







La masacre ocurrida en 2016 evidenció el dominio del pranato minero en el sur del estado Bolívar, una realidad que hoy continúa, mientras las familias de al menos 17 personas asesinadas siguen esperando justicia y reparación.

¿Puede atreverse el ejecutivo regional enfrentar al sistema judicial en búsqueda de soluciones a las graves secuelas del cese al contrato de recolección de basura? ¿Serán derogadas resoluciones o sólo aquellas que complazcan intereses políticos?

Los bolivarenses no tienen acceso a los montos asignados para la construcción de acueductos modernos ni a los documentos oficiales para determinar los millones de bolívares o dólares que debían mostrar las obras culminadas, mil veces diagnosticadas en décadas pasadas. | Foto cortesía

“Hay que sobrevivir, estamos en esa hora”. Es la convicción del análisis doméstico. Son los ciudadanos que no se rinden pero que las oleadas de penurias, con las medidas de la revolución.

Durante la gestión de Noel Martínez frente a la fábrica de productos de aluminio decayó la producción, se paralizaron las operaciones y el Gobierno de Estados Unidos dio a conocer la participación de la firma en una trama de lavado de dinero comandada por el actual presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello.