Uno de los legisladores enfrenta cargos de homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de coautoría, falsa declaración ante funcionarios públicos, asociación para delinquir y uso de adolescentes para delinquir.
La ONG que defiende la libertad académica señala que durante la cuarentena de 2020 contabilizaron por lo menos 175 actos delictivos en 12 universidades de Venezuela.