sábado, 24 febrero 2024
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Inseguridad alimentaria severa afecta a más del 24% de la población venezolana  

La Encuesta Nacional Sobre Condiciones de Vida (Encovi) señala que, en el último año, todos los estratos sociales del país redujeron sus gastos en alimentos debido al encarecimiento de los mismos y la falta de ingresos suficientes en el hogar. | Foto William Urdaneta

@mlclisanchez

94,5% de los venezolanos está en situación de pobreza sin tendencias a la reversión en el mediano plazo. La aseveración corresponde a los resultados de la Encuesta Nacional Sobre Condiciones de Vida (Encovi), estudio realizado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Las bonificaciones económicas que otorga el Estado son insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de la población más afectada por la pobreza, ni representa la solución a un problema estructural que requiere la reactivación del aparato productivo del país y la generación de fuentes de empleo.

Este empobrecimiento se tradujo en el aumento sostenido de la inseguridad alimentaria y restricciones de acceso al sistema público de la salud.

 

35,2% de la población reconoce una reducción de la calidad y variedad de sus alimentos, y admite que se han saltado algunas comidas para que los alimentos en la despensa alcancen para la semana o el mes

 

El informe destacó que, ante el avance de la crisis en todas sus aristas, la esperanza de vida del venezolano se redujo tres años. Mientras antes se calculaba en 83 años para el 2050, el pronóstico ahora es de 76 años.

En el último año, todos los estratos sociales del país redujeron sus gastos en alimentos por el encarecimiento de los mismos y la falta de ingresos suficientes en el hogar.

El consumo de alimentos per cápita disminuyó entre 2% y 13% dependiendo del estrato social, siendo los hogares en pobreza extrema los más afectados.

Las personas en pobreza extrema redujeron sus gastos en alimentos en al menos 13%, mientras que las personas en pobreza no extrema redujeron 2,2% sus gastos en alimentos y las personas consideradas en no pobreza redujeron 5,3% sus gastos en alimentos.

Ante el avance de la crisis en todas sus aristas, la esperanza de vida del venezolano se redujo tres años | Foto William Urdaneta

En 2021, al menos 24,5% de las personas encuestadas reducen la cantidad de alimentos que consumen, se saltan comidas e incluso padecen hambre, es decir, están en condición de inseguridad alimentaria severa.

35,2% de la población manifestó padecer inseguridad alimentaria moderada, es decir, deben reducir la calidad y variedad de sus alimentos, y deben saltarse algunas comidas para que los alimentos en la despensa alcancen para la semana o el mes.

Y 34% de las personas aseguró que, aunque no falta tanta comida en su mesa, sienten incertidumbre en su capacidad económica para comprar alimentos.

Los rubros de consumo más crítico son proteína animal (pollo, carne, huevos y pescados), cereales y lácteos (queso y leche). Especialmente para la población en pobreza extrema y los no considerados pobres.

De acuerdo con el estudio, personas en pobreza no extrema han mejorado medianamente su consumo de leguminosas, proteína animal y cereales por las transferencias que reciben del gobierno y otras ayudas sociales.

Las personas no pobres han reducido su gasto de alimentos en lácteos, proteína animal, frutas y vegetales.

Los datos que hoy expone la encuesta coinciden con lo que hace un año advirtió Naciones Unidas: en Venezuela se ha triplicado la población malnutrida en los últimos cinco años.

 Ni bonos ni CLAP 

La encuesta determinó, como en años anteriores, que la iniciativa del Gobierno nacional para promover la seguridad social no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de la población más afectada por la pobreza.

De hecho, para que personas en pobreza no extrema superen esa condición, necesitarían una transferencia mensual del Estado de 25 dólares por persona. Los bonos gubernamentales apenas llegan a los 2,5 dólares y se administran de forma desigual como herramienta de control social.

El estudio establece que para pasar de pobreza extrema a pobreza no extrema las personas necesitarían percibir del Estado al menos 16 dólares mensuales, otorgados a cuatro personas del núcleo familiar, es decir, seis veces más del ingreso que perciben actualmente.

 

Las estrategias gubernamentales para detener los contagios por la enfermedad, como el esquema 7×7, solo han servido para evitar la presión por el número real de contagios para los que el sistema de salud no tiene respuesta y para encubrir la crisis del combustible

 

En medio de la inseguridad alimentaria, 60% de la población encuestada recibe las cajas del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) cada tres meses, o una vez al año, aunque el programa está diseñado para abastecer a las familias mensualmente o cada 15 días.

20% de los hogares no recibe las cajas de alimentación del CLAP, como parte de la estrategia del régimen para “garantizar la soberanía alimentaria de las familias venezolanas”.

De acuerdo con el Cendas, en junio de este año se necesitaron al menos 130 salarios mínimos para costear la canasta básica alimentaria que ya supera los 300 dólares, mientras que el salario mínimo no supera los dos dólares.

“Se necesitarían aumentar 37.6 veces las transferencias del Estado para sacar de la pobreza extrema a todos hogares”, establece el informe de Encovi. 

Sin mejoras en salud 

Además de la inseguridad alimentaria, el estudio también arrojó un balance sobre el acceso a la salud.

En medio del deterioro de la infraestructura hospitalaria, escasez de insumos y encarecimiento de los servicios de atención privados, la población continúa automedicándose aún durante la pandemia por COVID-19.

“Estado y sectores políticos prestan poca atención a estos estudios, los invitamos a tomar esta referencia ahora que estamos en una mesa de negociación política”, dijo el padre Virtuoso, rector de la UCAB

El informe señaló que las estrategias gubernamentales para detener los contagios por la enfermedad, como el esquema 7×7, solo han servido para evitar la presión por el número real de contagios para los que el sistema de salud no tiene respuesta y para encubrir la crisis del combustible.

46% de la población encuestada no acudió a ninguna consulta médica, aunque la necesitaba por falta de recursos, o restricciones en la movilidad. El estudio señaló que la búsqueda de atención en servicios públicos de salud decayó 81% ante la cada vez menor oferta de servicios médicos, y el temor a los contagios por COVID-19.

26% de la población que ameritaba tratamiento para tratar alguna enfermedad tuvo que interrumpir el tratamiento por no poder pagarlo, especialmente para afecciones respiratorias y cardiovasculares.

39% de los niños menores de cinco años no recibieron atención médica porque se le automedicó por preferencia, o porque la familia no tenía recursos suficientes para costear traslado y consulta médica. Ante la falta de acceso a fármacos o desconocimiento, parientes han incurrido en el uso indiscriminado de plantas medicinales potencialmente tóxicas.

Durante la presentación del informe, Francisco José Virtuoso, rector de la UCAB, instó al Estado a tomar en cuenta las cifras para traducirlas en políticas públicas destinadas al apoyo de la población más vulnerable.

“El Estado y los sectores políticos prestan poca atención a estos estudios, los invitamos a tomar esta referencia ahora que estamos en una mesa de negociación política. Tampoco vemos que los organismos internacionales de cooperación más allá de su interés por conocer las cifras que presentamos se tomen el trabajo de aprovechar este insumo para hacer más eficaz su trabajo”, zanjó.