La Fundación de Derechos Humanos Los Llanos (Fundehullan) reportó en los estados Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico, Apure y Táchira 599 vulneraciones a los derechos humanos el pasado año; lo que se traduce en 1,6% acciones violatorias por día. La ONG también encontró que el principal ejecutor de estas violaciones es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 42,2% de los casos.
Los tres primeros derechos que fueron transgredidos fueron la integridad física e inviolabilidad del domicilio con 198 casos, la libertad personal con un registró de 105 afectados y la manifestación pacífica con 94 acontecimientos. Otras vulneraciones fueron a la libertad de reunión y asociación, libertad de expresión, participación ciudadana y el derecho a la vida.
Entre los principales ejecutores de estas violaciones a los derechos humanos destacan el Cicpc con 42,2% de las actuaciones, Conatel con el cierre de medios con 9,3% de los casos, actuaciones del autoridades estatales con 8,9% de los casos, la Guardia Nacional con 8,5% de los registros, la Policía Nacional Bolivariana con 7,4%, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) con 2,6%. Después están presuntos funcionarios, jefes de seguridad y otros agresores desconocidos.
Fundehullan encontró en su investigación de 2023 que las principales víctimas de violaciones a DD HH fueron particulares en 48,5% de los registros, seguidos de las organizaciones políticas con 10,8% del total de casos, luego la sociedad civil con 8,7% de casos. Otros afectados fueron trabajadores agropecuarios, periodistas, emisoras radiales, docentes, trabajadores del sector salud, entre otros.
“El Estado continúa aplicando un método coercitivo para limitar los derechos humanos y para que las organizaciones de derechos humanos se inhiban de participar”, expuso la Fundación de Derechos Humanos Los Llanos.
Informe Fundehullan
Fundehullan registró las siguientes violaciones a derechos humanos en los llanos y el estado Táchira en 2023:
● 198 vulneraciones al derecho a la integridad física, persecución y amenazas.
● 105 vulneraciones al derecho a la libertad personal, detenciones arbitrarias, desaparición forzada y retenciones.
● 94 vulneraciones al derecho a la manifestación pacífica, intimidación y persecución.
● 88 vulneraciones al derecho a la libertad de reunión y asociación, criminalización de la sociedad civil, estigmatización, intimidación y persecución.
● 74 vulneraciones al derecho a la libertad de expresión, cierre de programas de radios y emisoras independientes y críticas al Gobierno, intimidación a periodistas.
● 38 vulneraciones al derecho a la participación ciudadana.
● 2 vulneraciones al derecho a la vida, ejecuciones extrajudiciales.
El conteo de violación a derechos humanos el año pasado por parte de esta organización halló un incremento en relación con 2022 de 167% en vulneraciones al derecho a la libertad de reunión y asociación, empleando la política de criminalización, riesgo y acciones contra las organizaciones de la sociedad civil, gremios, sindicatos, organización no gubernamental, fundaciones y movimientos de derechos humanos en la región de los llanos y un aumento de 114% de vulneración a las manifestaciones pacíficas (persecución y estigmatización contra las manifestaciones pacíficas).
Sin embargo, la vulneración a la libertad de expresión (cierre de programas de radios, emisoras y agresiones a periodistas) tuvieron una disminución de 0,9%; al igual que la vulneración a la libertad personal (detenciones arbitrarias, secuestro, desaparición forzada y retenciones).
La Fundación de Derechos Humanos Los Llanos recomienda al Estado cesar de forma inmediata la política de criminalización de la labor de los defensores, activistas y trabajadores humanitarios; respetar el derecho a la libertad personal y que los ciudadanos y miembros de la sociedad civil que han sido procesados se les otorgue libertad plena; que los operativos de seguridad respeten el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de tránsito; garantizar la labor periodística y promover el derecho a la libertad de expresión; permitir a la ciudadanía el derecho a la manifestación pacífica y generar mecanismos efectivos que procuren e impulsen la protección de todas las personas y organizaciones.
