Olnar Ortiz, abogado del Foro Penal, informó que los indígenas tuvieron síntomas similares a los de la COVID-19. Pese a las denuncias en la Defensoría del Pueblo, siguen sin acceso a la salud, en un recinto sobrepoblado y sin agua potable.

Los 13 indígenas pemones detenidos por el asalto militar al Batallón 513 de Infantería de Selva, en el municipio Gran Sabana en diciembre de 2019, no fueron incluidos en la lista de 110 indultados por el gobierno de Nicolás Maduro. Los indígenas recluidos -en el internado penitenciario El Rodeo II- siguen padeciendo graves problemas de salud desde que fueron trasladados a este recinto el 13 de mayo, mientras que el caso acumula ocho meses de retardo procesal.

El primer padecimiento fueron enfermedades estomacales pues no cuentan con agua potable. Olnar Ortiz, abogado y coordinador nacional de Pueblos Indígenas del Foro Penal, informó que pese a las denuncias en julio en la Defensoría del Pueblo siguen sin atención médica.

“Tuvimos información de que presentaron síntomas de COVID-19”, declaró, en alusión a síntomas de malestar general, pérdida del olfato y ausencia del sentido del gusto. Sin embargo, ninguno fue atendido ni se les realizó prueba para descartar COVID-19.

Dentro de la prisión, precisó, hay más de 2 mil reclusos, una cifra que supera la capacidad del centro penitenciario. En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calculaba que tenía capacidad para 1.434 reos.

Los miembros de la ONG no pudieron corroborar la causa de los problemas de salud de los 13 indígenas de la etnia pemón. “Si fue producto de la pandemia o del agua potable se está demostrando la situación precaria en las que está el centro penitenciario”, dijo.

Lentitud procesal

       
Ortiz indicó que los familiares solo han podido entregar algunos alimentos y enseres a los pemones detenidos | Foto William Urdaneta

Foro Penal insiste en que a los pemones no se les ha respetado el debido proceso. De los 13 indígenas detenidos, ocho se entregaron por voluntad propia el 22 de diciembre y el resto fue arrestado entre el 28 y 30 de diciembre. Ninguno de ellos fue presentado en el plazo legal de 48 horas y se les obligó a comparecer con defensa pública.

El primer grupo de ocho fue llevado el 27 de diciembre -cinco días después- a un tribunal militar que declinó sus competencias. En enero, en Caracas, el Tribunal Cuarto de Control con competencia en terrorismo asumió el caso. El retardo procesal llevó a que la audiencia del primer grupo fuera pautada para abril y luego suspendida por cuarentena.

El segundo grupo sufre mayor retardo procesal. Fue presentado a finales de febrero, casi dos meses después de su detención; pero no tienen fecha de audiencia preliminar y apenas hace tres semanas se juramentó una de las tres abogadas que asumió el caso. “Es lo único que se ha hecho desde marzo que comenzó la pandemia (...) estamos hablando de más de cinco meses de paralizado el sistema judicial”, detalló Ortiz.

En cuanto a los indultos otorgados por el gobierno de Nicolás Maduro, el abogado del Foro Penal prefirió no opinar hasta que se publique un decreto oficial. “Vamos a esperar la gaceta para ver la normativa, figura o procedimiento que utilizó el gobierno y posteriormente nosotros vamos a seguir nuestras denuncias”, dijo.

“Estos casos son por motivos políticos y algunas veces a pesar de que la razón y el derecho nos asista, no así ocurre en el procedimiento”, recalcó. Espera que pronto puedan agilizarse las audiencias preliminares y lograr medidas cautelares para que los pemones puedan regresar a sus comunidades.

Expresó que seguirán llevando el caso hasta instancias como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y al equipo de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

A cientos de kilómetros de sus territorios

Entretanto, sus familiares no han podido visitarlos por los más de 800 kilómetros que los separan, entre Caracas y Bolívar; la escasez de gasolina y las restricciones de funcionarios de seguridad durante la cuarentena.

A principios de junio, Amnistía Internacional expresó su preocupación por las condiciones de detención y traslado arbitrario de los 13 pemones e hizo un llamado a que se respeten las garantías a un debido proceso. “Las personas detenidas estarían siendo procesadas penalmente por un tribunal con competencia en terrorismo, sin apegarse a las disposiciones constitucionales y estándares de derechos humanos que indican la obligación de los Estados de respetar los sistemas de justicia indígenas”, detalló el documento.

Amnistía Internacional exigió a las autoridades rectificar las condiciones de reclusión e imponer medidas que afecten en menor manera los derechos de las personas indígenas a tener un tratamiento pertinente culturalmente, y por lo tanto se les permita cumplir la restricción preventiva de libertad en su comunidad en el sur de Bolívar.