Docentes y representantes de la Unidad Educativa Colegio Puerto Ordaz, en Ciudad Guayana, acudieron al plantel educativo la mañana de este miércoles para exigir al Ministerio de Educación y entes policiales garantías de seguridad ante los constantes robos que ocurren con impunidad.
Los educadores reportan que han emitido más de cinco cartas ante el Ministerio de Educación para solicitar patrullaje policial en la institución, pero no reciben apoyo. Señalan que tampoco cuentan con la Zona Educativa, ente que, aunque fue convocado, no acudió a la reunión de este miércoles.
En el último asalto, ocurrido el jueves 20 de enero, un delincuente atacó e hirió de gravedad a Maryuris Romero, de 37 años, docente del área de Control de Estudios. El antisocial golpeó a la profesora con un arma de fuego hasta ocasionarle hematomas y fractura de maxilar y ojo izquierdo.

Las lesiones ameritan al menos tres cirugías que implican una inversión de más dos mil dólares. Monto que contrasta -por mucho- con el salario de los maestros.
Ante la creciente inseguridad, los educadores evalúan la posibilidad de volver a las clases virtuales.
“De esto tenemos que tener respuesta, una alternativa, y una solución para poder avanzar. Hasta el momento somos muy pocos los que queremos exponer nuestras vidas, es muy lamentable la situación de salud de la docente Romero”, manifestó Ingrid Rodríguez.
Los profesores señalan que antisociales roban la institución con frecuencia, pero ni alumnado ni personal docente habían resultado heridos. Ahora el riesgo es latente y los profesores temen acudir a sus puestos de trabajo.
“Esperamos que las autoridades vean la difícil situación por la que pasamos los docentes, a lo que nos exponemos a diario. Y que busquen soluciones de seguridad”, expresó Yumirla Ramírez, maestra con 17 años de trayectoria en la institución.
La unidad educativa no está apta para las clases presenciales no solo por la ausencia de servicios básicos como electricidad y agua, sino porque no hay garantías mínimas de seguridad.
“Ella (la docente) sufrió lesiones graves, ya los doctores me dicen que probablemente no volverá a ver por ese ojo, van a tratar de salvarle el globo ocular para que no tenga que usar prótesis. No fue un simple golpe, fue ensañamiento”, declaró William Guevara, esposo de la víctima.
Guevara informó que llevó la denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para que inicien las averiguaciones correspondientes.
Solo quedan paredes y pupitres
De la Unidad Educativa Colegio Puerto Ordaz, con una matrícula de 165 alumnos, solo quedan paredes y pocos pupitres. La profesora Ramírez informó que la primera vez que robaron el colegio se llevaron 11 aires acondicionados. “Ahí fue cuando comenzó la devastación, y no hubo nadie que diera la cara por la institución, y hablo de las autoridades del Ministerio de Educación”, dijo.

El tiempo pasó y el hampa siguió saqueando el colegio a tal punto que también provocaron el incendio de la otrora oficina de dirección, y el destrozo de la biblioteca y las seis aulas de laboratorio.
Del cableado eléctrico tampoco queda nada. No hay electricidad en ninguno de los salones.
La cuarentena por la pandemia de COVID-19 solo facilitó el accionar impune del hampa dentro de los colegios de Ciudad Guayana, que durante años fueron saqueados con total impunidad por la inacción estatal.
En junio 2021, Adalgisa Tomas, la entonces subsecretaria de Educación del estado Bolívar, informó a Correo del Caroní que, entre marzo 2020 y junio 2021, 17 escuelas habían sido vandalizadas en el municipio Caroní.
Por eso, hace ocho meses Tomas prometió que entraría en vigencia un plan de contingencia en alianza con la Policía del estado Bolívar (PEB) para proteger a los colegios de la delincuencia. El acuerdo garantizaría patrullaje diurno y nocturno, pero eso nunca sucedió.
Sin servicios básicos
Los docentes también denunciaron que cumplir con las medidas de bioseguridad en el Colegio Puerto Ordaz -que también es centro de votación- es casi imposible, pues no hay agua por tuberías desde hace 10 años cuando se averió la segunda bomba de succión del sistema de distribución.

Ninguno de los cuatro baños está operativo, y los niños no tienen con qué lavarse las manos con frecuencia. “Al no haber baño, muchas nos hemos enfermado con infecciones de orina. A mí me ha tocado encerrarme en mi salón, buscar un pote y hacer ahí. Eso no puede ser, va en contra de las normas de higiene y mis derechos humanos”, expresó la profesora Ramírez.
A eso se le suma la falta de dotación de equipos de bioseguridad.
Esta situación se replica en otros colegios de la ciudad, que cargan a cuestas el regreso a clases presenciales ante el desamparo del Estado. Es por estas condiciones precarias que científicos y gremios previeron un aumento de contagios por COVID-19 dentro de las aulas.
“Yo trato de traer mi tapaboca y alcohol, pero, ¿cómo le exijo a un niño que cargue un envase de alcohol, si probablemente en su casa no tenga cómo comprarlo? Toca compartir porque tengo que cuidarme yo, y cuidarlos a ellos”, afirmó la docente.
“Solicitaríamos un kit de bioseguridad a los representantes, pero, ¿Cuánto vale? Es costoso y desechable. Cada uno hacemos un gran esfuerzo para contar con un kit de bioseguridad, estamos aquí por vocación”, expresó la profesora Lilian Márquez.