Una denuncia por discriminación hacia una pareja Lgbtiq+ desencadenó una protesta dentro del Centro Comercial Sambil La Candelaria el pasado 9 de junio, que desembocó en un altercado con ánimos caldeados y agresiones físicas dentro del establecimiento comercial.
Todo comenzó el sábado 8 de junio, cuando a través de la red social X (antes Twitter), el usuario @thenottwink denunció que el personal de seguridad del centro comercial lo abordó a él, junto a su pareja, para decirles que no podían estar tomados de la mano en la feria del lugar.
En un hilo que publicó el usuario se puede ver al menos a tres trabajadores de seguridad del Sambil La Candelaria a quienes les pregunta por qué otras personas del establecimiento -parejas heterosexuales- sí pueden estar tomados de la mano pero ellos no. El personal de seguridad alegó que se trataba del protocolo establecido para el centro comercial.
“Ellos pueden estar relajados, lo que no pueden estar es agarrados de la mano”, indicó una trabajadora de seguridad del centro comercial.
Una respuesta inadecuada
Luego de la denuncia de los jóvenes que dijeron ser afectados por discriminación, el Sambil La Candelaria publicó un comunicado en sus historias de Instagram donde señaló no entender lo que pasó y aseguraban las imágenes “no reflejan lo sucedido”.
La empresa afirmó que el centro comercial “es un lugar de esparcimiento para familias enteras, dedicado al respeto de todas las culturas y diversidades, siempre que no atenten contra la moral y las buenas costumbres, especialmente en protección de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
Algunas organizaciones criticaron que, como ha ocurrido en otros momentos, se utilice la excusa de respetar “la moral y las buenas costumbres”, pues es la misma “falacia discriminatoria contra las libertades Lgbtiq+”, según señaló el movimiento Somos.
La protesta y el altercado
A raíz de la denuncia por discriminación, el activista Moisés Gálvez convocó a una protesta el domingo 9 de junio a las 4:00 de la tarde dentro de las instalaciones del centro comercial. Esta actividad llevaba por nombre “Besada”, y consistía en que miembros de la comunidad Lgbtiq+ acudieran al lugar para tomarse de la mano y dar muestras “de amor” para rechazar la discriminación.
En efecto, la protesta se realizó. Un grupo de activistas y miembros de la comunidad Lgbtiq+ acudieron al centro comercial Sambil La Candelaria con consignas, pitos y pancartas.
Todo parecía marchar bien, hasta que un grupo de personas de la manifestación se dirigió a la feria del centro comercial y la situación se puso tensa. Según la reseña que publicó El Pitazo, los manifestantes llegaron al restaurante Modo-Caracas, se subieron a la tarima y comenzaron a cantar y bailar. Allí, una pareja de mujeres se besó. Luego de eso, un hombre que estaba en la barra del restaurante les habría gritado que se fueran del lugar y el grupo lo rodeó. Se inició entonces una acalorada discusión tras la cual este hombre golpeó a uno de los protestantes.
Según lo que se puede ver en los videos, luego de la agresión, al hombre que dio el golpe lo persiguieron hasta un local de comida que bajó las santamarías. Incluso, algunas personas ajenas al altercado resultaron agredidas. En ese momento, los manifestantes comenzaron a golpear las santamarías. Esa fue una de las razones por las que, desde otra mirada, criticaron la protesta.
Tras lo ocurrido, al día siguiente, el lunes 10 de junio, el director general de la ONG Tu País Plural, Daniel Picado, informó que acudieron al Ministerio Público para denunciar la agresión.
¿Qué dice la ley sobre la discriminación?
En Venezuela, hay diferentes legislaciones sobre la discriminación que pueden penar esas situaciones, aunque en todos los casos se ha aplicado al ámbito político. Tal es el caso de la Ley Contra el Odio, promulgada en el año 2017, que en su artículo 4 establece lo siguiente:
“El Estado, las familias y la sociedad, tienen el deber y derecho de promover una cultura y valores de paz, diversidad, tolerancia, igualdad, respeto mutuo y convivencia solidaria para prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio, discriminación e intolerancias, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos. Los órganos, entes del Poder Público, las Misiones, los Consejos Comunales, las Comunas, las organizaciones políticas, culturales, deportivas, religiosas, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad, adultas y adultos mayores, jóvenes y la sociedad en general, deberán realizar acciones educativas, culturales, sociales, deportivas, artísticas, recreativas y comunicacionales, dirigidas a la promoción de la cultura de paz, tolerancia, respeto, pluralismo y diversidad. Las obligaciones previstas en este artículo son aplicables a las empresas públicas y privadas, así como las unidades socioproductivas comunales”.
También, existe la sentencia 190 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de febrero del 2008 que se refiere al artículo 21 de la Constitución e indica que este “es enunciativo”, por tanto, según expresó Tamara Adrián, “la no discriminación por razón de orientación sexual está garantizada en la Constitución”.
