La oficina del alto comisionado de los DD HH de la ONU, que dirige Volker Türk, presentó su informe actualizado sobre la situación de Venezuela, donde manifestaron preocupación por las inhabilitaciones de políticos opositores y se documentaron nuevos casos de tortura en el país.
Este escrito abarca el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023 y se centra en los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, el Estado de derecho y el espacio cívico, así como en el grado de aplicación de las correspondientes recomendaciones formuladas en informes anteriores.
Asimismo se basa en información recopilada y analizada por la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en particular mediante entrevistas con víctimas y testigos y reuniones con funcionarios gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.
También, el informe del alto comisionado de la ONU tiene en cuenta la información oficial proporcionada por el gobierno.
A continuación, nueve claves sobre los hallazgos más relevantes del informe en materia de torturas, inhabilitaciones políticas a opositores, aplicación de ley contra el odio, retrasos en investigaciones de muertes de las protestas entre 2014 y 2019, desapariciones forzadas y muertes en contextos de operativos de seguridad, entre otros aspectos.
1. Nuevos casos de torturas documentados
Durante el período que abarca el informe, el Acnudh documentó casos de 22 personas que presuntamente fueron torturadas o sometidas a malos tratos en centros de detención entre 2018 y 2022.
Estos casos se suman a los 92 documentados anteriormente del mismo periodo. Del total de 114 casos, 62 fueron atribuidos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y cinco al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
“El temor a las represalias y la desconfianza en las instituciones y las autoridades han contribuido a que no se denuncien todos los casos de tortura ante las autoridades”, destaca el informe.
En ese sentido, Acnudh reitera su recomendación de “cerrar los centros de detención anteriormente administrados por los servicios de inteligencia y de velar por que los centros de detención cumplan las normas internacionales”.
Por otra parte, durante 2022, 362 funcionarias públicas fueron procesadas, 185 acusadas y 47 condenadas en casos de tortura y malos tratos.
Acnudh supervisó al menos 91 denuncias formales de tortura presentadas a las autoridades por las víctimas y sus representantes, y hasta la fecha no hay información de que ninguno de ellos esté siendo juzgado. El Acnudh recuerda que la ausencia o el retraso prolongado en la investigación de las denuncias de tortura y otras formas de malos tratos pueden constituir una violación independiente de la prohibición de la tortura y los malos tratos, y del derecho de las víctimas a recursos efectivos.
La oficina pide que se investiguen con prontitud, independencia, imparcialidad y eficacia, a todos los niveles de responsabilidad, las presuntas violaciones de DD HH, “incluidos los derechos a la vida, la integridad de las personas, la libertad y la prohibición de la tortura”.
2. Inhabilitaciones sin procedimientos ni notificaciones previas
Acnudh manifestó preocupación por 14 alegaciones recibidas entre febrero y abril de 2023, sobre restricciones al derecho de participación política, incluyendo hostigamiento y otras formas de intimidación contra miembros de partidos políticos y militantes en el contexto de la campaña electoral para las primarias opositoras.
Durante el período reportado, Acnudh recibió reportes sobre la inhabilitación de personas para participar en procesos electorales por parte de la Contraloría General de la República.
La oficina continúa monitoreando las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “que podrían restringir indebidamente la libertad de asociación a través de la interferencia en los procesos internos de toma de decisiones de los partidos políticos, incluyendo el nombramiento de juntas directivas ad hoc para dichos partidos”.
Por todo ello se recomienda “garantizar el debido proceso y la transparencia en los procedimientos administrativos llevados a cabo por la Contraloría General de la República con respecto a las inhabilitaciones de candidatos a cargos públicos”.
3. Uso discrecional de Ley contra el Odio
La oficina reiteró su preocupación por la aplicación generalizada de la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia para criminalizar y deslegitimar la labor de las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas.
Durante el período que abarca el informe, Acnudh documentó nueve casos, lo que hace un total de 32 víctimas, incluidos los documentados anteriormente por la oficina, en los que personas, incluidas defensoras de los derechos humanos y periodistas, “habían sido acusadas o procesadas en virtud de las leyes de incitación al odio o de instigación pública”.
En ese sentido, Acnudh reitera que cualquier restricción a la libertad de expresión resultante de la aplicación de leyes nacionales que prohíban la incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, “debe cumplir los requisitos del artículo 19(3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
La recomendación es garantizar que la aplicación de la legislación sobre delitos motivados por el odio e incitación al odio cumple el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se adhiere al Plan de Acción de Rabat.
4. Se restringe el derecho a un juicio justo
Acnudh observó “continuas demoras en los procedimientos judiciales, incluidas las investigaciones, las audiencias y los enjuiciamientos, que erosionan las garantías procesales y el debido proceso, así como problemas para cumplir los plazos legalmente establecidos para la publicación de las sentencias”.
Según la información recibida por la oficina se observaron retrasos indebidos en la tramitación de tres causas contra personas acusadas de insurrección contra el Estado, en las que se aplazaron 93 audiencias durante el período que abarca el informe.
“Sigue siendo motivo de preocupación el aplazamiento de las audiencias judiciales en estos casos, debido presuntamente a problemas en la notificación oportuna por las autoridades judiciales sobre los traslados de las personas detenidas de los centros de detención a los tribunales, entre otras cuestiones, lo que refleja la necesidad de mejorar la coordinación entre las autoridades judiciales y los centros de detención”, agrega el informe.
Asimismo se observaron “restricciones indebidas al derecho a un juicio justo en seis casos en los que no se concedió a los acusados el derecho a la representación legal de su elección, y en tres casos en los que las personas detenidas y los representantes legales denunciaron obstáculos para acceder a los expedientes, videos y transcripciones de las audiencias”.
