El Estado venezolano lleva ocho años prometiendo incorporar la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en los esquemas de inmunización de los entes públicos. En diciembre del 2022, el Ministerio de Salud anunció que adquirirá la vacuna para el segundo trimestre del 2023, pero no ha ofrecido un plan de vacunación con metas y plazos definidos.
“Antes de ese anuncio, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel había autorizado la incorporación de la vacuna para el 2015, pero no ocurrió. El acceso a esta vacuna es totalmente limitado: solo para las personas que puedan acudir al sector privado o a las ONG y costear la dosis”, aseveró el médico obstetra y ginecólogo Rafael Terán, miembro de la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam), una de las pocas organizaciones que ofrece la vacuna contra el VPH en Caracas.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció que el VPH es una de las infecciones más comunes del sistema reproductivo. Aunque existen más de 50 cepas, 14 son consideradas de alto riesgo cancerígeno. Se estima que más del 70% de los casos de cáncer cervicouterino son consecuencia de la infección. El virus se aloja en las secreciones mucosas del humano y también es un catalizador para el cáncer de pene, anal y orofaríngeo. En 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó 604 mil nuevos casos y 342 mil muertes de cáncer cervicouterino a nivel global.
La vacuna contra el VPH fue aprobada por la OPS en 2004 y hasta ahora Cuba, Curazao, Guyana Francesa, Haití, Nicaragua y Venezuela no la han incluido en sus respectivos Planes Ampliados de Inmunización (PAI).
“La consecuencia de no tener una cobertura de inmunización de este tipo es que Venezuela no podrá reducir la incidencia en uno de los cánceres de mayor morbilidad en el país: el cáncer de cuello uterino (o cervicouterino), uno de los casos oncológicos prevenibles por la comunidad médica internacional”, advirtió Terán, agregando que semanalmente Plafam atiende hasta 6 mujeres que pueden costearse una de las 3 dosis.
El médico obstetra y ginecólogo aseveró que, pese a los esfuerzos de las clínicas y las ONG, la falta de datos epidemiológicos y demográficos constantes por el sector público desde el 2016 impiden deducir con precisión la necesidad de vacunas para las poblaciones vulnerables en el país.
“Está quedando una población muy alta que no va a ser cubierta por este programa de inmunización. La población que es recomendada para inmunizarse, las niñas entre 9 y 14 años, es una de las más desprotegidas y más vulnerables a corto y largo plazo”, agregó.
Incidencia del cáncer en aumento
La Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) estimó que 1.881 mujeres murieron por cáncer de cuello uterino en el país y se detectaron 5.409 casos nuevos en un año según su Pronóstico de mortalidad e incidencia por cáncer del 2021. En un análisis preliminar, la asociación civil calculó que la incidencia aumentaría con 5.707 casos nuevos de cáncer de cuello uterino y 2.037 mujeres pueden morir por la enfermedad en 2023. Para 2022 se estimaron 5.555 casos detectados.
“Se espera que para el año 2023 exista un incremento del 24,74% en la mortalidad por todos los tipos de cáncer en ambos géneros con respecto al año 2016”, precisó Juan Saavedra, gerente general de la SAV. “El último dato que ofreció el Ministerio de Salud sobre la mortalidad por cáncer en el país fue en 2016. Los datos son buenos, pero llegan muy tarde. Normalmente coinciden con las proyecciones estadísticas que hacemos”.
La Academia Nacional de Medicina reconoció que el último boletín epidemiológico publicado por el Ministerio de la Salud se emitió en octubre del 2022. Antes de ese ejemplar, la administración pública llevaba una ventana de cinco años y siete meses sin ofrecer datos. Después de ese boletín no se han publicado más ejemplares hasta la fecha. “La OPS utiliza los datos de la SAV como la única referencia en el tema para los últimos siete años”, agregó Saavedra.
El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por temas oncológicos para toda la población en Venezuela, solo superada por el cáncer de mama (con 3.128 casos en 2021). El SAV calculó que las mujeres entre 45 y 64 años concentran la mayor tasa de mortalidad, representando 47,8% de los casos estimados entre 2021 y 2023. Mientras tanto, la población femenina entre los 35 y 54 años representa la mayor tasa de incidencia en ese mismo periodo con un promedio del 55,28%.
