El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) responsabilizó al Estado por el secuestro de cuatro funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ocurrido el pasado 17 de julio en el centro de detención preventiva La Morita II, en el estado Aragua.
Humberto Prado, director del OVP, señaló que ese suceso es responsabilidad del Estado, pues el conflicto es creado por ellos mismos, ya que esta situación se generó por la falta de traslados a centros penitenciarios.
Cabe recordar que los traslados se suspendieron desde que la exministra de Servicios Penitenciarios Iris Varela impuso que ningún preso sería trasladado sin autorización del ministerio, ni siquiera con la orden de un juez.
“Esa costumbre la hicieron ley”, aseguró Prado, quien recordó que los jueces son los únicos que tienen la potestad de ordenar los traslados a centros penitenciarios.
De acuerdo con el OVP, en Venezuela hay privados de libertad con permanencia de más de un año en estos recintos y en una sola celda sobreviven más de 50 personas.
En diferentes oportunidades, privados de libertad han denunciado que deben dormir parados o turnarse para ello, porque simplemente no tienen espacio suficiente para convivir.
Por otra parte, Prado comentó que la intervención de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia Fanny Márquez Cordero, también es evidencia del “fracaso” de los representantes del Ministerio de Servicios Penitenciarios, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Interior y Justicia, quienes no lograron mediar con líderes del motín que exigían traslados a la cárcel de Tocorón, revisión de sus procesos judiciales y mejores condiciones de encarcelamiento.
El conflicto culminó una vez que fueron trasladados 38 privados de libertad al Internado Judicial de Aragua, mejor conocido como Tocorón, luego de “negociar” con el pran, quien en un principio no los quería aceptar.
Además, la magistrada informó a los familiares que se harían 20 traslados al Centro de Formación para el Hombre Nuevo El Libertador, ubicado en el estado Carabobo, y 20 más para Centro de Reclusión de Procesados 26 de Julio, en el estado Guárico.
