La participación activa de la ciudadanía en la supervisión y control de las acciones gubernamentales contribuye y obliga a que haya una mayor transparencia, rendición de cuentas y, como resultado, eficiencia en la gestión pública.
En el municipio Caroní, del estado Bolívar, un grupo de ciudadanos integrado por profesionales, técnicos, empresarios, amas de casa y jubilados, se organizaron en una inédita asamblea para hacer seguimiento a las decisiones de las autoridades municipales, especialmente sobre la gestión y manejo de los desechos sólidos.
Aunque no se ha logrado hasta el momento que la municipalidad rinda cuentas públicas sobre este tema, el seguimiento de la asamblea de ciudadanos ha evidenciado la falta de transparencia en las contrataciones y actuaciones.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el capítulo sobre los derechos políticos, artículo 62, contempla que “todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”.
Simón Yegres, coordinador de la asamblea de ciudadanos para la gestión y recolección de la basura en el municipio Caroní, asegura que el espíritu de esta organización se fundamenta básicamente en este artículo ya que “es una expresión genuina y auténtica de contraloría social”.
A finales de octubre de 2022 la Cámara Municipal de Caroní anunciaba la aprobación, por mayoría, del proyecto de sistema mixto (público-privado) de recolección de aseo urbano y domiciliario presentado por el alcalde TitoOviedo.
La también llamada reforma parcial de la Ordenanza de Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos ponía así en manos privadas el servicio de aseo urbano domiciliario, que fracasó en manos de SupraGuayana (dependencia municipal encargada del servicio).
En la misma resolución se estableció que SupraGuayana atendería a los denominados sectores vulnerables, mientras que el sector empresarial, industrial y algunos domicilios cancelarían el servicio a la empresa concesionaria seleccionada. Fospuca fue la única compañía que presentó la oferta durante proceso de licitación.
Unidos por un reclamo
La municipalidad informó el inicio de operaciones de la empresa Fospuca el 8 de noviembre de 2022. El anuncio generó malestar en los ciudadanos ya que, si bien los niveles de insalubridad en la ciudad estaban al extremo por la presencia de zamuros en las calles, no hubo una convocatoria pública, ni se informó a los habitantes sobre las condiciones del proceso de contratación.
Al conocerse los montos a cancelar -residencial y comercial-, considerados exorbitantes por los nuevos usuarios, comenzó un proceso de reclamos ante la municipalidad, y que seguían aumentando en la medida en que la recién contratada empresa dejaba ver sus actuaciones.
En ese momento convergen un grupo de personas para organizarse en una asamblea y reclamar, por un lado, el derecho a exigir las condiciones de la contratación de Fospuca y, por otro, el pago justo y las condiciones claras del servicio que comenzaban a recibir.
El ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo), Simón Yegres, asumió la coordinación de la asamblea junto a un grupo de profesionales que desde el primer momento trabajan ad honorem poniendo sus conocimientos y experiencia profesional para la realización de análisis, informes, cartas, documentos y coordinado con algunos abogados para las acciones legales.
Como evidencia del trabajo realizado, aseguran que tienen no sólo las acciones de calle registradas y las denuncias ante los organismos públicos competentes (Alcaldía, Defensoría del Pueblo), sino también las actas de las 24 asambleas desarrolladas en las comunidades y centros comerciales con sus respectivas firmas, así como las cartas remitidas a las autoridades, algunas recibidas y otras no; y la gestión de los procesos legales que reposan ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y esperan por una decisión.
“Un logro son las acciones legales que si bien están detenidas en el TSJ, el hecho de haber llegado hasta allí y que aún no haya una decisión sobre ellas, significa que tenemos razón”, asegura.
Yegres expone como logros de la asamblea, inicialmente, alcanzar la organización de todos los sectores ante un reclamo común, luego destaca el hecho de evidenciar y dejar constancia de las irregularidades en la contratación de la empresa y en el cobro del servicio de recolección de desechos.
Recientemente la asamblea amplió su grupo de coordinación a 18 miembros, todo ello con el fin de optimizar su funcionamiento. Yegres explica que “debemos mejorar las responsabilidades que deberían tener todo miembro de la asamblea para que se pueda alcanzar con mayor eficiencia con mayor eficacia los objetivos”.
Un aspecto a mejorar en la operatividad de la asamblea tiene que ver con el manejo de la información y documentos. El ingeniero expone que es necesario sistematizar el archivo que se ha generado.
“No estamos preparados para eso y tiende a acumularse. En este tipo de lucha, en este tipo de tareas, en esta suerte de contraloría social, en esta en esta lucha colectiva, que hemos estado llevando, se ha generado tal cantidad de documentos y de papeles y cosas que hay que formalizar esta asamblea, debe formalizar el archivo una manera sistematizada para que pueda ser más eficiente en su labor en general”, asegura.





María Álvarez, miembro del equipo coordinador, se ha hecho cargo de la conexión con las comunidades.
Álvarez, ingeniero electricista, graduada de la Unexpo, también tiene una larga experiencia profesional, pero siempre ha estado vinculada a la vida gremial y política como miembro del partido Bandera Roja.
