De acuerdo con este informe, Venezuela se electoralizó desde el 1 enero de 2024, pese a que la campaña proselitista iniciaría oficialmente el 4 de julio, por esta razón se incrementaron las restricciones en el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Así lo describió el Panel de expertos electorales de la ONU (Panel ONU) en su reporte preliminar: “El período preelectoral estuvo marcado por continuas restricciones al espacio cívico y político”.
El estado Bolívar destaca como uno de los estados donde más hubo vulneraciones a la libertad de manifestación pacífica antes del 28 de julio.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) contabilizó que durante el primer semestre de 2024 se registraron 2.383 protestas, 13 al día. Los tres estados con más manifestaciones fueron Bolívar (291), Anzoátegui (230) y Sucre (224). El 70% de estas fueron para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca). En junio, las demandas por Derechos Civiles y Políticos (DCP) superaron los Desca, con 56% a 44%.
“Los tres derechos Desca más exigidos fueron, en orden de importancia: Vivienda, Trabajo y acceso al suministro de combustible. En el caso de los DCP los tres derechos más demandados fueron justicia (482 manifestaciones), participación política (365) y vida (90)”.
Mientras que la estrategia de protesta a la que más recurrieron fue la concentración (1.516), el cierre de calles o avenidas (331) y protesta creativa no violenta (320).
Los datos de Laboratorio de Paz reflejan que previo al 28 de julio ocurrieron por lo menos 104 actos de hostigamiento contra líderes y activistas políticos. 41 situaciones (39,4%) sucedieron antes del inicio formal de la campaña electoral, en cambio 63 (60,6%) ocurrieron entre el 4 y 27 de julio.
En Bolívar hubo 2 casos de hostigamiento antes del 4 de julio y pasó a 7 casos después del 4 de julio.
En cuanto a las víctimas se conoce que 30 de ellas fueron mujeres (28,8%), y 74 fueron hombres (71,2%).
El terror impuesto que se vive desde las regiones
Cierres de comercios y retención de bienes como medida de represión es una constante. El Laboratorio de Paz registró alrededor de 24 establecimientos comerciales cerrados por el Servicio Integrado de Administración Tributaria (Seniat) como represalia por suministrar bienes y servicios a la campaña de Edmundo González Urrutia. “Además de la multa, los locales estuvieron cerrados en plazos desde 5 hasta 30 días”. En Santa Elena de Uairén cerraron el Restaurante El Primo el 18 de julio.
Violación a los derechos humanos durante jornada electoral
Redes Ayuda documentó 20 situaciones lesivas al derecho de libertad de expresión e información durante la jornada electoral del pasado 28 de julio.
En Bolívar se reportó que la periodista Francesca Díaz, corresponsal de Correo del Caroní, denunció intimidación el pasado 28 de julio cuando realizaba sus labores en el centro de votación del Colegio Gran Sabana de Fe y Alegría, en el que votaba el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano.
También en el estado Bolívar sufrieron intimidación los periodistas Rafael Ramírez, de Noticias Todos Ahora, y Karla Ávila, de Qué Pasa en Venezuela. Leonervis Hernández reportó “restricción administrativa”.
De acuerdo con los datos de Laboratorio de Paz, durante el 28 de julio se contabilizaron, por lo menos, 86 actuaciones de grupos de personas motorizadas (llamadas “colectivos”), en su mayoría armadas, que actuaron con la intención de atemorizar a las personas que deseaban ejercer su derecho al sufragio o que querían permanecer en las inmediaciones de los centros de votación en el país. En 6 actuaciones dejaron personas heridas de bala y, en 1, una persona fallecida. Estas ocurrieron en 17 estados del país, “lo que sugiere tanto un nivel de coordinación como de tolerancia por parte de las autoridades”.
En Bolívar se registraron 7 de estas actuaciones de colectivos, en los que se evidenciaron ataques, intimidación y/o robo a las personas.
Ataques a la libertad de expresión e información tras elecciones
Los reportes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, para el 29 de agosto, indican que 10 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron detenidos tras los comicios del 28 de julio.
