La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) hacen un llamado a todos los países del hemisferio a velar por la protección de los derechos humanos mientras se toman la medidas necesarias que cada Estado deba implementar para frenar la propagación del Covid-19 que hasta el 15 de marzo ha dejado un saldo de 6.610 vidas a nivel mundial.
Asilamiento social, restricción del libre tránsito, cierre de comercios y empresas, son algunas de las medidas que se han tenido que tomar de cara a esta pandemia. Sin embargo, la CIDH y su Redesca instan a que dichas medidas se ajusten a los estándares de protección de derechos humanos, los cuales se verifican a través del respeto a las garantías y libertades fundamentales, la plena información y recursos disponibles.
No obstante, en Venezuela la falta de información veraz y oportuna es uno de los principales factores que está jugando en contra en este contexto, debido a que el Estado carece de total credibilidad ante los ojos de los ciudadanos y el mundo.
Hace más cuatro años Maduro ordenó la suspensión del boletín que arrojaba las cifras epidemiológicas debido al alza de los casos de difteria y malaria y desde entonces no se actualiza la información.
 Tras declarar la cuarentena, Maduro ha ordenado una serie de restricciones sin presentar un plan de contingencia para la población vulnerable |
Esto también ha generado que los países vecinos, Brasil y Colombia, cataloguen a Maduro como persona no confiable para tramitar acciones multilaterales que ayuden a beneficiar a la población de cada país. Aunado a esto, el Fondo Monetario Internacional desestimó una solicitud de préstamo por 5 mil millones de dólares hecha por Maduro precisamente porque la organización duda de su gestión.
De acuerdo con las medidas de atención, la CIDH y su Redesca han resaltado que los Estados deben aplicarlas garantizando el derecho a la salud sin ningún tipo de discriminación.
Así enfatizan que para hacer efectivo el derecho a la salud los siguientes elementos son esenciales e interrelacionados: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad.
Adicionalmente, el organismo multilateral recuerda que los Estados deben tomar como prioridad la integridad y bienestar de las personas profesionales de la salud frente a la pandemia, considerando asimismo fundamental que los Estados tomen medidas específicas para la protección y reconocimiento de las personas que asumen socialmente tareas de cuidado, formal o informalmente, con reconocimiento de las condiciones sociales preexistentes y de su agudización en momentos de especial exigencia para los sistemas de salud y asistencia social.
Las medidas implementadas por el Estado venezolano que buscan afianzar los mecanismos de control social como el carnet de la patria, distribución de alimentos, restricción del suministro de gasolina, contradice justamente este dictamen de la CIDH, pues solo serán beneficiaros aquellos que tengan un salvoconducto o que estén inscritos en el sistema patria, discriminando de forma directa a un gran sector de la población del territorio nacional.
Además, recalcan que el Estado debe brindar una atención oportuna y apropiada a todos los contagiados por el coronavirus y que los bienes y servicios de salud deben ser accesibles para todos los ciudadanos.
Este es otro aspecto que se pone en tela de juicio dentro de Venezuela, pues ante un incremento de los casos el sistema sanitario no cuenta con las capacidades necesarias para poder atender efectivamente a los afectados lo que ha desencadenado una gran preocupación dentro del país.
Libertad de comunicar
Asimismo, la comisión en conjunto a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) afirma que el Estado no puede suprimir los derechos de manera genérica, en especial, a los medios de comunicación que buscan difundir información a través de cualquier plataforma. Incluso, exhorta a los países a velar por el acceso a los mecanismos de denuncia y protección frente a posibles limitaciones indebidas o violaciones a los derechos humanos derivadas de las medidas ejecutadas.
En Venezuela, según las cifras dadas por el gobierno de facto de Maduro, hay hasta ahora 65 casos del Covid-19. Aunque se han tomado medidas extremas para prevenir su propagación, ha quedado en evidencia que van en contra de lo establecido por la CIDH, por lo que su continuidad podría agudizar aún más la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país en un contexto donde reina la incertidumbre y aflora el pánico.