El Ministerio de Salud anunció en una gaceta oficial con fecha del 20 de enero del 2023 que los casos de infección por VPH serían de notificación obligatoria semanal en los boletines epidemiológicos. Sin embargo, el gerente general de la SAV reconoce que la reciente medida no podrá suplir la falta de información pública.
“La población más vulnerable está comprendida en el rango de edad para ser económicamente activa. El acceso a la información se enmarca en la Organización Mundial de la Salud (OMS) como parte de la comunicación de riesgo”, afirmó Saavedra. “Frente a un cáncer prevenible, toda la población debería vacunarse, tanto hombres como mujeres. Al ser una infección de transmisión sexual, los hombres también son un vector de contagio del VPH, aunque la incidencia del cáncer de pene u orofaríngeo es muchísimo menor que el cervicouterino”.
El médico oncólogo reconoció que Venezuela no alcanzaría a estrategia mundial de la OMS para erradicar el cáncer del cervicouterino para el 2030 si no implementa la vacuna contra el VPH en el esquema de inmunización pública. El plan de la OMS (conocido como “plan 90-70-90”) consiste en lograr que el 90% de la población femenina entre 9 y 14 años esté vacunada contra el VPH, que el 70% de las mujeres entre 35 y 45 años reciban pesquisas y que el 90% de las mujeres diagnosticadas con VPH y cáncer cervicouterino reciban tratamiento oncológico temprano.
Vacunas que no llegan
“El verdadero problema es que la cobertura contra el VPH es tan pequeña que no llega a las pocas estadísticas sobre Venezuela”, afirmó la doctora Elvia Badell, presidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP). “La vacuna del VPH no es la única. También existe una baja cobertura en otras enfermedades prevenibles como el sarampión. Y no tenemos vacunas a nivel público contra el meningococo y el neumococo desde el 2016”.
Para Badell la tasa de inmunización contra el VPH es una de las aristas de una escasez de vacunas general, siendo la cobertura contra el sarampión una de las más alarmante. El 8 de febrero de 2023 la OPS anunció una alerta epidemiológica en América sobre el Sarampión. En ese documento se evidencia que el país tiene una tasa de 68% para la primera dosis contra el sarampión y de 38% para la segunda dosis. Venezuela tiene la tasa más baja en la región. El alcance efectivo de la cobertura para todas las enfermedades prevenibles (como el VPH y el sarampión) es de 95%.
“El Estado venezolano tiene una deuda con el Fondo Rotatorio de la OPS a pagar para el 2024, que es el responsable de vender vacunas a precios más bajos a los países pobres para que puedan adquirirlas y usarlas. Venezuela se desentendió de ese problema y son las donaciones de otros países, que compran con excedentes, las que hacen que el país tenga vacunas”, explicó Badell. “El año pasado se hicieron esfuerzos con el gobierno para donar vacunas siempre y cuando se pague la deuda. Pero no se logró. El gremio médico se mantiene con sus reservas desde septiembre del 2022”.
Según los datos más actualizados de la OMS sobre las coberturas vacunales a nivel mundial, Venezuela presentó un retroceso entre 2020 y 2021. El caso con mayor diferencia es la segunda dosis del sarampión y la vacuna BCG, que protege contra la tuberculosis y se debe administrar una dosis única cuando el bebé está recién nacido. La cobertura de la BCG se redujo de 82% a 68% entre 2020 y 2021.
La OPS le exige al Estado venezolano ofrecer datos sobre las coberturas del VPH “pero no ofrecen datos de esa categoría porque oficialmente aún no está dentro del esquema de inmunización venezolano (pese a que el Ministerio de Salud declaró que se incorporaría en 2015)”, advierte Badell. La SVPP actualiza cada año un “esquema ideal de inmunización” a la población infantil. En la última actualización del 2022 se reconoce que las vacunas contra el VPH y el neumococo son algunas de las coberturas que el Estado ha prometido incorporar pero dejó de suministrar.
