El proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero correspondiente a 2023 -que debe aprobar la Asamblea Nacional electa en 2020 antes del 15 de diciembre- muestra que, para la administración de Nicolás Maduro, las políticas alimentarias dejaron de ser una prioridad, al otorgar al Ministerio de Alimentación 2.310 millones de bolívares de un presupuesto de Bs 170.703 millones, lo que corresponde a apenas 1,35% del monto total.
La cartera de Alimentación fue el 13º organismo público al que más se le asignaron fondos dentro de la repartición del presupuesto nacional para 2023. El Gobierno establece como decimotercera prioridad al sector alimenticio pese a que 78% de los hogares del país padecen de inseguridad alimentaria, según los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2022.
La mayor parte de este dinero -que equivale a $169,9 millones según el tipo de cambio oficial de 13,59 bolívares por dólar vigente el 8 de diciembre- será transferido a entes descentralizados adscritos al ministerio, con la finalidad de financiar proyectos en materia de política alimentaria, principalmente orientados en la dotación de alimentos a las comunidades con mayores deficiencias nutricionales, según se argumenta en el documento obtenido en exclusiva por TalCual.
En total, el Ministerio de Alimentación repartirá Bs 1.408 millones ($103,6 millones al tipo de cambio del BCV), de este monto, 60,9% de los fondos se destinarán al Instituto Nacional de Nutrición (INN), a la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal), a la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) y a otros entes descentralizados para pagar desarrollar distintos proyectos enfocados en “el fortalecimiento de un sistema logístico integrado de distribución directa de insumos y productos”.
Estos esfuerzos han estado presentes a lo largo del último lustro mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que entregan bolsas y cajas con alimentos de primera necesidad a más de siete millones de familias venezolanas, según afirmó Nicolás Maduro a finales de 2021.
Pese a las múltiples críticas y señalamientos por corrupción recibidas por los CLAP, los proyectos que serán financiados con el presupuesto de 2023 dejan ver más planes enfocados en esta dirección, pero desvinculados del nombre “CLAP”.
Instituto Nacional de Nutrición
El proyecto de Ley de Presupuesto ofrece detalles sobre programas planteados por estos organismos para solicitar financiamiento. En primer lugar, el Instituto Nacional de Nutrición se queda con una suma de Bs 384 millones.
De este monto, Bs 280,5 millones son dedicados específicamente a la ejecución de proyectos, sin tomar en cuenta costos administrativos. La mayor parte de esta suma, Bs 204,2 millones provendrán del fisco, mientras que Bs 76,2 millones serán financiados con ingresos propios del Ministerio de Alimentación.
El documento expone que esta suma será utilizada para ejecutar jornadas de atención especializada a niños y adolescentes en los Servicios de Educación y Recuperación Nutricional (SERN), además de atender a adultos mayores en situación de vulnerabilidad mediante comedores populares y atención domiciliaria “con la entrega de suplementos y alimentos estratégicos”.
La organización justifica este desembolso como una forma de “revertir el fenómeno del hambre y desnutrición como consecuencia de la guerra económica”, admitiendo que en Venezuela existen preocupantes niveles de desnutrición, pese a que la casta chavista negó durante años esta realidad al asegurar que las necesidades nutricionales de la población eran atendidas con las bolsas de los CLAP.
Por otra parte, resalta la instalación de una red de restaurantes que se convertirían en “centros de cultura alimentaria y nutricional”, aunque el organismo solo solicitó Bs 3,6 millones para este programa. Pese al carácter “popular” del chavismo, este proyecto busca un modelo de negocios sustentables para sus locales.
Otros Bs 122,5 millones se destinarán a la “producción, distribución y comercialización de alimentos estratégicos para la población venezolana”. Esta consigna va de la mano con los intentos del Gobierno por priorizar la producción nacional de “bienes estratégicos”, para lo cual incluso han retirado exoneración de aranceles a estos productos.
