lunes, 23 de mayo de 2022

Espacio Público: Persisten trabas que obstaculizan derecho a la información pública en Venezuela  

El balance de la organización alerta que en 2021 se mantuvo la cultura de opacidad promovida por el Gobierno nacional, a pesar de promulgar una nueva ley de transparencia.

El balance de la organización alerta que en 2021 se mantuvo la cultura de opacidad promovida por el Gobierno nacional, a pesar de promulgar una nueva ley de transparencia.

En Venezuela no existen políticas efectivas para garantizar el derecho a la información pública, el 40% de las solicitudes de información pública no fueron recibidas y además las autoridades y funcionarios(as) tienden a negar la información de manera injustificada, estos son algunos de los hallazgos del balance Situación general del derecho al acceso a la información pública en 2021, hecho por la organización Espacio Público.

El informe da cuenta de los patrones y tendencias de los entes públicos respecto a las garantías para el acceso a la información en Venezuela durante el 2021.

Destacan que la nueva ley de transparencia formalizó la opacidad al exigir motivos específicos para las peticiones, lo que contraría estándares internacionales de protección para el acceso a la información.

La asociación civil denuncia que el Estado venezolano mantiene una política sistemática que obstaculiza el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Entre los motivos, la ONG destaca la falta de personal para recibir la solicitud de información, instituciones cerradas en semanas radicales o flexibles, solicitud de formalismos innecesarios como cambio del responsable del cargo, documento sin el sello de la organización, firmas ilegibles, etc.

Asimismo resaltan que las preguntas realizadas deben tener la motivación explícita para ser recibidas, se exige explicar el porqué y para qué se requiere la información pública y los organismos argumentan que no poseen la información solicitada, a pesar de tratarse de los organismos responsables, entre otras.

Negación como política de Estado 

Espacio Público desde al menos el año 2016 ha registrado prácticas regulares de opacidad en Venezuela frente al derecho de acceso a la información. Explican que lo común es que las instituciones del Estado no respondan las peticiones: “el 95.5% de las entregadas no obtuvieron respuesta. Entregamos 67 solicitudes de información en físico y en línea, pero 64 de éstas y 29 insistencias no obtuvieron respuesta, mientras que 3 fueron respondidas de forma inadecuada”, alerta la organización.

Durante el año 2021 ninguna de las 105 peticiones de información pública tuvo respuesta adecuada.

Regulación de obstáculos para acceder a la información 

La asociación civil también evaluó el alcance y cumplimiento de la “Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público”, promulgada el 17 de septiembre de 2021, por medio de 15 solicitudes de información a distintos organismos. 

Remitieron las peticiones a los municipios Chacao, Baruta y El Hatillo; así como también a las instituciones Fospuca, Ministerio de Sistema Penitenciario, Ministerio de Salud, Asamblea Nacional, Banco Central de Venezuela, Consejo Nacional Electoral y Corpoelec.

“De un total de 15 solicitudes -en las que se invocaron fundamentos legales de esta norma-, 9 de ellas fueron recibidas, mientras que otras seis las rechazaron. Sin embargo, de las nueve rechazadas, se lograron entregar siete de las respectivas insistencias, y solo una no fue recibida”, explican.

Más de la mitad de las solicitudes fueron recibidas, ocho no fueron respondidas y sólo una recibió respuesta, de manera inadecuada, el cual fue el caso de la Asamblea Nacional, indica la organización. 

Conclusiones 

Espacio Público alerta que la situación del derecho al acceso a la información pública durante 2021 confirma que se mantiene una cultura de opacidad en Venezuela. También destacan que promulgar una ley no fue garantía suficiente para el reconocimiento y cumplimiento del derecho y la aplicación de una política transversal de transparencia.

“Este balance muestra los efectos de la falta de institucionalidad democrática en el país con relación al derecho al acceso a la información. Como consecuencia, la ciudadanía no puede cumplir con su función de contraloría social, en especial en la lucha contra la corrupción. Así mismo, es un obstáculo para el ejercicio informado y efectivo de los derechos económicos y sociales en medio de una crisis humanitaria compleja”, manifiestan.

Además resaltan que esta situación demuestra que las recomendaciones hechas por organismos internacionales no se cumplen en la práctica. En el año 2019 un informe sobre Venezuela del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó adoptar medidas concretas e informar públicamente sobre su implementación sobre el derecho.

“A pesar de que se promulgó una ley de transparencia, la misma no cumple con estándares internacionales y los datos presentados demuestran que aún siguen existiendo serios obstáculos para garantizar el derecho por medio de solicitudes de información”; denuncian. (Con información de Espacio Público)

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