La organización no gubernamental (ONG) Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) denunció que en Venezuela se registraron 524 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y defensores de derechos humanos en 2023. Aseveraron que esta cifra representa un aumento de 32% con respecto a 2022, cuando se documentaron 396.
“Del total, 394 agresiones fueron contra organizaciones y las 130 restantes contra personas defensoras de derechos humanos”, indicó la ONG en su informe anual.
La organización indicó que el 2023 estuvo marcado por una “profundización de la política de criminalización” y un “aumento de las acciones represivas y de control a las organizaciones y personas defensoras”.
Señaló que aumentaron las “vulneraciones a los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa” de derechos humanos.
Afirmó que el 2023 fue un año de amenazas, hostigamiento e intimidación, además de la persecución penal como mecanismos para criminalizar y atemorizar a la sociedad civil.
Según estos registros, 298 fueron hechos de “estigmatización”, 133 de intimidación y hostigamiento, 67 amenazas, 10 ataques digitales, ocho de judicialización, cuatro detenciones “arbitrarias” y otros cuatro no especificados.
Sobre los responsables, el CDJ señaló a funcionarios públicos en 223 casos, medios de comunicación estatales en 109, personas o agrupaciones “afectas a los intereses políticos del Estado” y “afiliados al (gobernante) Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)” en 93, a instituciones públicas o entes gubernamentales en 75 y a “organismos de seguridad” en 24 de los hechos.
La organización advirtió que en la medida en que se acerquen las elecciones presidenciales, previstas para el segundo semestre de este año, aún sin fecha definida, aumentarán “las restricciones al espacio cívico y democrático”, así como la “criminalización, la represión y el control social a la sociedad civil”.
Además alertó de la elaboración, por parte del Parlamento, de un proyecto de ley para fiscalizar a las ONG, que tiene el objetivo, según el CDJ, de “limitar y obstaculizar el trabajo” de la “sociedad civil en general”.