5. Retrasos en investigaciones de muertes en protestas entre 2014 y 2019
Al igual que en el periodo del informe anterior, Acnudh no recibió información sobre muertes en protestas ocurridas durante el período del presente informe. Sin embargo observó retrasos en investigaciones de las muertes en las protestas ocurridas entre 2014 y 2019.
Según el organismo, algunos de esos casos han experimentado retrasos de hasta nueve años, como los de Robert Redman Orozco y José Alejandro Márquez.
Por otra parte, de 41 casos documentados por Acnudh, 28 siguen bajo averiguación o juicio, dos sobreseídos o absueltos y siete condenados.
Asimismo, al menos cuatro sentencias fueron recurridas por las familias como consecuencia de la falta de investigación de todos los autores, o de inconsistencias de la sentencia. Tres de estos recursos siguen pendientes ante el TSJ.
También, el informe actualizado del alto comisionado de la ONU observó “repetidos cambios de fiscales” y múltiples aplazamientos de las audiencias, lo que provocó más retrasos.
En ese sentido, Acnudh alienta a que se “redoblen los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por estas violaciones, tanto de las personas autoras directas como de la cadena de responsabilidades”.
6. Alientan a cooperar con la CPI
El 1 de noviembre de 2022, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para reanudar su investigación sobre la situación en Venezuela, suspendida desde la solicitud del Gobierno de abril de 2022 de aplazar la averiguación.
En su solicitud, Khan argumentó que, en su opinión, el aplazamiento solicitado por el gobierno no estaba, en ese momento, justificado, y que debía autorizarse la reanudación de la investigación. También reconoció que las autoridades venezolanas habían emprendido reformas legales destinadas a abordar cuestiones estructurales y sistémicas.
Sin embargo, la evaluación independiente y objetiva de su oficina fue que “estos esfuerzos y reformas seguían siendo insuficientes en su alcance o aún no habían tenido un impacto concreto en los procedimientos potencialmente relevantes en el sistema nacional”.
En virtud del principio de complementariedad, Acnudh alienta a las autoridades venezolanas a cooperar plenamente con la Fiscalía de la CPI (OTP) en el marco del Estatuto de Roma y de la aplicación de los Memorandos de Entendimiento celebrados entre el Gobierno y el OTP.
7. Violencia sexual y amenazas contra comunidades indígenas
Acnudh recibió denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas indígenas, en particular en zonas mineras de los estados Zulia, Bolívar y Amazonas.
También, la oficina del alto comisionado de la ONU recibió denuncias de violencia sexual contra niñas indígenas por parte de presuntos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y garimpeiros, en el estado Amazonas.
Otras denuncias indicaban trata de mujeres y niñas indígenas para su explotación sexual en zonas mineras o por miembros de grupos armados.
Durante el período que abarca el informe actualizado del alto comisionado de la ONU, documentó amenazas e intimidaciones por parte de grupos armados y delictivos no estatales contra cinco defensores indígenas de los derechos humanos, dirigentes y autoridades, que provocaron el desplazamiento forzoso de dos defensores (entre ellos una mujer) y sus familias, incluidas mujeres y niños.
En tal sentido, Acnudh hace un llamado a la “investigación independiente, imparcial, oportuna, completa, y efectiva de este asesinato, y a la conclusión adecuada de la investigación sobre la muerte de cuatro personas yanomami (tres hombres, una mujer), y las lesiones de un niño yanomami el 20 de marzo de 2022, en Parima B, Amazonas”.
8. 17 muertes en operativos de seguridad en el período estudiado
Al igual que en informes anteriores, la información disponible indicó una reducción de las muertes en el contexto de operaciones de seguridad. Sin embargo, según Acnudh, “es posible que no se denuncien todos los casos de muertes en el contexto de operaciones de seguridad, incluso debido al temor a las represalias y al acceso limitado a las zonas donde se han producido los incidentes”.
En total, Acnudh documentó casos de 17 muertes (todas de hombres) en este tipo de operaciones, siete de las cuales se produjeron entre mayo de 2022 y abril de 2023. De estas siete, cinco fueron perpetradas por la Policía Nacional Bolivariana. Tres fueron documentadas en el contexto de operaciones Trueno en Petare, el 28 de septiembre de 2022.
Por lo anterior, el organismo recuerda que todas las operaciones de seguridad deben ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos.
9. Exigen investigar desapariciones forzadas
Un quinto sospechoso fue apresado en diciembre de 2022, por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) como parte de la investigación de los presuntos autores de la desaparición de 33 personas (entre ellas 10 mujeres y tres niños) a bordo de “la Vela” en junio de 2019.
Sin embargo, según el informe actualizado del alto comisionado de la ONU, se observaron retrasos en las investigaciones y diligencias judiciales de los otros ocho casos registrados de desapariciones en alta mar entre 2015 y 2022, así como dificultades para las familias y los representantes legales, para acceder a la información relacionada con las medidas implementadas por el Ministerio Público y otras autoridades competentes para la búsqueda de las personas desaparecidas.
Acnudh “sigue preocupado por el retraso en las investigaciones de las presuntas desapariciones forzadas del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos y Hugo Henrique Marino Salas, ya que han transcurrido más de cuatro años sin que se tenga información sobre su paradero”.
Finalmente pide que se redoblen los esfuerzos para investigar estos y todos los casos de desapariciones, incluidas las “presuntas desapariciones forzadas”, y que se adopten las medidas necesarias para apoyar la “búsqueda oportuna y efectiva de las personas desaparecidas, en consonancia con su obligación de garantizar recursos efectivos, incluida la prevención de la repetición”.
