@mlclisanchez
La asociación civil Fedecámaras, conformada por gremios empresariales del país, presentó este 25 de marzo su proyecto de vacunación anti COVID-19 que cuenta con la coordinación de la Sociedad Venezolana de Infectología, la Academia de Medicina y el apoyo de la empresa Meditron.
En principio, el programa de vacunación plantea importar un primer lote de seis millones de vacunas para tres millones de personas que beneficiará de forma gratuita, principalmente, a trabajadores y asociados del sector privado y a 20% de personas en condición vulnerable que, no pertenezcan al gremio empresarial.
El 20% de población general beneficiada será seleccionada por las autoridades sanitarias del país. “Esta es una propuesta para complementar el esfuerzo público para acceder a las vacunas”, manifestó en rueda de prensa el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cussano.
El proyecto incluye la importación, almacenaje, control y distribución de las vacunas e insumos de bioseguridad, y especifica que la logística estaría a cargo de 100 clínicas privadas del país.
Sin embargo, el gremio aclara que el Estado debe garantizar las condiciones necesarias para la distribución de las vacunas, iniciando con combustible suficiente para el traslado, y los permisos y salvoconductos necesarios.
El gremio, con asesoría técnico médica, se compromete a garantizar la cadena de frío y conservación de las vacunas en todo el proceso de traslado.
Cussano resaltó -en reiteradas ocasiones- que este no es un proyecto para comercializar las vacunas, sino un apoyo al país, “aquí no hay actor que pretenda generar riquezas de esta emergencia”, dijo.
En cuanto al orden en el que la población será vacunada, si el Ejecutivo nacional llega a aprobar el proyecto, Cussano explicó que se hará conforme a los estándares impuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), siendo los adultos mayores y personas con comorbilidades los primeros en ser vacunados, después del personal sanitario. Luego de ser vacunadas, las personas contarán con un seguimiento de efectos adversos como indica el protocolo de la OMS.
El proyecto se ejecutaría, entonces, en tres dimensiones: institucional, técnico-sanitario y financiero. Este último, con actores internacionales de contraloría, que garanticen que las finanzas invertidas estén destinadas verdaderamente a la adquisición de las vacunas permisadas por las autoridades sanitarias del país.
Desde el inicio de la pandemia, el gremio económico ha sido de los más golpeados por la paralización de la actividad comercial. La medida, aunque necesaria, ha generado pérdidas irrecuperables, desempleo y el cierre definitivo de algunas empresas, que ya estaban asfixiadas por las medidas económicas impuestas por el régimen.
“Lo que queremos, es llegar lo antes posible a la inmunización de la mayor parte de la población para volver -si es que se puede-, a la normalidad como la conocíamos”, dijo Cussano.
En Venezuela el proceso de vacunación va lento, pues hasta ahora al país han arribado 700 mil dosis de vacunas contra la COVID-19, que alcanza para inmunizar apenas a 1,16% de la población: no abarca, ni a todo el personal de salud, ni a los grupos de riesgo.
En un contexto de dosis insuficientes para inmunizar al menos a personal esencial, y luego de días de negociación para coordinar que el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (Covax) reservara dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca, Nicolás Maduro niega la entrada del fármaco al país, lo que restringe y retrasa aún más la masificación del proceso de inmunización en Venezuela.
De ahí, la necesidad de que surjan distintos mecanismos que permitan amplificar la inmunización en el país y alcanzar a vacunar -en el menor tiempo posible-, a 70% de la población para alcanzar la inmunidad de rebaño.
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