En el marco de los 25 años de la Declaración de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos se realizó el evento paralelo al Consejo de Derechos Humanos “Situación del Espacio Cívico en Venezuela”, donde personas defensoras de derechos humanos y el asesor de la relatora especial de la ONU alertaron sobre riesgos y persecución a defensores venezolanos.
La investigadora de Asuntos Sudamericanos de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, dijo que en Venezuela siguen vigentes la represión a la disidencia, uso excesivo de la fuerza, la tortura en centros de detención, y muchas otras situaciones que podrían representar crímenes de lesa humanidad.
“El Gobierno venezolano trata de difundir una narrativa de normalización y arreglo de la situación en el país, pero la verdad es que existen más riesgos y más persecución contra quienes reclaman derechos. Sofocar el espacio cívico en Venezuela repercutiría en la obstaculización de la búsqueda de la justicia y en la exigencia derechos”, dijo.
Para Michael Phoenix del equipo de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de defensores, el Estado venezolano parece haber construido un sistema de hostigamiento en contra de defensores y para limitar su trabajo.
“Hemos hablado con más de 30 personas defensoras venezolanas y nos preocupan sus testimonios de ataque y persecución. Observamos altos niveles de inseguridad, riesgo y violencia especialmente contra mujeres defensoras y personas defensoras de comunidades indígenas en contexto de actividades mineras”.
Sistema incapaz de proteger a los ciudadanos
Según Carlos Lusverti, de la Comisión Internacional de Juristas, “el sistema de justicia venezolano es incapaz de proteger a las personas, más bien se han prestado para la judicialización arbitraria”.
“El sistema judicial venezolano ha sido usado para hostigar y atacar a defensores de derechos. Los jueces y magistrados no tienen los méritos requeridos para ejecutar sus cargos y, por instrucciones, establecen condenas injustas a como dé lugar”.
Por su parte, el Centro para los Defensores y la Justicia reconoce que en la medida que se profundiza la criminalización por la defensa de derechos, varios mecanismos internacionales se han pronunciado a favor de investigar violaciones y exigir el cese de la persecución y represión de las protestas.
“La Misión de Determinación de Hechos alertó que el uso de la lógica del enemigo, por parte del Gobierno venezolano para criminalizar a personas consideradas disidentes, se estaba aplicando para atacar a la sociedad civil”, afirmó Marianna Romero, del Centro para los Defensores y la Justicia.
Estado estigmatiza y criminaliza funcionamiento de las ONG
Rigoberto Lobo, miembro fundador de Promedehum, resaltó que el Estado venezolano estigmatiza y criminaliza el funcionamiento de las ONG e incumple con el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Explicó las dificultades que han tenido que enfrentar las organizaciones de la sociedad civil para la realización del registro y actualizaciones reglamentarias para seguir operando en el país.
“Al menos 28% de las ONG en Venezuela no se encuentran debidamente registradas; mientras que el 54% registradas han tenido problemas para actualizar sus juntas directivas y legalizar sus documentos internos”.
Del mismo modo, denunció que las organizaciones que realizan asistencia humanitaria son atacadas y su trabajo es obstaculizado por funcionarios del Estado venezolano. Los insumos que entregan a las comunidades son retenidos en muchos casos.
