La versión venezolana del movimiento #MeToo, #YoTeCreoVnzla, marcó un hito en el movimiento feminista del país, pues a partir de una ola de denuncias de acoso y violencia sexual vía redes sociales, distintas organizaciones no gubernamentales y activistas por los derechos humanos se unieron para atender a las víctimas hasta donde permite su competencia, en medio de un Estado fallido y abrieron un debate público sobre aquello que permite que ocurra la violencia de género como problema estructural.
A dos meses de la creación del movimiento, las abogadas venezolanas María Corina Muskus y Selene Soto, y la internacionalista y cofundadora de la oenegé feminista Uquira, Melanie Agrinsones, sostienen que #YoTeCreoVnzla es más que un trending topic: posiciona a la sociedad en un momento clave en el que se debe abordar la violencia de género no solo desde el proceso penal para acceder a la justicia, -en el que por años estuvo enfocado el movimiento feminista y que sigue siendo importante-, sino desde el punto de vista del análisis interno del sistema institucional, en el que hay estructuras de poder que permiten que los victimarios sigan ejerciendo violencia contra las mujeres y se mantenga el ciclo de la complicidad e impunidad.
“Cambiemos la conversación desde los enfoques quizás más punitivos, que se enfocan más en el perpetrador como el que cometió el delito, a un enfoque más retributivo, en el que veamos a la víctima, las estructuras de poder y hagamos cambios dentro de nuestras organizaciones para lograr espacios libres de violencia”, planteó la abogada y directora de Venezolanas Globales, María Corina Muskus en el foro virtual #YoTeCreoVnzla: más que un trending topic, organizado por la oenegé Acción Solidaria.
Justicia más allá de lo penal
Muskus expuso varias interrogantes que permiten mantener la discusión de la violencia de género como problema estructural y endémico, que es el propósito del movimiento #YoTeCreoVnzla.
“A pesar de que las mujeres no tienen acceso a la justicia en Venezuela, que estamos en un Estado fallido, tenemos que volver la conversación hacia lo interno, hacia las estructuras, ¿Cómo desde nuestros entornos de trabajo estamos perpetrando las violencias? ¿Cómo podemos cambiar la conversación en nuestros espacios, hacia cómo identificar y prevenir la violencia? Si el Estado no lo está haciendo, ¿Qué tal si llevamos esta conversación hacia nuestras organizaciones? Estoy segura de que, en muchas de nuestras organizaciones, incluso trabajando derechos humanos, también se perpetúan violencias en sus diferentes espectros”, dijo.
El movimiento, entonces, permite hacer eco del debate en espacio público y privado poniendo especial énfasis en que la violencia contra las mujeres no ocurre de forma aislada, hay una estructura (instituciones, organizaciones, academias), que hace posible la violencia contra la mujer de forma reiterada y los agresores se valen de eso para cometer el delito.
“Hay que pensar en la justicia más allá de lo penal, es un problema que permea en nuestra sociedad, y que es endémico. Si bien la persecución penal es un elemento clave para el acceso a la justicia de las víctimas, la solución no se agota ahí, acá hablamos de responsabilidades institucionales, o de otro tipo, que puedan dar lugar a cambios en la sociedad machista en la que vivimos”, expuso por su parte, la abogada Selene Soto.
La jurista hizo referencia al caso de Lisa y Angie, que involucra al Sistema Nacional de Orquesta, institución que se mostró tolerante y cómplice de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes que ahí ocurre.
Diferencias entre testimonios y denuncia penal, ¿por qué las mujeres acuden a las RRSS?
América Latina tiene tasas altas de impunidad en casos de violencia de género, para 2016 98% de los femicidios quedaron impunes. En Venezuela, aunque no hay cifras oficiales al respecto, los cálculos de las oenegés revelan que el porcentaje de impunidad es alarmante. El proceso penal no es suficiente.
Ante un sistema judicial que no protege a las víctimas de violencia de género, sino que, por el contrario, las invisibiliza y revictimiza, las redes sociales se convirtieron en un espacio político y de discusión, en una especie de tribunal al que las víctimas acuden para ser escuchadas y reconocidas.
La abogada Soto explica que, el hecho de que la víctima acuda a las redes sociales para dar su testimonio, no implica que esta esté obligada o deba ser presionada para emitir una denuncia penal. El proceso penal debe tener lugar si la víctima así lo decide.
Señaló que es importante que la sociedad se pregunte en principio, qué significa justicia para la mujer que emitió la denuncia, y no debe reducirse solo a la persecución penal.
