Subastan en París un guante que Michael Jackson usó en 1988
3 Jun, 2026 - 11:17 PM
El caso de Víctor Hugo Quero Navas se produjo en medio de alta sensibilidad pública en torno a la situación de los centros penitenciarios en el país, particularmente el complejo El Rodeo, que ha sido objeto de denuncias de familiares y organizaciones por las condiciones de reclusión, la falta de acceso a la salud y garantías procesales.
“Cuando un preso muere por falta de atención médica, abandono institucional o condiciones incompatibles con la vida, no solo fracasa el sistema penitenciario sino que también fracasan los mecanismos de protección y control que tienen el deber de actuar para evitar estas tragedias”.
Carmen Teresa Navas, mujer de inmensas batallas silenciosas, culminó su búsqueda. Deja atrás el dolor físico y emocional para descansar junto al hijo que añoró encontrar. Su legado al país es de dignidad y templanza.
El anuncio se dio después de que el Ministerio de Servicio Penitenciario confirmara la muerte de Quero Navas, luego de 16 meses de denuncias de su madre.
Decenas de ONG, partidos políticos y activistas cuestionaron que el Estado informara sobre la muerte del preso político 10 meses después y la Fiscalía, presidida por el abogado vinculado al oficialismo Larry Davoe, anunció una averiguación penal.
Las declaraciones de HRW se suma al reclamo de más de 40 organizaciones venezolanas e internacionales que exigen una investigación independiente sobre lo ocurrido y responsabilidades por la muerte del detenido bajo custodia estatal.
La muerte de García Sabino se produce en un clima de alta tensión y cuestionamiento hacia el sistema penitenciario venezolano. El hecho ocurre solo cuatro días después de que el Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmara, el pasado 7 de mayo, el fallecimiento del preso político Víctor Hugo Quero Navas.
El Código Orgánico Penitenciario indica en su artículo 122 que, cuando trasladan a un recluso por motivos de salud, “deberá notificarse de manera inmediata al juez o jueza de ejecución, a los fines que se adopten las decisiones jurisdiccionales que correspondan”.
A través de un comunicado oficial, Clippve condenó la versión del Ministerio para el Servicio Penitenciario, calificándola como la admisión de un “crimen de Estado”.
La muerte del preso político ha provocado pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y líderes religiosos, que exigen determinar responsabilidades y garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse.