El informe de Una Ventana a la Libertad, correspondiente al 2022, refleja que 72 detenidos en calabozos policiales de Venezuela murieron por tuberculosis y desnutrición, que se traducen en los factores de salud con principal incidencia en las muertes de reclusos en estos centros de detención preventiva.
Carlos Nieto Palma, director de una Ventana a la Libertad, destacó que entre los fallecidos hay dos mujeres, una murió por desnutrición y la otra por tuberculosis.
“El resto de las víctimas eran de sexo masculino, 11 de ellos, es decir, el 42,31% murió de tuberculosis”, se lee en el informe.
Entre otras causas de muertes de apresados figuran dificultades respiratorias, COVID-19, infartos, epilepsia y convulsiones.
El informe destaca que la desnutrición es el principal problema de salud en estos calabozos. De la muestra estudiada, 49,54% de los 432 casos identificados durante el segundo semestre de 2022 presentan problemas de alimentación.
Sobre la tuberculosis, Nieto Palma señaló: “No cabe dudas de que se trata de una enfermedad infectocontagiosa vinculada a las condiciones sanitarias de los calabozos policiales, lugares donde no hay espacio para clasificar a los detenidos, tanto, que los contagiados comparten el mismo aire con las personas que están aparentemente sanas”.
También encontraron una nueva variante en sus registros. Se trató de 47 apresados (10,88%) con pediculosis, comúnmente llamada piojos. Además “se detectaron 43 casos de VIH-SIDA, es decir, el 9,95% de la población penitenciaria estudiada durante este período padece de esta enfermedad infectocontagiosa que requiere de tratamiento adecuado y constante”.
En cuanto a la escabiosis, se registró en 28 detenidos (6,48%).
“Los calabozos alcanzaron un hacinamiento del 334,55%, es decir que, para un cupo de 220 en los calabozos que fueron citados en los alertas, había 726 detenidos(as)”, se lee en el documento.
El informe agrega que las heridas por arma de fuego y traumatismos de vieja data, diabetes e hipertensión arterial también son padecimientos que presentan los privados de libertad.
Asimismo, la ONG señala que “ocho mujeres resultaron embarazadas, dos de ellas presentaron infecciones vaginales y patologías mamarias. Por lo general estas mujeres dan a luz dentro de las celdas bajo unas condiciones de higiene muy precarias y son separadas de sus hijos a pocas horas del alumbramiento”.
La mayoría de estos embarazos son consecuencia de relaciones forzadas o a veces aceptadas con detenidos o por abuso sexual de algún funcionario. Los expertos explican que la mujer, por miedo a represalias, se niega a identificar al padre.
La ONG exige “que los calabozos policiales de hoy desaparezcan y se conviertan en lo que deben ser. Unos albergues de personas detenidas y por un tiempo máximo de 48 horas y con todos los derechos que les corresponde”.
