







Gil también subrayó que Venezuela ha abierto “un canal diplomático para dirimir diferencias” con EE UU, aunque siempre “desde la convicción de que el diálogo entre los Estados es el único camino civilizado entre naciones” y no “desde la subordinación”.

Con la norma en vigor, corresponde a los tribunales evaluar solicitudes, anular antecedentes y revisar sentencias. El artículo 11 fija plazo máximo de 15 días para dictar los sobreseimientos, cronograma exigente para el sistema judicial en esta nueva etapa.

El presidente estadounidense ha resaltado el “potencial ilimitado” de la organización, creada inicialmente para supervisar el plan de paz para Gaza tras el presunto fin del conflicto entre Israel y Hamás.

En la sede de la Policía Nacional Bolivariana de Boleíta, conocida como Zona 7, tanto parientes como apresados iniciaron una huelga de hambre hace varios días tras incumplirse el plazo de excarcelaciones anunciado por Jorge Rodríguez.

Los archivos contienen menciones a posibles casos de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos y degradantes, y feminicidio.

El equipo “se reunió con muchas organizaciones de la sociedad civil, algunas autoridades y familiares de personas que están todavía detenidas, subrayando el hecho de que no todas las sometidas a detención arbitraria han sido liberadas”, indicó Ravina Shamdasani.

Madres, hermanas y familiares de presos políticos llevan 22 días de vigilia y pernocta en los centros de reclusión. Desde el 8 de enero a la fecha han sido liberados, a cuentagotas, poco más de 300 presos políticos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del Foro Económico de Davos, el 22 de enero, lanzó oficialmente su propuesta de Consejo de Paz, cuya ambición es trabajar por la resolución de los conflictos en el mundo.

Aunque las autoridades prometieron mostrar un listado con los nombres y apellidos de quienes han recibido medidas cautelares, no se ha hecho público ninguna lista. Los parientes se mantienen en las afueras de los centros de detención para pedir excarcelaciones de todos los apresados.

La Organización de Naciones Unidas ha señalado que la desaparición forzada produce una triple afectación: a la persona desaparecida, a su núcleo familiar y, por último, a la sociedad.