Asegura que este trabajo “es un gen que tenemos, un gen de participación ciudadana, de creer que eso que te han enseñado en casa se puede llevar a donde estás con dignidad. Que no se atropelle al ciudadano de parte de quienes nosotros mismos hemos elegido, o sea, no los elegí yo en este oportunidad, pero soy parte de la ciudadanía, que tiene un gobierno o una instancia que abusa del ciudadano, entonces la forma de defenderse tiene que ser organizadamente es una premisa que he llevado en mi vida y que la transmito a mis hijos y la transmito donde me encuentro, no es posible que la gente permita que a quienes hemos decidido que estén en un poder entonces este te atropelle, y te atropellen tus derechos, pues tu derecho incluso a la libre asociación”.
Dentro de las aspiraciones de Álvarez y el equipo para continuar mejorando el funcionamiento de la asamblea, está incorporar al sector académico: “Quisiéramos que las universidades se incorporaran en este ejercicio que tenemos, yo entiendo que desde el aspecto digamos formal no es fácil para una universidad decir que lo va a hacer, pero los profesores si pueden ayudar en este en este tema, o sea, desde el gremio”.
María Álvarez destaca el valor de la alta participación de las mujeres en la Asamblea de Ciudadanos.
“El grupo que se conformó en principio, la mayoría eran mujeres, las que estamos en el equipo coordinador y continúan y, continúa siendo alta la presencia de mujeres en el grupo y en la misma y en la misma asamblea. En los grupos se ve la presencia el activismo de la mujer, porque sabes que nosotros no es que tenemos el tiempo, sino que sabemos valorar lo que significa el trabajo”, dice.
Dentro de los obstáculos que han tenido que sortear para llevar a cabo las acciones planificadas en la asamblea, Álvarez menciona que la falta de recursos económicos siempre ha estado presente, pero cree que la parte mediática es un punto a mejorar y en el que ya están trabajando.
“Hemos tenido fallas en el trabajo del marketing y de hecho tuvimos en principio, estuvimos pagándole a un joven, esa parte, y bueno, no pudimos continuar porque económicamente no es posible y quienes trabajan eso obviamente necesitan sus recursos, entonces lo poco que hemos aprendido que hemos desarrollado, lo hemos desarrollado nosotros”, señala.
Desde la Asamblea de Ciudadanos se ha orientado a los afectados por las altas tarifas de servicio o las actuaciones de la empresa Fospuca, para llevar a cabo los procesos judiciales que avanzan ante los tribunales competentes.
José Gregorio Meignen, abogado que lleva las acciones, considera que “las actuaciones de la Asamblea de Ciudadanos están contempladas Ley Orgánica del Poder Público Municipal, específicamente en el Título VI (de la Participación Ciudadana en la Gestión Local), una representación de la Asamblea de Ciudadanos para la Gestión del Aseo Urbano”.
Por su parte la concejala Mayurvis Alcalá, presidenta de la Cámara Municipal de Caroní, opina que la organización: “No tiene ningún tipo de competencia, incidencia y aplicabilidad en el tema del sistema de recolección de desechos sólidos. Hay que aclarar muy bien, que los municipios tienen la potestad para elegir el modo de gestión que consideren más conveniente para el gobierno y administración de sus competencias entendiendo que el proceso de recolección de los desechos sólidos es competencia de los municipios, el tema de los rellenos sanitarios, la disposición final es competencia de los Estados”.
Alcalá indicó que la decisión de la municipalidad se tomó en función de solucionar el problema de la basura.
“Se vio una situación muy difícil con el tema de la basura, teníamos dos opciones, o se declaraba la emergencia sanitaria o se tomaba alguna decisión que era potestad de ciudadano alcalde, por lo tanto era obligación solicitar a la Cámara Municipal autorización para iniciar un proceso de licitación para entregar en concesión parte del servicio de recolección de desechos sólidos eso está contemplado en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal”, dijo.
La edil por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) explicó que en el municipio Caroní existe un sistema mixto de recolección de desechos sólidos: “Uno público que lo lleva SupraGuayana que atiende el tema de escuelas, centro de salud y vías principales. El que atiende Fospuca y en las parroquias 11 de Abril, Dalla Costa y Vista al Sol tienen el sistema comunal, que se proyecta que más adelante vayamos abrigando otras parroquias. La parroquia 11 de Abril es la única con una empresa de propiedad social, indirecta comunal, que existe a nivel nacional para recolección de desechos sólidos que la constituyeron 10 consejos comunales”.
Asevera que estas decisiones fueron tomadas por las Asambleas de Ciudadanos en cada una de las comunidades que “decidieron conformar esta empresa eso está contemplado en la Ley Orgánica del Sistema Económico comunal y en la Ley orgánica de transferencia de competencia, las organizaciones del poder popular, en este proceso de transferencia están ahorita trabajando las parroquias Vista al Sol y Dalla Costa.
Para este reportaje fue contactada la Gerencia de Relaciones Institucionales de Fospuca a través de correo electrónico y vía telefónica, pero no fue posible establecer el contacto.
Este reportaje es resultado de la beca de producción periodística para promover el conocimiento sobre el derecho a la participación en Venezuela, otorgada por Espacio Público y Crónica.Uno. La edición estuvo a cargo de María Victoria Fermín K, coordinadora de la Unidad de Contenidos Especiales.