Al menos 30 presos han muerto a causa de un motín que se ha producido este viernes en la Comandancia General de la Policía de Acarigua, en el estado Portuguesa (noroeste), según ha informado el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
“Al menos 23 presos muertos es el saldo de un motín que se registra en la Comandancia General de la Policía en Acarigua”, ha dicho el OVP en un primer reporte a través de Twitter. Más tarde, la cifra de muertos creció.
De acuerdo con el diario venezolano El Nacional, se ha desatado un tiroteo entre los amotinados y agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que ha dejado al menos 23 presos fallecidos y 14 uniformados heridos.
Las cárceles venezolanas suelen ser escenario de disturbios. El OVP ha recordado que el año pasado 69 personas perecieron por otro motín en unas instalaciones policiales de Carabobo. “¿Cuántas masacres más para actuar ante la gravedad de la crisis en los calabozos policiales?”, ha planteado.
Más condenas
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) recordó este viernes que durante la era de Nicolás Maduro, las masacres en las cárceles se han multiplicado.
“(Estas son) las masacres de la dictadura de Maduro en calabozos policiales: 2017: Centro de Detención Amazonas 39 presos asesinados. 2018: Policarabobo 69 asesinados. 2019: Acarigua 23 asesinatos. Absoluta impunidad. Impusieron por la vía de los hechos la pena de muerte contra los presos”, denunció la ONG en su cuenta de Twitter.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también condenó lo ocurrido.
“Durante los últimos años, la CIDH ha manifestado su especial preocupación por los altísimos niveles de violencia en cárceles en Venezuela. Hacemos un llamado al Estado para adoptar medidas inmediatas que garanticen vida e integridad de personas detenidas. La CIDH urge a Venezuela a investigar estos hechos. Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer la responsabilidad de autores materiales, sino también de autores intelectuales y de autoridades responsables por acción u omisión”. (DPA | Con información de Provea y de la CIDH)
