La Universidad Católica Andrés Bello avanza en la preparación de un Programa de Estudios Avanzados en Alianzas Público Privadas (PREA), junto al Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (Conapri), con una prueba piloto que empezará su primera cohorte en marzo de 2025.
Ninoska Rodríguez, directora del Postgrado de Derecho de la UCAB, explicó que la idea surgió de la necesidad de “rescatar el sentido de la Constitución económica, donde el sector privado, desde el principio de subsidiariedad, colabora en asuntos públicos, especialmente con ese ente descentralizado territorialmente que se denomina municipio”.
Rodríguez comentó que el artículo 178 de la Constitución es el que ofrece el marco de los servicios públicos que pueden ser gestionados a través de alianzas con el sector privado, entre otros: agua, electricidad, parques y recreación, patrimonio cultural, turismo, mantenimiento de parques y jardines, recreación, vialidad urbana, circulación, ordenación del tránsito de vehículos, señalización de la vía pública, transporte público y de pasajeros, espectáculos públicos, protección del ambiente, saneamiento, aseo urbano, desechos sólidos, etc.
“Todas son competencias del 178 que el municipio puede gestionar de manera concertada, intermedia, subsidiada con el sector privado. El municipio mantiene la competencia, pero el privado gestiona, entrega al ciudadano el servicio, lo cobra y luego entrega al municipio la ganancia, desde los principios básicos de transparencia, buena gobernanza y participación (…) Si se forma a los abogados, administradores, profesionales de las empresas privadas para la ejecución, seguimiento y control de esos proyectos, vamos a tener un mejor rendimiento de los contratos en alianzas público-privadas (APP)”, explicó.
La profesora señaló que, con este PREA, la UCAB busca dar respuesta a la necesidad de formación en dos bloques del derecho: el contrato privado y sus elementos conceptuales y, los elementos propios del derecho administrativo o derecho público. La casa de estudios ya ha avanzado en un convenio con la Alcaldía de Baruta y se estudia uno similar con la de Chacao, informó.
Adelantó que, dependiendo del éxito y evolución de este piloto, la universidad no descarta “configurar un programa de maestría con un producto intelectual, de reflexión, de nuevo conocimiento sobre temas de APP adaptados a Venezuela, sobre todo por el tema presupuestario y control del gasto”.
Preparar el terreno para las inversiones Juan Cabral, su director ejecutivo del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones, explicó que el convenio con la UCAB nació luego de que la organización hizo un estudio para calcular cuánta inversión se necesita para que el país retome los niveles del Producto Interno Bruto (PIB) que tenía en 2012-13.
“Venezuela necesita inversiones durante 10 años seguidos por un total de 500 mil millones de dólares, si se aspira regresar a un PIB de 350 mil o 400 mil millones de dólares. Ese mismo estudio estima que, de esos 500 mil millones de dólares, el sector público podría, cuando mucho, aportar el 25%; los restantes 375 mil millones de dólares deben venir del sector privado, tanto nacional como internacional”, precisó Cabral.
El vocero dejó claro que Conapri no puede responder cuándo estén dadas las condiciones para empezar a avanzar hacia ese objetivo, pero -agregó- se trata de preparar el terreno para el momento cuando lleguen las inversiones y mejore la competitividad, “porque los inversionistas extranjeros buscan la mejor rentabilidad y para eso hay que mejorar el marco regulatorio”.
Indicó el empresario que, de ese potencial de 375 mil millones de dólares de capital privado estimado, el 60% correspondería a la recuperación de la infraestructura.
“Son 180 mil millones de dólares que generarían 100 o 200 contratos en hidrología, vialidad, puertos, aeropuertos, etcétera; y cada contrato tendría de 4 a 7 personas trabajando en precios de transferencias, determinación de precios finales. Es un gentío que necesitamos ir capacitando para gestionar, planificar y visualizar esas asociaciones público-privadas. Tenemos que capacitar, y en esto no es Conapri la que gana, el que gana es el país en su capacidad para recibir la inversión”, afirmó Cabral.
El estudio es completamente virtual y sincrónico (las clases quedarán grabadas en el repositorio de la UCAB) y se abrirá con un cupo máximo de 25 estudiantes. Sobre los aspirantes al PREA en APP, como mínimo deben tener una licenciatura, pero el perfil es abierto (abogados, economistas, administradores, relacionistas industriales, ingenieros, etcétera). La duración será de dos semestres concentrados (ocho meses) en los que cursarán tres materias más el Observatorio de Alianza Público-Privada.
Este Observatorio, explicó Ninoska Rodríguez, es una innovación del Postgrado de Derecho. “No es una materia más, sino un espacio para las experiencias de colaboración entre las empresas privadas y el sector público con la que los participantes en el PREA aprenden de las mejoras prácticas con un efecto multiplicador entre municipios”.
En cuanto a los profesores, el programa contará con expertos en Derecho, Ingeniería y Economía, entre ellos: Andrés Carrasquero, Miguel Mónaco, Lilian Zambrano, Jesús Robles y Fernando Spiritto. Además de los docentes titulares, se tiene prevista la participación de invitados de la Universidad Externado de Colombia para cada una de las materias.
El convenio UCAB-Conapri contempla la posibilidad de una beca, que debe ser calificada por Postgrado UCAB, o un cofinanciamiento de las empresas privadas que quieran formar a su personal en este Prea. (Con información de Comunicaciones UCAB)