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“Porque eso no es suficiente ni resuelve el problema. No somos escuchadas por el sistema de justicia, y estamos hablando desde nuestra experiencia, muestro testimonio. Estos testimonios antes de salir a la luz pública se encontraron con al menos una persona en su entorno que no les creyó. El debate se enfoca en eso, y no solo en la denuncia penal, para ver si el agresor es o no culpable en el sistema penal”, explicó.
La abogada enfatizó además que no se debe cuestionar el anonimato de las denuncias que se emiten vía redes sociales, pues la víctima en la mayoría de los casos apela al anonimato por miedo a represalias y al juicio social, además de que el anonimato es legítimo porque la emisión de una denuncia vía redes sociales no es en sí un proceso penal.
Sobre las barreras históricas del acceso a la justicia para las mujeres, la abogada Muskus destacó dos de las siete barreras que define la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): que los operadores de justicia no están formados en temas de género, y la falta de pruebas de estos delitos que se cometen a puerta cerrada y que son difíciles de identificar.
“Entonces comenzamos a entender cómo los jueces -y juezas- han configurado el abuso y el acoso, y cómo luego no queremos acudir a un sistema de justicia que nos diga: lo que nos están diciendo no es correcto”, afirmó. La abogada hizo referencia al caso de Linda Loaiza en Venezuela, Dafne McPherson en México, y el caso de La manada en España.
“No podemos obligar a una mujer a que denuncie ante tribunales porque el sistema no nos escucha, nos responde revictimizándonos una y otra vez en cada etapa del juicio. El sistema no está hecho por y para nosotras, tiene preconcepciones patriarcales”, puntualizó.
¿Por qué los agresores tienen una relación de superioridad con sus víctimas?
La violencia de género y su normalización en la sociedad es un tema de desigualdad, discriminación y un poder que gira en torno al hombre. Por eso los movimientos feministas que se han consolidado a lo largo de la historia, en este caso, en Venezuela, y que ahora nacen a partir de las redes sociales, buscan seguir visibilizando las formas de violencia machista que parecen estar escondidas, pero que existen e impactan la vida de las mujeres en todos sus entornos (familiar, laboral, etc). Por eso es trascendental, y por eso va más allá de una tendencia en Twitter.
Entender las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, que da lugar a las formas de violencia y las brechas en el acceso a la justicia, requiere un paseo histórico. La mujer ha quedado rezagada en su reconocimiento como sujeto de derechos a lo largo de la historia, en todo el mundo. Y lo mismo ocurrió con la tipificación de las formas de violencia contra la mujer en el marco legal de los países.
Melanie Agrinsones explicó esta relación histórica: “Nos cuesta mucho como mujeres acceder a posiciones de poder por la brecha histórica que existe. Esa brecha historia incide en nosotras a la hora de denunciar ante un sistema de justicia que a lo largo de la historia ha beneficiado a los perpetradores, ¿por qué? Porque tienen poder, influencia y dinero. Porque nuestra palabra no tiene el mismo poder frente a esa figura histórica”, dijo.
“Siempre han cuestionado lo que hacemos, esas figuras de poder intentan callarte, y te hacen creer que si hablas nadie te va a creer y el sistema de justicia no va a hacer nada por ti. Necesitamos seguir trabajando para cerrar esas brechas históricas, y para tener un sistema de justicia en el que las mujeres puedan ser escuchadas y tengan un verdadero acceso a la justicia”, agregó.
Una red de apoyo, el futuro de #YoTeCreoVnzla
Las expertas sostienen que las redes sociales seguirán siendo un espacio político y de discusión que permita visibilizar la violencia de género como problema estructural.
#YoTeCreoVnzla marcó un hito en el movimiento feminista venezolano porque fue un momento en el que todas las activistas y oenegés se unieron para decir: “Yo te creo” frente a un Estado fallido que ha mantenido la violencia de género fuera de la agenda política oficialista y de oposición.
“A partir de esto vimos cómo el movimiento feminista recibió -y sigue recibiendo- esa ola de testimonios y cómo deberíamos seguir actuando de forma colaborativa, articulada en pro de las víctimas y para seguir exigiendo al Estado que se acabe la impunidad. El Estado y las instituciones deben asumir el problema y generar políticas para evitar, prevenir y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres”, afirmó Agrinsones.
“Pudimos presenciar la solidaridad, las organizaciones dieron todo lo que tenían para asistir a las víctimas. Pudimos levantar nuestras voces unidas”, concluyó la internacionalista.