Aunque existen las legislaciones que incluso deben responder a estándares internacionales, Tamara Adrián señaló que, en la práctica, como en Venezuela no hay políticas públicas ni hay educación, son los mismos entes del sector público los que promueven discursos discriminatorios y estigmatizantes, como señala que lo ha hecho el fiscal general, Tarek William Saab.
“Hay esa estigmatización y se mantienen esas prohibiciones tradicionales de acceso al espacio, tanto público como privado, basados en conceptos que hoy en día están superados, como moral y buenas costumbres, que responden a ordenamientos metajurídicos fuera de los aspectos jurídicos y que normalmente responden a prejuicios contra las personas no casadas, las mujeres solteras, las personas con discapacidad y las personas Lgbtiq+, etc”, añadió.
¿Cómo reaccionar ante agresiones en protestas?
En redes sociales se encontraron opiniones diversas sobre lo ocurrido. Los activistas de la comunidad Lgbtiq+ sostienen que hubo agresiones hacia personas que estaban manifestando, mientras que otras personas opinan que los manifestantes no tuvieron el mejor comportamiento, por lo que, nuevamente, se generaron críticas en contra de la comunidad.
Tamara Adrián, abogada, profesora universitaria y defensora de los derechos de la comunidad Lgbtiq+, explicó que el control de participantes de protestas pacíficas frente a agresiones que ocurren en su contra incluye aspectos sociológicos y culturales. Respecto a este punto, recordó las protestas antigubernamentales de 2014-2017, donde hubo reacciones violentas contra las manifestaciones y esto solo generaba más descontrol.
“Ahí hay un ejemplo típico de, en este caso, motivar una reacción. Lo mismo ocurre cuando hay protestas pacíficas en cualquier parte del mundo (…) Ahí hubo toda una serie de componentes que pueden exacerbar las reacciones, pero lo principal es que no se apersonaron las fuerzas de la policía que han debido, y ahora están sujetas a ese deber de luchar contra la discriminación que está en Ley Contra el Odio. A la gente se le olvidan las leyes y esta gente dicta leyes que luego no se cumplen”, cuestionó.
Para Adrián, los cuerpos de seguridad del Estado fallaron en no controlar la situación ni acudir al lugar de forma oportuna, generando más errores dentro del hecho. Es primordial, entonces, que la policía actúe y evite que los incidentes escalen a una situación más grave.
Sobre lo anterior, la propia Ley Contra el Odio establece que será sancionado todo funcionario policial o militar que esté en el ejercicio de sus funciones y “voluntariamente se abstenga, omita o retarde intervenir para evitar la consumación de cualquiera de los hechos punibles establecidos” en dicha ley.
¿Cómo abordar una crisis desde la empresa?
Cuando las empresas u organizaciones pasan por alguna crisis comunicacional deben corregir impactos causados por la adversidad, evitando o minimizando el daño para preservar su reputación en el mercado.
LISA Institute es una institución española dedicada la certificación profesional referente en seguridad, inteligencia, ciberseguridad, entre otros. En un artículo publicado en su página web, explican las estrategias que pueden implementar las empresas para evitar, afrontar y recuperarse de un momento de crisis.
En primer lugar, el artículo explica que las crisis tienen cinco características: escalan en intensidad, caen bajo el escrutinio de los medios de prensa o autoridades regulatorias, interfieren con las normales operaciones del negocio, ponen en peligro una positiva imagen pública y dañan los ingresos económicos de una organización.
Para poder enfrentar una crisis, cuando ocurriere, las empresas deben tener en cuenta varios elementos clave:
● Disponer de una organización específica: Establecer un comité de crisis integrado en la organización y preparado para la toma de decisiones en escenarios inciertos.
● Desarrollar un plan o manual de crisis: Es la herramienta básica que recoge el funcionamiento de la gestión de crisis en una estructura organizada.
● Desarrollar un plan de comunicación en crisis: Debe de ir en paralelo a la gestión de crisis y es indispensable.
● Acordar los niveles de gestión de incidentes, emergencias y crisis: Graduar el impacto y los riesgos de los diferentes tipos de riesgos, ya sean leves y cotidianos, ya sean graves, que requerirán planes de autoprotección y planes estratégicos de crisis.
Por su parte, Luis Carlos Díaz, periodista y ciberactivista, consideró que las empresas deben comprender que las crisis comunicacionales se pueden abordar de una forma que permita que se resuelvan los problemas y, a su vez, se mejoren las relaciones con la gente.
En declaraciones ofrecidas a Runrun.es, señaló: “Por eso es incomprensible que se decida, se apueste y sea tan frecuente que en Venezuela haya comunicados tan mal hechos, que escalan más los conflictos, que no resuelven la coyuntura y que, por lo general, no satisfacen a la opinión pública”.
