







El Aissami denunció lo que calificó como una práctica de “pena de muerte” ejercida por el Estado, la cual describió como una negación del derecho a la salud y una omisión de socorro. Mencionó los casos del general Raúl Isaías Baduel y Víctor Quero como antecedentes de presos que fallecieron bajo custodia estatal, y manifestó su temor por su integridad física.