Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela se ha intensificado una preocupante ola de represión contra periodistas y medios de comunicación. La cobertura de los eventos postelectorales y las manifestaciones ciudadanas ha expuesto a los periodistas a agresiones físicas y verbales, detenciones arbitrarias, y amenazas, reflejando un patrón sistemático de censura y control de la información, de acuerdo a lo señalado por organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión en el país.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), capítulo Venezuela, informó que entre el 29 de julio y 4 de agosto se registraron 79 vulneraciones a la libertad de prensa durante la cobertura electoral y las manifestaciones postelectorales.
De estas, 62 estuvieron directamente relacionadas con estos eventos, evidenciando un aumento en la represión y control sobre la información pública. La cobertura periodística se volvió más riesgosa debido a la represión y las acusaciones de altos funcionarios del gobierno contra la prensa independiente, calificando su trabajo como incitación al odio.
Las violaciones incluyeron 30 agresiones físicas o verbales, 18 discursos estigmatizantes, siete detenciones, siete casos de censura, siete restricciones en internet, seis restricciones administrativas, tres hostigamientos judiciales y una limitación en el acceso a la información.
Trujillo y el área metropolitana de Caracas fueron las regiones con más casos denunciados. En total, las violaciones afectaron a 44 reporteros, siete corresponsales extranjeros, tres camarógrafos, tres directivos de medios y una reportera gráfica, además de dos periodistas y dirigentes políticos.
IPYS también destacó la preocupación por el arresto arbitrario de periodistas en Barinas, Trujillo, Guárico y Miranda, y señaló que 11 enviados especiales extranjeros han sido deportados desde el 25 de julio.
La situación de represión y vulneración de la libertad de prensa ha sido tan crítica que ha llevado al relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, a condenar públicamente las detenciones de periodistas.
En su cuenta de X, Vaca exigió este 6 de agosto la liberación inmediata de los periodistas apresados, el fin de la censura y el respeto a la libertad de expresión. Además instó a la comunidad internacional a apoyar el trabajo de la prensa que informa sobre la crisis de derechos humanos en el país.
Nicolás Maduro expresó la noche del 4 de agosto que considera necesaria la regulación de redes sociales como TikTok e Instagram, asegurando que estas plataformas multiplican “el odio y el fascismo”. Este llamado a la regulación se da en un contexto de creciente tensión y persecución hacia periodistas y medios de comunicación en Venezuela desde las elecciones presidenciales del 28 de julio.
“Son los principales instrumentos multiplicadores del odio y del fascismo”, consideró en una alocución, en la que hizo un llamado al Consejo de Seguridad y Consejo de Defensa de la nación para que le den “recomendaciones” al respecto.
Estos ataques han ido en ascenso, justamente para el 3 de agosto, los periodistas Frayber Rivas y Humberto Ambrosino alertaron que son víctimas de acusaciones en las redes sociales. Ambos comunicadores acudieron a la Fiscalía del estado Lara para que se realice la respectiva investigación sobre estas denuncias.
El mismo 3 de agosto, el medio digital ecuatoriano La Data Ec denunció la detención de la periodista Dayana Krays por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Krays se encontraba en Caracas cubriendo una concentración convocada por la opositora venezolana María Corina Machado cuando fue apresada. Estos incidentes reflejan una escalada en la represión y el control sobre la prensa y la libertad de expresión en el país.
Los mecanismos de censura previa impuestos por Conatel contra medios de comunicación en internet continuaron el pasado 2 de agosto. Tras la publicación de la carta de María Corina Machado en The Wall Street Journal la noche del jueves, el sitio web del medio fue bloqueado en Venezuela. También se conoció el bloqueo y cancelación del dominio de VersionFinal, medio de comunicación del estado Zulia. Ambos bloqueos fueron documentados y denunciados por el observatorio VESinfiltro.
El periodista y director de The Objective, Álvaro Nieto, fue expulsado de Venezuela la noche del 2 de agosto. Nieto, quien llegaba para cubrir las incidencias post electorales, fue sometido a dos horas de interrogatorio antes de ser subido a un avión de retorno. “Es completamente anormal que a un ciudadano español se le impida el acceso a un país al que tiene derecho a viajar. Entiendo que se me expulsa por mi condición de periodista crítico con Nicolás Maduro”, afirmó Nieto.
