







Habitantes aseguran que el operativo oficial no desmanteló a la cúpula criminal, sino que afectó directamente a la población civil y a los eslabones más débiles de la cadena minera, sin embargo aún no hay reportes oficiales que den cuenta de heridos o fallecidos durante la incursión.

Para la oenegé existen evidencias de fuertes presiones políticas para reconfigurar el control del territorio en las zonas mineras del estado Bolívar.

Las autoridades llamaron “caso Brazalete Blanco” a un supuesto plan de asesinatos de varios altos funcionarios, entre ellos Nicolás Maduro y el gobernador Freddy Bernal, y asalto a instalaciones militares que se cometerían en 2024.

Autoridades instan a las poblaciones de Sifontes y El Callao a mantener la calma y resguardarse en sus hogares mientras se desarrollan los operativos armados. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse en alerta preventiva, evitar zonas de conflicto minero y verificar la información ante la ola de rumores en redes sociales hasta que cese el riesgo en la región.

“Exigimos que la libertad llegue a todas las cárceles venezolanas, de manera especial recordamos a las mujeres que han sido separadas de sus hijos, de sus seres queridos”, afirmó Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.

Durante el operativo, los militares destruyeron cuatro campamentos logísticos y cuatro balsas flotantes utilizadas para las labores ilícitas.

La oenegé informó que 11 mil personas en Venezuela siguen sujetas a medidas restrictivas de su libertad, como presentación periódica ante los tribunales, prohibición de salida del país y declaración a medios de comunicación.

Las organizaciones de derechos humanos exigen la liberación de todos los presos políticos y cuestionan la forma en la que se realiza el proceso de amnistía.

Según el reporte de la oenegé, hay 44 extranjeros que todavía permanecen tras las rejas y hay cinco personas en desaparición forzada.

El grupo permanece recluido en el Fuerte Guaicaipuro desde el 3 de noviembre de 2025.