







El Aissami denunció lo que calificó como una práctica de “pena de muerte” ejercida por el Estado, la cual describió como una negación del derecho a la salud y una omisión de socorro. Mencionó los casos del general Raúl Isaías Baduel y Víctor Quero como antecedentes de presos que fallecieron bajo custodia estatal, y manifestó su temor por su integridad física.

Hellerstein aceptó la petición de protección de la Fiscalía de hace unos días, en la que alegó que era necesaria una orden de protección sobre el conjunto de las pruebas por los “riesgos” que podía suponer para la seguridad de los testigos y la integridad de la investigación.

La audiencia y el acto conclusivo de juicio duró más de 14 horas. El abogado Alonso Medina Roa explicó que la mayoría de los acusados fue relacionado de forma indirecta a la operación.