Venezuela se encuentra sumida en una profunda crisis que tiene presencia en la realidad económica, social y política de la nación, donde la violación de derechos humanos se ha convertido en una constante, según han denunciado distintos órganos internacionales de protección de derechos humanos. La combinación de inestabilidad política, conflictividad, desigualdades sociales, pobreza y otros factores hacen que en la actualidad la situación venezolana haya llegado a un nivel de emergencia humanitaria compleja.
La referida crisis ha permeado cada una de las comunidades y sectores, incluyendo la comunidad universitaria venezolana, produciendo que los principales actores de la comunidad nacional se hayan pronunciado al respecto haciendo una declaratoria formal de una situación que durante los últimos años ha venido afectando a las casas de estudios superiores venezolanas.
Así, la Asamblea Nacional venezolana acordó -el 25 de septiembre- declarar en emergencia humanitaria al sector educativo y exigió al gobierno cumplir su deber constitucional de garantizar una educación de calidad. En esta misma línea, las universidades autónomas del país a través de su consejo universitario han aprobado esta emergencia humanitaria y se han apegado a la declaración emitida por la Asamblea Nacional.
La declaratoria de la educación y las universidades en emergencia se debe a graves problemas estructurales como la asfixia presupuestaria, colapso total de los servicios estudiantiles, inexistencia de posibilidad de apoyo a la investigación científica, violación masiva de los derechos laborales de los profesores universitarios, entre otras problemáticas que han sido causadas por una política de Estado dirigida a acabar con el pensamiento crítico.
En este sentido, Aula Abierta en conjunto con algunos de los principales centros de derechos humanos del país ha producido desde su Observatorio de Derechos Humanos en el ámbito universitario un informe denominado Informe preliminar: universitarios en el marco de la emergencia humanitaria compleja venezolana.
Este informe engloba una serie de amenazas entre las que detalla la asfixia presupuestaria inducida por el Estado y un nuevo patrón de violación a la autonomía financiera de las universidades.
“Al menos desde el año 2010 se ha registrado una política de Estado dirigida a generar una insuficiencia presupuestaria en las universidades públicas de la nación. El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología ha inobservado de manera desproporcionada los proyectos de presupuesto que le han presentado, al aprobar partidas presupuestarias que adolecen de un déficit que oscila entre 50 y 70% en relación a los requerimientos reales de las universidades”, detalla el informe.
De igual forma, se exponen las violaciones de los derechos laborales de los profesores y otros actores del sector universitarios, prácticas de discriminación, violación de las convenciones colectivas, salarios irrisorios, graves deficiencias en el sistema de seguridad social de los universitarios, deserción profesoral, crisis en la investigación científica y, por último, toda la crisis en el sector estudiantil, caos en el servicio del comedor, en el servicio de transporte, becas inexistentes y deserción estudiantil.
Una de las principales violaciones radica en la disminución de la base para el cálculo del escalafón profesoral universitario de 4.75 salarios mínimos -consagrados en la convención colectiva vigente- a 1.33 salarios mínimos.
Aula Abierta concluye en su informe que “existe una política del Estado dirigida a acabar con la libertad académica, a través del cierre de las universidades. Uno de los principales patrones detectados en el desarrollo de la presente investigación fue la asfixia presupuestaria inducida por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, Ciencia y Tecnología”.
“La violación de los derechos laborales y las condiciones de vida de los profesores universitarios ha producido que paulatinamente los niveles de deserción profesoral vayan en aumento. Para el año 2018 algunas universidades estiman hasta en un 50% la fuga de talento profesoral, llegando a evidenciarse en oportunidades que los profesores de mayor trayectoria y experiencia son quienes mayormente abandonan las universidades”, agrega.
Los niveles de deserción alcanzan cifras alarmantes. Las principales causas se relacionan con la crisis de los servicios estudiantiles de transporte y comedor, los inexistentes montos para becas estudiantiles y la grave crisis económica que aqueja a Venezuela. (Prensa Aula Abierta)
