martes, 28 de junio de 2022

Presos políticos de Bolívar en riesgo por enfermedades base son más vulnerables a contraer el Covid-19

A pesar de las solicitudes y denuncias realizadas por distintas ONG y la Asamblea Nacional, no ha habido mayores medidas por parte de la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, para la prevención del Covid-19 en los presos políticos.

El régimen de Nicolas Maduro mantiene privados de libertad a los presos políticos a pesar de la pandemia Covid-19, algunos con enfermedades base se mantienen detenidos en centros de reclusión no aptos para su estadía, falta de agua y de atención médica genera aún mayores riesgos de contagio y muerte por Covid-19.

La defensa del diputado suplente de Bolívar Antonio Geara solicitó medidas cautelares por graves problemas de salud del parlamentario, las cuales podrían empeorar por el Covid-19 que registra en el país 107 casos confirmados. El diputado fue detenido sin orden judicial el sábado 14 de marzo, a las 3:00 de la tarde, según reportó su colega Olivia Lozano.

Al miembro de Voluntad Popular se le privó de libertad tres días más tarde en el Tribunal Segundo de Control de Bolívar, a cargo de la jueza Niurka González, quien lo imputó por tráfico de armas de guerra y municiones, tenencia de artefactos explosivos y legitimación de capitales.

De acuerdo con el abogado defensor, Simón Andarcia, el diputado no portaba nada de armas por lo que se le acusa: “le pusieron un fusil dentro del vehículo, le colocaron unos miguelitos, le colocaron niples y 8 millones de bolívares con el que tratan de justificar el delito de legitimación de capital”.

   
Rubén González desde octubre de 2019 ha sufrido problemas de hipertensión sin ser debidamente atendido. Ahora su situación es de mayor vulnerabilidad ante pandemia por Covid-19 | Foto William Urdaneta

Geara incluso antes de su presentación ya presentaba problemas de salud considerables. La operación en su rodilla derecha tras sufrir una lesión de ligamento cruzado, luego de un golpe el 7 de enero mientras diputados intentaban entrar al Palacio Legislativo, no ha cumplido con el tiempo de recuperación debido.

Además a esto, se le añaden condiciones aún más graves. El diputado sufre cardiopatía hipertensiva e isquémica la cual es controlada con Losartan Potásico de 50 mg desde el 2012. En octubre de 2019 inclusive ya había sido recluido por una crisis hipertensiva según la solicitud de su abogado.

Andarcia también señaló que Geara, durante las audiencias de presentación, evidenció síntomas como tos seca y fiebre intermitente no cuantificada, por lo que solicitó una revisión de la privativa de libertad, por la situación de salud y la pandemia por Covid-19 con la idea de garantizar el bienestar del diputado tras registrarse con un cuadro clínico delicado y con altas probabilidades de contagiarse de alguna enfermedad respiratoria.

Indicaron en el documento que el mismo no puede mantenerse recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) al quedar aún más expuesto por las condiciones de hacinamiento que presentan los espacios físicos carcelarios y por las carencias de medios y garantías mínimas de atención que pueden provocar una enfermedad de mayor gravedad que conduzcan hacia una enfermedad en fase terminal o incluso la muerte.

Hasta ahora el diputado fue examinado por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses y se encuentra a la espera que el informe sea enviado a la jueza Gonzalez para recibir la resolución del caso. El abogado Andarcia, por su parte, considera que por la condición de su defendido la aprobación de esta medida debe garantizar la salud de Geara. “Es una responsabilidad del Estado conforme al artículo 83 de la Constitución”, declaró.

A pesar que Andarcia solicitó al tribunal que autorizara el despistaje por Covid-19 al diputado las autoridades no lo hicieron.

Geara, a pesar de la inmunidad parlamentaria, es el quinto diputado que se mantiene privado de libertad por fuerzas de seguridad a la orden del presidente de facto Nicolás Maduro. En estas violaciones también se detuvieron a Juan Requesens en el Helicoide, Gilber Caro del que se desconoce su ubicación, Ismael León, quien tiene casa por cárcel y uno de los más recientes el parlamentario Renzo Prieto.

El caso de González

Uno de los presos políticos más emblemáticos por su lucha sindical y su postura contra el gobierno de Maduro es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, a quien en un juicio viciado de nulidad le fue imputado por la Fiscalía Militar los delitos de: ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional.

Además de las irregularidades en el proceso de juicio, González ha padecido innumerables vulneraciones a su derecho a la salud. El dirigente sindical ha sido paciente renal en los últimos 10 años y ha sufrido problemas de hipertensión. En octubre de 2019 sufrió dolores en el abdomen y fiebre, y a pesar de ser trasladado a un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) la atención no fue la correspondiente. Más allá de eso, el Tribunal Militar en ese momento no permitió a familiares siquiera la entrega de medicamentos.

Jorge Machuca, abogado defensor del sindicalista, señaló que la condición de González lo hace mucho más vulnerable por su problema de hipertensión. En su última visita a principios de marzo vieron al trabajador de Ferrominera padeciendo dolores en el cuerpo y problemas de fiebre pero dado que le han dejado ingresar medicamentos, en sus más recientes comunicaciones ha reportado mejoría.

Los abogados defensores, tanto Machuca como Miguel Ekar, están trabajando en una solicitud por escrito que presentarán en los próximos días para la liberación del secretario heneral de Sintraferrominera. “Estamos pidiendo nuevamente que se le conceda una medida de gracia por la salud de Rubén González”, dijo el jurista.

Machuca exigió al Estado la aplicación de una medida humanitaria no solo para el dirigente sindical de Ferrominera sino para todos los presos políticos. “Están tardando en sacarlos, ya deberían sacarlos”, declaró.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet solicitó a los distintos gobiernos del mundo a liberar de manera inmediata a los presos políticos ante la propagación del Covid-19.

Hasta el momento, Foro Penal registra 326 presos políticos a nivel nacional de los cuales 42 padecen enfermedades que pueden catalogarse de leves a graves. Aún así la situación es mucha más delicada cuando los privados de libertad no son siquiera atendidos debidamente.

“En la mayoría de los casos, los presos políticos a los que se refiere este reporte, no son atendidos oportunamente, no se les está suministrando un tratamiento adecuado para sus dolencias, se les ha negado atención médica primaria o especializada y, en el peor de los casos, los tribunales han hecho caso omiso de tales situaciones de salud, absteniéndose de emitir las órdenes para los reconocimientos médicos especializados, poniendo en riesgo de muerte a estas personas, por eventuales complicaciones de sus patologías, debido a la situación de riesgo que estos presos políticos, enfermos tienen al estar recluidos”, señaló la ONG en su último reporte.

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