El 3 de agosto, Jonathan Maldonado, corresponsal de frontera de La Nación Web, fue intimidado. Desde el 29 de julio ha sido víctima de amenazas mediante panfletos, llamadas y mensajes de WhatsApp que buscan interrumpir su labor periodística en la zona. Ese viernes, el periodista recibió llamadas de números desconocidos y del extranjero, en las que lo amenazaban de que si no salía del país lo buscarían en su casa. Posteriormente le enviaron un panfleto con el encabezado “operación tun tun”.
Hacia Valle de la Pascua, estado Guárico, encapuchados presuntamente de la Dgcim detuvieron al periodista y dirigente político José Gregorio Camero después de una manifestación realizada por sectores de la oposición en el municipio Infante.
Asimismo, los medios de comunicación Nueva Esparta 920 y NotiEspartano fueron violentados la madrugada del 3 de agosto, causando daños a estanterías y otros espacios. La denuncia fue hecha ante el Cicpc y ambos medios continúan al aire.
Estas agresiones han sido principalmente físicas y verbales e intimidación por parte de cuerpos policiales y grupos armados irregulares afectos al oficialismo, según balances del SNTP. Con esto asciende a ocho la cifra de profesionales venezolanos detenidos por parte de fuerzas de seguridad del Estado.
Detención de periodistas
Yousner Leomar Alvarado Medina, camarógrafo de Noticia Digital, fue apresado el 29 de julio en Barinas por efectivos de la Guardia Nacional, mientras pasaba por Los Marqueses cuando se desarrollaba una protesta. Según declaraciones de su hermano, una patrulla se atravesó y los funcionarios lo detuvieron sin razón aparente, para trasladarlo al Destacamento N° 33 de la Guardia Nacional. Alvarado fue presentado e imputado por delitos de terrorismo, según fuentes del SNTP.
También fue detenido Paul León, camarógrafo de VPI TV, en un operativo conjunto de la Guardia Nacional y la Policía del estado Trujillo el 30 de julio en la mañana, cuando fue montado en una moto y trasladado a la Coordinación Policial número 20 de Valera. Aún se espera la audiencia telemática de presentación de cargos.
Al mismo tiempo, los efectivos de seguridad le robaron el teléfono celular a Yuliana Palmar, periodista de Qué Pasa en Venezuela y Sucesos Trujillo.
En San Juan de los Morros, una situación similar se vivió con el joven periodista Joaquín de Ponte, arrestado por funcionarios de la PNB y la Guardia Nacional, quien fue retenido en el Destacamento 343 de Guárico y liberado alrededor de las 9:40 pm.
La jornada del 2 de agosto estuvo marcada por la detención del periodista y dirigente de Voluntad Popular, Roland Carreño quien entre 2020 y 2023 estuvo detenido por presunto “terrorismo y conspiración”. También detuvieron a Deysi Peña, fotógrafa de la Alcaldía del municipio Carrizal, quien fue abordada por efectivos de Polimiranda en la estación de servicio Los Nuevos Teques.
Periodistas amenazados
El sindicato denunció también las amenazas a periodistas en distintas regiones del país. Javier Reyes, periodista de NotiFalcón, fue apuntado con armas de fuego por motorizados que estaban violentando las protestas en el sector Tres Platos de Coro.
“El hecho se registró a mediodía de este 30 de julio, cuando vio que atacaban a las personas y desde el volante intentó grabar a las personas, cuando se le acercó el grupo y lo apuntaron con pistolas a la cara. Reyes dejó de grabar y arrancó el vehículo para salir del lugar”, informaron.
La cobertura independiente de las protestas también ha sido condenada por efectivos policiales. En Valencia, estado Carabobo, el periodista independiente Alfredo Salvador Flores recibió una amenaza de detención si seguía publicando imágenes sobre las manifestaciones.
Otros cinco periodistas en Zulia fueron hostigados por funcionarios vestidos de civil, quienes los grabaron y fotografiaron mientras hacían cobertura de las manifestaciones en la Plaza de la República de Maracaibo. Los periodistas fueron Nataly Angulo de El Pitazo, Madelyn Palmar de Unión Radio, Edwin Prieto de Qué Pasa en Venezuela, María Carolina Quintero de VPI Tv, y Gerard Torres.
“Cuando les reclamaron el por qué los grababan y fotografiaban no respondieron y se movieron del lugar pero los seguían vigilando desde las esquinas de la plaza”, explicó el SNTP.
Por otro lado, el periodista de Código Urbe, Jesús Romero, resultó herido el pasado 30 de julio en San Jacinto, estado Aragua. Fue trasladado al Hospital Central de Maracay con heridas de proyectil en el abdomen y en una pierna. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) comentó que Romero tuvo que ser operado y se encuentra en recuperación.
