







Después de 23 años de prisión, su historia permanece como una advertencia colectiva: cuando los tribunales dejan de responder al derecho y comienzan a responder a la política, ninguna familia queda realmente a salvo.

“La justicia no siempre ha garantizado procesos justos ni el derecho a la defensa”, admitió.

Durante más de una década, Pdvsa pasó de ser el principal motor económico del país a convertirse, según la investigación, en un instrumento de distribución de beneficios para una elite política y empresarial, lo que garantizó lealtades dentro del gobierno en medio de sanciones internacionales y la crisis económica.

Un país no es solo un territorio ni un gobierno. Es una idea compartida. Es la certeza de que, a pesar de las diferencias, hay algo que nos une. Cuando esa idea desaparece, cuando cada quien empieza a vivir en su propia burbuja de supervivencia, el país deja de existir como proyecto colectivo.

La elite socialcomunista manejó a su antojo la más cuantiosa de las riquezas en dólares. Y lo hizo sin control, lo que condujo a la mayor orgia de corrupción de la que se tenga noticias.

“Hoy enfrentamos el mayor de los retos: culminar el desplazamiento de un régimen que ya derrotamos en distintos planos. Falta sacarlo del poder”, sostuvo Machado ante venezolanos que viven en España y dirigentes del partido español.

A través de las redes sociales emitieron un comunicado con el que explican los basamentos legales que respaldan la urgencia de unas elecciones. Al mismo tiempo detallan que el pronunciamiento debe hacerlo la Asamblea Nacional que ahora preside Jorge Rodríguez.

Para los impolutos zurdos que detentan el poder, todo lo que ellos califiquen como de derecha se transfigura, automáticamente, en peligrosa amenaza. Vale decir, rivales, adversarios, traidores y desleales, entre otras lindezas socialcomunistas.

Marysabel Rodríguez, investigadora del CDH-UCAB, afirma que el espíritu de la ley no es el de reparar a las víctimas, sino el de “perpetuar una narrativa de culpabilidad”. Según Rodríguez, el texto “trata a las víctimas como delincuentes” y parte de la premisa de que los beneficiarios cometieron delitos, obviando que muchos fueron procesados arbitrariamente por razones políticas.

El nuevo Congreso asumirá el 20 de julio, casi tres semanas antes de la investidura del sucesor de Gustavo Petro.