domingo, 14 abril 2024
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Consultores jurídicos de universidades acudirán al TSJ por multa sobre instructivo Onapre

La rectora Rita Añez informó que los consultores jurídicos de seis universidades acudirán el próximo 19 de septiembre al máximo tribunal para consultar las razones y el alcance de la multa impuesta por la Sala Político Administrativa a raíz de la “sentencia Onapre”.

La rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo), Rita Añez, informó que los consultores jurídicos de seis universidades acudirán el próximo 19 de septiembre al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para consultar las razones y el alcance de la multa impuesta por la Sala Político Administrativa a raíz de la “sentencia Onapre”.

La rectora de la Unexpo dejó claro que, tras conversar con especialistas del derecho, “desde el punto de vista del derecho procesal no existe eso que si admiten un recurso como ocurrió el 14 de julio, un mes después digan que es inadmisible, cuando las causas de admisibilidad fueron evaluadas desde que presentó la demanda el 3 de junio, al 14 de julio fue admitido y después aparece como no admitido”, aseveró en entrevista a El Impuso.

En dos sentencias de la Sala Político Administrativa, de fecha 11 de agosto y firmadas por el magistrado Malaquías Gil, se declara que el llamado “instructivo Onapre” es inexistente y además se impuso una multa a los representantes de seis universidades (Unexpo, ULA, UCV, UPEL, UDO y UC) y sus abogados por cincuenta veces el tipo de cambio de mayor denominación establecido.

Además dijo que “si según la máxima instancia judicial del país ese instructivo salarial al que todos nos hemos sometido, por imperio de la obligación que nos ha impuesto el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, no existe, ¿por qué entonces nos están obligando a aplicarlo?”.

La profesora universitaria reiteró que “hay mucha contradicción en la sentencia”, por lo que esperan que sus abogados puedan tener una audiencia en el TSJ para que se aclaren los razonamientos de estas sentencias.

Resaltó además que es una “una acción conjunta” ejercida con los rectores y rectoras multados tras exigir la anulación del instructivo, cuya aplicación se ordenó desde la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). “No es un tema de opinión personal”, sentenció.