Los Bs 34,4 millones restantes para proyectos se distribuyen entre tres propuestas distintas orientadas al “fortalecimiento de la nueva cultura agroalimentaria”, la vigilancia y monitoreo de la producción de alimentos estratégicos y la auditoría de la calidad y normativas de la cadena agroalimentaria.
Fundación Programa de Alimentos Estratégicos
En el caso de Fundaproal, el importe propuesto es de Bs 307 millones. De este monto, Bs 282,4 millones transferidos por el Ejecutivo se utilizarán para el financiamiento de tres proyectos enfocados principalmente en casas de alimentación, Centros de Alimentación para la Recuperación y Educación Nutricional (Caren) y comedores Escuela Mamá Rosa.
Bs 104,5 millones serán utilizados para la “consolidación” de estos tres programas como “espacios de atención alimentaria, formativa, productiva y social”, sin entrar en detalles sobre cómo serán utilizados los fondos. Otros Bs 93,2 millones se solicitaron para financiar la “dotación y redotación de equipos e implementos” utilizados en los tres programas.
El restante de Bs 84,7 millones para proyectos se empleará en la adecuación de la infraestructura tecnológica de la sede principal y las coordinaciones estadales de Fundaproal.
Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria
Otros tres proyectos se gestionan por parte de Sunagro, destinados a controlar las actividades agroalimentarias que se desprenden del organismo. Sunagro contará con un presupuesto total de Bs 376,1 millones, pero para los proyectos se utilizarán Bs 269 millones.
La mayor parte del presupuesto para proyectos, unos Bs 167,8 millones (44,6% del presupuesto total del ente), se dedicará a la “construcción y adecuación tecnológica del sistema integral alterno de datos y archivo” del organismo.
Otros Bs 57,4 millones se utilizarán para desarrollar un “sistema operativo de fiscalización” para Sunagro, junto a otros Bs 43,7 millones para implementar el nuevo Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA).
El Gobierno parece tener intenciones de fortalecer sus labores de fiscalización, pues hace tan solo días la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) publicó una nueva lista de precios “máximos” para rubros priorizados.
Asignaciones del Ministerio de Alimentación
Las asignaciones al INN, Fundaproal y Sunagro para ejecución de proyectos representan un total de Bs 755,8 millones. Quedan otros Bs 652,2 millones que se contemplan para transferencias a entes descentralizados del Ministerio de Alimentación. Este sobrante corresponde a asignaciones para los siguientes organismos:
- Lácteos Los Andes: Bs 28.319.202
- Fábrica para el Procesamiento de Sábila de Venezuela: Bs 20.584.038
- Comercializadora y Distribuidora Red Venezuela: Bs 21.096.845
- Corporación Única de Servicios Productivos Alimentarios: Bs 127.045.436
- Productos La Fina: Bs 4.326.075
- Indugram: Bs 4.470.617
- Mercados de Alimentos, C.A. (Mercal): Bs 209.538.466
- Logística Casa Logicasa: Bs 46.564.993
- Planta Procesadora de Plátanos Argelia Laya: Bs 12.990.733
- Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdvsal): Bs 51.351.969
- Centro de Almacenes Congelados (Cealco): Bs 118.593.000
- Industrias Diana: Bs 7.377.465
El restante del presupuesto total asignado al Ministerio de Alimentación se dispone para “la adecuación y mejora de los espacios físicos de la sede del ministerio y su flota vehicular” (Bs 161,5 millones) y para la “la adecuación de la Plataforma del Centro de Datos de la Sede Principal” (Bs 200,8 millones). Además, otros Bs 539,5 millones que cubren los gastos de nómina, costos operativos y de protección social.
A diferencia de otros organismos, al Ministerio de Alimentación no se le aprobaron fondos a través del proyecto de Ley Especial de Endeudamiento de 2023, que permite al Estado endeudarse para financiar proyectos específicos.