“Además de la falta de los recursos también está la parte social. Tenemos una deuda para medir cómo la desinformación está reduciendo la voluntad para vacunarse”, opinó la presidenta de la SVPP. “Sobre todo porque ahora todos tenemos acceso a información por internet y uno ve noticias que dicen tener efectos adversos de la vacunación. Un ejemplo de ello fue el COVID-19. Personalmente considero que la deserción a vacunarse por miedo es alta”.
Inmunizar sin informar
De acuerdo con el portal periodístico venezolano Prodavinci, Venezuela es el único país de Sudamérica que no publica ni brinda acceso a ningún dato específico sobre los esquemas de vacunación, incluso durante los primeros dos años de la cuarentena por COVID-19.
Durante el 2021 y 2022, los entes estatales, como el Ministerio para la Salud, no ofrecieron información detallada sobre los programas de inmunización. La OMS establece un plan de recolección de datos sobre esquemas de vacunación que especifique qué producto se está trayendo al país, cuántas dosis son necesarias, en qué lugares se están aplicando, cuáles son los grupos etarios prioritarios; pero no se tiene información consistente sobre los planes en Venezuela.
En el caso de la inmunización por VPH durante 2022, el Ministerio de Salud solo tiene el anuncio de incorporar la vacuna en un futuro. Hasta ahora, ni los voceros públicos ni las redes sociales del ministerio han ofrecido información sobre el manejo de las posibles vacunas que traerán en menos de un mes.
“Lo mismo ocurre con otras vacunas”, advirtió Badell. En Venezuela no hay campañas oficiales y masivas para combatir la desinformación. En algunos casos los vacunadores la propagan. “Normalmente la información recae en personal no entrenado, que a veces no ofrecen información apropiada y los pacientes pierden la voluntad de vacunarse. Se considera una oportunidad perdida cuando no se educa a los pacientes sobre salud pública”.
En una encuesta realizada por la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela a 427 especialistas publicada en julio del 2022, se registró que el 57,34% de esa población no conocía las directrices del “plan 90-70-90” de la OMS para la erradicación del cáncer de cuello uterino. Mientras tanto, el Observatorio Social Humanitario calculó en abril del 2022 que 31,2% de las personas que no se habían vacunado contra el COVID-19 no querían hacerlo ni tenían intenciones de probar vacunas de otras patologías.
Para el periodista y miembro del Observatorio Venezolano de Fake News, León Hernández, la relación entre el aumento del desinterés en vacunarse y la desinformación podría entenderse por la intencionalidad del Estado en no dimensionar los problemas de la salud pública a la población, lo cual deja al venezolano más vulnerable.
“Sí hay instituciones han abordado el tema, pero no pueden tener la data completamente. Además, existe un subregistro oficial, porque hay una intencionalidad para que el registro no sea completo y minimizar el problema”, explicó Hernández. “Bajo el contexto venezolano, estamos ante un ministerio que se escurre en opacidad y en irresponsable e intencionada desinformación o silencios informativos”.
Una arista de la emergencia humanitaria
Aún para las personas que puedan conseguir la vacuna contra el VPH existen distintas barreras sociales y económicas. La cotización de los biológicos en el sector privado, entre 80 y 300 dólares, representan un rango de gasto entre 1936 a 7260 bolívares (según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela para el 20 de marzo del 2023) en un contexto inflacionario y donde el sueldo mínimo es de 130 bolívares.
Es decir, para obtener una de las tres dosis contra el VPH en Venezuela se necesitan 55,8 sueldos mínimos, datos que el Banco Mundial y la OMS consideran como un “gasto catastrófico en salud”. Aunque existen vacunas en el país, se evidencia una disparidad en la población venezolana para adquirirlas, tanto por ingresos económicos como por la identidad de género.
“El tema del VPH hay que enmarcarlo en la realidad que estamos viviendo, que es una emergencia humanitaria compleja. Existe una brecha en el acceso a los materiales y ejercer el derecho a la salud, sobre todo en la mujer y en las personas trans”, reflexionó Yendri Velázquez, activista de Amnistía Internacional. “Lamentablemente, a largo plazo los programas de salud en este contexto siguen bajo las instituciones religiosas o políticas que promueven prejuicios discriminatorios. Es un gran reto lograr una cobertura adecuada sin discriminación económica, social e informativa”.