supervisar el desarrollo del Arco Minero del Orinoco hace años”. De allí que, agregan, la minería y la posterior venta de oro “ha sido uno de los esquemas financieros más lucrativos del régimen de Maduro en los últimos años, ya que cientos de miles de mineros han extraído oro en minas improvisadas y peligrosas en el sur de Venezuela, todas controladas por el Ejército venezolano”.

La criminalidad y los daños ambientales y sociales asociados a la minería indiscriminada en el Arco Minero del Orinoco fue uno de los focos del reciente informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, en el que se documentan las violaciones a los derechos humanos y un patrón de explotación laboral de los mineros, incluyendo trabajo infantil, por parte de grupos criminales y armados que controlan las actividades mineras.

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