Provea presentó en rueda de prensa su informe anual 2022, llamado Desigualdad e impunidad: la pandemia en Venezuela, en el que afirma que en el país “no hay políticas públicas para atender a la población”.
“El sistema de justicia está siendo usando para perseguir a la población”, dijo Rafael Uzcátegui, coordinador general de la organización, quien además detalló que la única contención que tenemos ante la violación de derechos humanos es la acción intencional.
Uzcátegui detalló que “la única contención que tenemos los venezolanos contra el abuso de poder y el autoritarismo es la actuación de mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos”.
Añadió que tanto la Misión de Determinación de Hechos, como la Corte Penal Internacional (CPI) y el resto de los mecanismos internacionales que existen, “y que vamos a seguir activando en los últimos meses se han convertido en la única contención porque es la única amenaza creíble para las autoridades, que las están obligando a tomar decisiones para minimizar el impacto que tienen las políticas contras las violaciones de DD HH”.
De la misma manera, el coordinador general de Provea dijo que en el país “persiste una estructura bien coordinada para el control social y la represión de la disidencia” y que a medida que se acerque la fecha de las elecciones presidenciales de 2024 se espera que aumente la persecución, no solo contra los líderes políticos, sino contra todas las organizaciones no gubernamentales con el fin de dividir que cada una se dedique a su propia defensa, quitando el foco de los comicios.
Este documento también señala que el gobierno de Maduro se convirtió en una máquina de pobreza y exclusión; por lo que el país postpandemia “es más pobre y desigual” y se convirtió en el más desigual del continente: “Venezuela es el país más desigual de América. Nuestro nivel de desigualdad se compara con el de Namibia, Mozambique y Angola”, expone el texto.
De acuerdo con los estudios de Provea, se estima que se profundice la emergencia humanitaria compleja y que impulse a los venezolanos a huir de su país en busca de mejores condiciones de vida. “90% la población sigue estando afectada por la emergencia humanitaria compleja y tendríamos una pobreza multidimensional”, añade Uzcátegui.
Geopolítica internacional y Venezuela
Sobre los cambios de tendencia política en la región, Provea no los considera como una amenaza para el país, sino que los ve como “una oportunidad” y celebra los espacios de diálogo a todos los niveles.
Provea considera que “esta conformación política del continente pudiera significar una oportunidad para incidir sobre el Gobierno venezolano para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la vigencia de los derechos humanos”. Desde esta ONG celebran la petición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de solicitar que a Maduro que Venezuela regrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El coordinador general del Provea le pide a “los oídos receptores de Miraflores nos ayuden a promover políticas favorables a los derechos humanos”.
824 muertos por policías y militares
Lisette González, coordinadora de investigaciones de Provea, indica que en el 2022 hubo privaciones arbitrarias por parte de funcionarios policiales y militares, que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. “En distintas circunstancias, los cuerpos de seguridad dieron muerte a 824 personas”, indica y recuerda que este número alto “es la continuidad de una política de Estado de violaciones masivas y sistemáticas del derecho a la vida”.
66% de las víctimas eran jóvenes de entre 18 y 30 años, quienes vivían en zonas populares y eran miembros de familias en situación de pobreza.
Asimismo asegura que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue el órgano de seguridad más letal el año pasado, desplazando al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
La mayoría de estos crímenes no son investigados por la impunidad estructural. “Se institucionalizó la acción deliberada de producir la muerte”, sentencia el informe 2022 de Provea. Sin embargo, se constata la disminución de víctimas con respecto a 2021 y aunque es un aspecto positivo, añaden que “no hay razones sólidas para considerar que se afianza una política para lograr la reducción significativa de la violencia policial”.