Para el 31 de julio comenzó a circular una cadena de WhatsApp contra 12 periodistas del estado Carabobo, estigmatizando y criminalizando la cobertura que han hecho los últimos días de las elecciones y las manifestaciones.
SNTP periodistas Carabobo perseguidos
El mismo método fue utilizado en contra de las periodistas de Aragua Carmen Elisa Pecorelli, Amira Muci y Carla Carrera Ortiz, quienes fueron publicadas en una cuenta de Instagram como “operadoras de la derecha fascista”.
Por otro lado, el periodista y exsecretario general del SNTP; Mario Villegas, recibió mensajes de hostigamiento por exponer opiniones políticas en sus redes sociales: “Brother, no te vuelvas loco que aquí nadie va a venir a defenderlo estando tras las rejas. Ya dejemos la vaina compadre”, le escribió un usuario en su cuenta de X.
Las amenazas digitales también afectaron desde el 1 de agosto a tres reporteros de Lara, con sus fotos difundidas en redes con señalamientos de incitación al odio. El periodista de Notihora, Humberto Ambrosino fue acusado de ser un presunto colectivo, y fotografías de los administradores de las cuentas en redes sociales Suero Digital y El Capitán de Carora se mandaron junto a mensajes violentos a través de cadenas de WhatsApp.
Censura mediática
A través de distintas fuentes, el SNTP pudo constatar que distintas fuentes, que los responsables regionales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) enviaron un comunicado a los dueños de emisoras de radio donde les prohíben “transmitir noticias infrinjan elementos clasificados de violencia”, para impedir que circule información sobre las protestas, porque pueden terminar en multas o retiro de concesiones. Esto ocurrió en emisoras Bolívar, Monagas, Falcón, Zulia, Carabobo, Aragua, Amazonas, Nueva Esparta y Barinas.
“Siguiendo instrucciones de nuestro director general Jorge Elieser Márquez queda prohibido la transmisión de noticias que infrinja elementos clasificados de violencia, la promoción o difusión de lo indicado le puede acarrear pena de multa o retiro de concesión”, dice el texto que compartió Denis Cabeza, coordinadora de Conatel en el estado Bolívar.
Waka noticias, transmitido por la emisora Amazonas 100.1 FM, salió del aire el 31 de julio luego de que su coordinador decidiera no sumarse a la “nueva línea editorial”, fijada tras las elecciones.
El gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, también amenazó aplicar “todo el peso de la ley” a quienes hagan llamados a la violencia, “no solo los que están en el campo de batalla, sino a través de los medios y las RR SS”.
De la misma manera, el gobernador de Portuguesa, Primitivo Cedeño, amenazó a la prensa en el estado al asegurar que investigarán a portales de noticias y a dueños de periódicos digitales que “han incitado al odio en redes sociales”.
“Publican noticias catastróficas para generar zozobra, todo eso lo vamos a investigar y ya hemos extraído todo ese material y sabemos que han borrado publicaciones, ustedes saben quiénes han hecho eso”, expuso en su cuenta personal de Instagram. El primer medio atacado en Portuguesa fue el diario Última Hora, próximo a cumplir 50 años.
“Nos reencontramos en democracia”, escribió la cuenta del medio por X, quienes decidieron cerrar para salvaguardar la integridad física de periodistas y trabajadores.
Periodistas extranjeros
La prensa extranjera también ha recibido ataques, el SNTP informó el 1 de agosto sobre la expulsión del país del periodista italiano Marco Bariletti, reportero de Rai News y a su camarógrafo Ivo Bonito, quienes llegaron a las 12:14 pm al Aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Maiquetía.
“Tras su aterrizaje, el equipo fue apartado del resto de los pasajeros y, después de revisar sus documentos, les informaron que serían expulsados del país e inmediatamente los hicieron abordar un vuelo de retorno”, explicó el sindicato.
Profesionales de la prensa extranjera a su vez fueron víctimas de detención y deportación sin motivo aparente. Los profesionales chilenos Iván Núñez y José Luis Tapia, representantes de la Televisión Nacional de Chile (TVN) fueron abordados en Chururú, estado Barinas, y obligados a salir del país por Cúcuta, según informó el medio de comunicación en redes sociales.
Una situación similar se vivió con el periodista español Cake Minuesa, reportero de Ok Diario, detenido por la Dgcim el 29 de julio en la madrugada. Minuesa fue deportado ese mismo día en vuelo por Bogotá, gracias a gestiones realizadas por el Ministerio de Exteriores de España.
