Bajo una llovizna, familiares de presos políticos y representantes de ONG venezolanas sobre derechos humanos protestaron el 19 de septiembre en la Plaza Francia de Altamira, municipio Chacao de la Gran Caracas, por la liberación de los privados de libertad y el cierre de los centros de tortura en el país denunciados por la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU en octubre del año pasado.
Su convocatoria coincidió con la proyección del proyecto Realidad Helicoide, que transmitió desde el Time Square de Nueva York, videos de realidad virtual y testimonios de víctimas de tortura en el antiguo centro comercial del centro de Caracas y que ahora el Estado venezolano usa de prisión y centro de tratos crueles y sistemáticos que la comunidad internacional ha denunciado por años.
“Estamos reunidos para exigir una mejora en los recursos para la educación y para la salud. Que esos recursos estatales no sirvan para infringir la tortura y se infrinja represión en este país”, denunció Karina Molina, miembro del Comité para la Libertad de los Luchadores Sociales, quien defiende la inocencia de seis sindicalistas que fueron condenados a 16 años de cárcel el 1 de agosto luego de estar privados de libertad por un año.
“Los cuerpos de seguridad reciben cualquier cantidad de recursos para mantener el terror que tienen contra el pueblo. Cualquiera que levante la voz contra las circunstancias que vivimos, por un sueldo digno, por una mejor educación, por una mejor salud, nos responden con las cárceles en este país”, agregó.
Bajo presión
Al iniciar la concentración, a las 5:30 pm, un vehículo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), uno de los organismos señalados por la ONU de tratos crueles hacia los presos políticos, se montó en las aceras de la plaza y estuvo a menos de ocho metros de la protesta. Otros cinco funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se quedaron durante toda la manifestación.
Los cuerpos de seguridad grabaron a los protestantes, pero los ciudadanos no podían grabar a los funcionarios.
“Los familiares también nos sentimos presos y decidimos perder el miedo a la persecución de funcionarios como hay en estos momentos. Nosotros no somos terroristas. Estamos cansados ya de las torturas, estamos cansados ya de las desapariciones forzosas, estamos cansados ya de los crímenes de lesa humanidad. Ya basta, Nicolás Maduro”, expresó Franklin Caldera, director de la ONG Familia SOS Libertad.
“No dejar solos a los familiares de presos políticos”
Bajo el obelisco que decora la plaza caraqueña, los manifestantes pegaron los nombres de los 281 presos políticos que la ONG Foro Penal actualiza cada mes. Si el viento o la humedad despegaba algún papel del concreto rugoso, alguien lo volvía a pegar y reforzar.
“Los jóvenes (menores de 25 años) no conocemos lo que es vivir en democracia. Hemos crecido bajo un mismo régimen que mata amigos, se los llevan detenidos y los torturan. Ya basta de que eso siga sucediendo. No nos van a callar, no nos van a detener. Pero no podemos dejar solo a los familiares (de presos políticos) y a los activistas. Necesitamos que toda la ciudadanía alce la voz. Dejemos de normalizar lo que está mal”, advirtió la coordinadora de la Alianza de Mujeres en la Política, Evelyn Pinto.
La dirigente destacó que la protesta “se realizó en paralelo en Nueva York”, donde, además de la proyección del proyecto Realidad Helicoide, los dirigentes de la ONU y de otros estados del mundo se reunieron en su 78º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones. Pinto agregó que los centros de tortura documentados por la ONU, más allá de clausurarse, deben convertirse en un futuro en museos de la memoria para no repetir los crímenes de lesa humanidad en el país.
Mientras tanto, la CPI alegó que la investigación de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela seguirá en pie, pese a las peticiones del gobierno de Maduro de dimitirlas. La Oficina de Defensa Pública de Víctimas de la Corte Penal Internacional aseveró que recibió 156 denuncias de torturas que no han sido atendidas con la debida diligencia por la justicia venezolana en un comunicado de prensa el 13 de septiembre.
