Desde 2018 el Estado venezolano no sabe qué le pasó a Wilmer Ignacio González Pláceres. El fotoperiodista del medio venezolano Correo del Caroní se adentró un 16 de febrero a las minas de oro clandestinas en la ciudad de Piacoa, en el estado Delta Amacuro, y no regresó.
Tras cinco años sin saber su paradero, Lucy, esposa de Wilmer, aún presiona al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y al Estado venezolano para saber oficialmente qué ha pasado.
“Mientras no vea un cuerpo, no puedo decir que está muerto”, dijo en su testimonio al portal periodístico La Vida de Nos.
Desde la comunidad de San Félix en Ciudad Guayana, estado Bolívar, Lucy aún espera una llamada que confirme oficialmente el estado de su esposo.
Retratar la violencia y el impacto ambiental del Arco Minero
Wilmer González nació el 10 de octubre de 1977 y gran parte de su vida transcurrió en Ciudad Bolívar. Trabajaba como taxista hasta que se hizo chofer para Correo del Caroní en el año 2008.
Mientras estaba en el diario acompañando a los periodistas, Wilmer exploró el ejercicio del fotoperiodismo y años después se curtió en la carrera como profesional.
Uno de sus primeros trabajos destacados fue la cobertura del accidente aéreo el 13 de septiembre de 2010, cuando el avión ATR 42-320 matrícula YV 1010 de Conviasa colisionó en el patio de la estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
Durante las protestas contra Nicolás Maduro en el año 2014, González retrataba una manifestación opositora en Ciudad Bolívar cuando fue amenazado de muerte por “grupos oficialistas” si seguía registrando la dispersión de las manifestaciones, reseñó el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela.
Su dedicación e inclinación para retratar temas periodísticos sobre violencia y derechos humanos lo llevó a colaborar con medios internacionales como The New York Times, la agencia de noticias Associated Press (AP) y El Confidencial, de España.
Las pautas que más realizaba entre 2016 y 2018 consistían en visitar el Arco Minero del Orinoco para registrar el impacto socioambiental que el proyecto estatal ocasionó (y sigue promoviendo) a la amazonia venezolana.
El 15 de enero de 2018 publicó junto al periodista Bran Ebus el reportaje Explorando el Arco Minero con el portal periodístico Infoamazonia.
“El último trabajo que él tuvo con Correo del Caroní fue una cobertura en el Amazonas (en el oeste del estado Bolívar) dos semanas antes de su desaparición”, recordó María de los Ángeles Rodríguez, periodista de Correo del Caroní. Desde ese momento el equipo no tuvo más contacto directo con él.
Autoridades no dan respuesta
El último contacto que tuvo Wilmer con su esposa fue una llamada telefónica desde Piacoa. Dijo que estaba haciendo “un trabajo”, pero nunca especificó si era una cobertura periodística o extraer oro desde las minas de la zona para subsistir.
Debido a la emergencia humanitaria que vive Venezuela oficialmente desde el año 2016, distintas personas del oriente del país se han dedicado a extraer oro y otros materiales desde las fosas mineras para cubrir gastos de alimentación y medicinas. En esas zonas de la Amazonía venezolana distintas ONG han reportado actos de esclavitud moderna, control de bandas delictivas (comandadas por figuras conocidas como pranes) y la explotación sexual de mujeres y menores de edad.
En marzo de 2018, al pasar un mes, Lucy y sus cuatro hijos empezaron a buscar a Wilmer. Familiares del fotoperiodista llamaban a su teléfono y un desconocido los atendía y decía que obtuvo esa línea telefónica en una compra.
Cuando Lucy fue a denunciar al Cicpc la desaparición de Wilmer, le dijeron que “podía haberse escapado con una amante” o que “los pranes ya lo habían matado en las minas”.
“Me quisieron extorsionar y todo eso. Me amenazaron”, dijo ella cuando se referían a llamadas anónimas que le aseguraban que Wilmer estaba secuestrado.
Lucy tardó otro mes para levantar su caso en los medios de comunicación. Ella admite que tenía miedo a las represalias estatales y “entorpecer” la investigación del Cicpc.
Pero, a cinco años de la desaparición de Wilmer, las autoridades no dan una respuesta.
Desaparición forzada: gente sin una conclusión oficial
Wilmer es parte de una lista de personas que han sido catalogadas como víctimas de desaparición forzada, una violación de los derechos humanos en la que las autoridades se niegan a reconocer o investigar la privación de libertad y, en la mayoría de los casos, ocultar la información sobre el paradero de las víctimas.
Provea ha identificado 216 víctimas de desaparición forzada en el contexto de detenciones de cuerpos de seguridad del Estado venezolano. En 2022, la ONG FundaRedes reportó 334 desapariciones y secuestros en las regiones fronterizas del país (donde se encuentra Bolívar y Delta Amacuro).
Lucy y sus hijos siguen pidiendo justicia en su caso. La esposa de Wilmer empezó a investigar por su cuenta sobre el paradero del fotoperiodista y le dijeron que lo habían matado. “En algún momento debo tener una versión oficial de lo que pasó”, aspira.