En el caso de Bolívar, se reportó la detención de Gilberto Reina, editor del portal La Sapa del Orinoco el 16 de agosto en Ciudad Bolívar.
La libertad a manifestación pacífica también ha sido afectada. Entre el 29 y 30 de julio, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 915 protestas ciudadanas en todo el país. Con un saldo de 138 movilizaciones reprimidas, y en las que hubo presencia de civiles armados (colectivos), en al menos 119.
La iniciativa de verificación de información EsPaja corroboró que las estatuas vandalizadas de Hugo Chávez fueron 9 en total. Una de estas fue derribada en el estado Bolívar, municipio Sucre, El Guarataro, el 30 julio a las 10:20 de la mañana.
Las movilizaciones de los días 29 y 30 de julio fueron reprimidas por las autoridades, lo que ocasionó fallecidos. Monitor de Víctimas reportó 24 personas asesinadas, mientras que Justicia, Encuentro y Perdón contabilizó 25 personas asesinadas, y una falleció posterior a su detención.
En el estado Bolívar murió Luis Eduardo Roberto Hernández, de 19 años, por un disparo en el ojo, a manos de un colectivo, en la población de Upata, municipio Piar.
Una ONG de derechos humanos reportó que “han implementado las prácticas de vigilancia, revisión de celulares y detenciones o extorsión de personas por parte de cuerpos de seguridad en avenidas y aeropuertos a nivel nacional (…). Esto con la intención de generar temor en la población en general y disminuir cualquier expresión o manifestación pública en contra del Gobierno nacional”.
El Foro Penal contabilizó, del 29 de julio al 29 de agosto, 1.590 detenciones arbitrarias, de las cuales 1.369 eran hombres (86.1%) y 221 mujeres (13.9%). De ellos, 131 eran adolescentes (8.2%) y 1.459 eran adultos.
En Bolívar se registraron 31 arrestos arbitrarios durante el período antes mencionado.
Actuación de civiles armados en labores de seguridad ciudadana
El Laboratorio de Paz recopiló que luego del 28 de julio hasta el 29 de agosto se realizaron alrededor de 184 actuaciones de grupos de civiles armados, 176 de estas intervenciones, es decir el 95,6%, ocurrieron los días 29, 30 y 31 de julio en 21 regiones del país.
En Bolívar se contabilizaron 11 actuaciones de civiles armados en labores de seguridad ciudadana.
Con respecto a los patrones de las intervenciones se encontraron: allanamientos, ataques, impedimento del libre tránsito, intimidación, persecución, robo, saqueo, secuestro y vandalismo.
Documentación de las ONG en un informe en la clandestinidad
El informe Crisis postelectoral y de derechos humanos 2024 en Venezuela está realizado por diversas organizaciones no gubernamentales para documentar la etapa previa y posterior a la elección presidencial en Venezuela.
En sus créditos se registró “derechos humanos de Venezuela en movimiento”, como consecuencia de la represión y persecución en el país, las organizaciones se abstuvieron de firmar con sus nombres
“El clima de terror impuesto por las autoridades luego de las elecciones del 28 de julio ha ocasionado que el trabajo de las ONG, basadas en la fórmula de las “Tres D” (documentar, denunciar y difundir) se haya tenido que limitar, en condiciones adversas, casi exclusivamente a documentar”, señala el informe.
Su subtítulo El Libro Negro de la dictadura 2024 hace alusión al libro editado por José Agustín Catalá en 1952 Venezuela bajo el signo del terror, conocido como “el Libro Negro de la dictadura”, en el cual se expuso al régimen de Marcos Pérez Jiménez, las torturas, la censura, las víctimas, los campos de concentración y la resistencia que lo enfrentaba.
“Este reporte es una continuación de aquellos anhelos de democracia y dignidad”, destaca.
Las organizaciones optaron por estas medidas porque “la aprobación de una ley contra las ONG, así como la designación de Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia, quien desde hace años ha liderado la confrontación y persecución contra los y las defensoras de derechos humanos, ha obligado a disminuir el perfil público y tomar todo tipo de cuidados”.
