El pasado primero de junio se cumplieron ocho años de la suspensión del sistema de procura de órganos para trasplantes en Venezuela, una medida que desde 2017 ha privado a cientos de niños, adolescentes y adultos de una segunda oportunidad de vivir. Mientras tanto, las condiciones de los centros de salud venezolanos empeoran y el tiempo se agota para los pacientes que aún luchan por su vida.
La Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV) estima que al menos 150 niños, niñas y adolescentes no recibieron el trasplante necesario desde que se suspendió el programa. Tan solo en el Hospital J.M. de los Ríos, el principal centro pediátrico del país, 85 niños y adolescentes fallecieron entre 2017 y 2024 en el área de Nefrología a la espera de un riñón.
Estas cifras, si bien son alarmantes, no reflejan por completo la realidad del país. La falta de cifras oficiales dificulta conocer con certeza la cantidad de personas en toda Venezuela que requieren un trasplante y cuántas han muerto a la espera de un órgano. Oenegés advierten que los números podrían ser devastadores.
El declive de los trasplantes de órganos en el país comenzó en 2014 cuando el Ministerio de Salud pasó a ser el ente encargado de gestionar las operaciones, trabajo que hasta ese momento realizaba la Organización de Trasplantes de Venezuela.
Años más tarde, en 2017, el Estado venezolano, a través de la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), anunció la suspensión de las operaciones por las fallas que existían en los hospitales y en la entrega de inmunosupresores, medicamentos vitales para los trasplantados.
Fundavene dijo entonces que la suspensión sería por aproximadamente tres meses. Sin embargo, han pasado ocho años sin que el Estado venezolano dé respuesta a la situación, que ha dejado a miles de personas a la espera de un trasplante.
En los últimos años, lejos de mejorar la condición de los hospitales y de la entrega de medicamentos de alto costo, Venezuela ha estado sumida en una grave crisis humanitaria. En los centros de salud, el deterioro, la escasez de insumos y la falta de personal mantiene en riesgo a los pacientes de todas las patologías.
Aunque hace tres años se reactivaron los trasplantes de donantes vivos en algunos centros de salud públicos, el alcance es muy limitado porque los procedimientos solo se efectúan en Caracas. Por ahora, en la sede del Centro Diagnóstico Integral (CDI) de El Paraíso, en Caracas, es donde se atienden la mayoría de casos.
Además, según explicó Lucila Velutini, miembro de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV), los trasplantes de vivo a vivo solo pueden ayudar a aquellos que cuentan con un familiar, relacionado con quinto grado de consanguinidad, que pueda ofrecerles esta segunda oportunidad. Es importante destacar que los únicos trasplantes que se pueden realizar de este tipo son los de hígado y riñón.
En el caso de los trasplantes de cadáver a vivo, una persona declarada cerebralmente muerta en un centro hospitalario venezolano y que en vida se registró como donante, podría salvar hasta 11 vidas. Sin embargo, para que esto pueda funcionar adecuadamente se requieren políticas públicas para que no solo el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos para Trasplante (Spot) funcione correctamente, también se requiere que los hospitales se encuentren en óptimas condiciones y que el Estado garantice los medicamentos que necesitan los trasplantados para no rechazar el órgano.
Piden al Estado garantizar el derecho a la salud
Desde la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela y otras organizaciones de derechos humanos como Prepara Familia y Cecodap se ha exigido al Estado venezolano en reiteradas ocasiones que se aboque a garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos y que implemente los cambios necesarios para reactivar el programa de trasplantes de órganos de cadáver a vivo en Venezuela.
Carlos Trapani, abogado y coordinador de Cecodap, destacó que desde 2017 no se ha implementado una política pública integral, transparente y sostenida que permita reactivar el derecho a recibir un trasplante, especialmente para niños, niñas y adolescentes.
“No es un problema técnico. Es una omisión estructural con consecuencias humanas y familiares profundas”, señaló en redes sociales.
Destacó que en la actualidad más de 280 niños y adolescentes en Venezuela siguen conectados a máquinas de diálisis. “Las condiciones clínicas empeoran y el tiempo se agota”, dijo Trapani, resaltando la necesidad de un sistema que funcione, con recursos, con ética y con planificación.
“En Venezuela, la salud está consagrada como derecho en el artículo 83 de la Constitución. Pero ese derecho no se mide solo en leyes, sino en realidades. Cuando no hay trasplantes, no hay inmunosupresores, no hay unidades funcionando ni respuesta pública clara, la Constitución se convierte buenos deseos”, indicó.
Para Trapani la reactivación del programa de trasplantes de órganos sería el mejor regalo para los niños que aún luchan por su vida.
“Cada vez que un niño muere esperando un trasplante, no falla la ciencia, falla el sistema. La memoria de quienes partieron, y la urgencia de quienes resisten, exigen acciones concretas”, concluyó.
El 1 de junio se cumplieron 8 años cuando el Programa de Procura de Órganos de donantes cadavéricos fue suspendido.
