La violencia de género en Venezuela es un problema que persiste a pesar de la existencia de marco legales como la Ley sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. De acuerdo con el Informe Final de Mujeres 2024 realizado por la Red de Mujeres Constructoras de Paz, dos de cada cinco mujeres (40% de las venezolanas) han sufrido algún tipo de violencia de género en el país.
El estudio titulado Mujeres que resisten: El alto precio de la desigualdad es el resultado de una encuesta aplicada a 1.281 mujeres de 17 estados del país, en la que lograron determinar que la violencia se expresa en múltiples formas: obstétrica, física, psicológica, institucional y simbólica a causa de la discriminación que enfrentan en su cotidianidad en medio de la crisis que atraviesa el país.
Las cifras del monitoreo, realizado entre junio y julio de 2024, detallan que las mujeres en situación de precariedad y bajos recursos enfrentan mayores desafíos en esta forma de agresión a su integridad, debido a sus situaciones de dependencia, relaciones abusivas y carencia de redes de apoyo.
A continuación, enumeramos algunos aspectos clave de la investigación sobre cómo afecta la violencia de género a las venezolanas.
Violencia en cifras
La investigación arrojó que 71% de las mujeres encuestadas han sufrido violencia psicológica, y el 41% física.
Sin embargo, la desigualdad socioeconómica agrava esta situación y especificó que 46% de mujeres de sectores vulnerables señaló haber experimentado violencia de género, en comparación con el 36% de aquellas en niveles socioeconómicos más altos.
Para obtener los resultados, los investigadores se basaron en la metodología de la interseccionalidad a través de los factores socioeconómicos, la etnia, edad y el acceso a recursos.
La falta de protección policial, revictimización en procesos judiciales y discriminación en la provisión de servicios públicos constituyen las principales causas de la violencia sexual e institucional, de acuerdo con la encuesta.
La pobreza agrava la violencia
La crisis humanitaria y las estructuras patriarcales limitan las oportunidades y ponen en riesgo el bienestar de las mujeres.
Los resultados del estudio muestran que la violencia de género persiste en todos los estratos sociales, pero con diferentes manifestaciones. Sin embargo, aquellas que viven en zonas rurales pueden experimentar formas de violencia aún más complejas debido a la carencia de sistema de protección, menos acceso a redes de apoyo y servicios de justicia.
Por su parte, las víctimas con mayores recursos económicos aseguran tener más acceso a la información y ser conscientes de sus derechos, pero se enfrentan a la discriminación laboral, el acoso sexual en el ámbito profesional o la negligencia médica.
Cada 33 horas una mujer muere por feminicidio
Entre enero y abril de 2024, las organizaciones que monitorean los feminicidios, afirman que se produjo un promedio de un caso cada 33 horas. En el mismo lapso, se documentó que el 15,5% de las víctimas eran niñas menores de 11 años, mientras que el 13,8% tenía menos de cinco años.
Alertan que la falta de voluntad política e impunidad continúa obstaculizando los esfuerzos realizados por diversas organizaciones que exigen medidas para proteger a las mujeres.
El reporte también incluye que a una de cada tres mujeres le cuesta reconocer situaciones de violencia de género, como por ejemplo: humillaciones, vigilancia constante, amenazas y control económico.
Seguido, advierten que “la creencia internalizada de que las parejas tienen ‘derecho’ a relaciones sexuales forzadas (…) y el miedo de control social, revela la profunda desigualdad que enfrentan las mujeres”.
Otro dato importante es que el 28% de las encuestadas no reconoció que la obligación de tener relaciones sexuales con sus parejas forma parte de la violencia de género.
Desigualdad de género
Los estereotipos y desigualdad de género también figuran como una forma de violencia. En el país, las mujeres suelen identificarse con una doble carga: el rol de “Madre” (48%) y el de “Trabajadora” (45%). En este sentido, combinan sus responsabilidades laborales con las tareas domésticas y de cuidado.
Las encuestadas aseguran que dedican más del doble del tiempo que los hombres a las tareas del hogar.
En América Latina, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres dedican un promedio entre 6,3 y 29,5 horas semanales más que los hombres a labores de cuidado no remunerado.
Esta realidad se ve reflejada en Venezuela, donde las mujeres asumen la mayor parte de las tareas domésticas. Destacan que 51% de las mujeres dedican más de seis horas diarias, comparado con solo el 19% de los hombres.
Además, un estudio de ONU Mujeres precisa que la próxima generación de mujeres todavía deberán dedicar en promedio 2,3 horas más por día al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres.
“Ningún país está cerca de lograr la erradicación de la violencia en la pareja, y la proporción de mujeres en cargos directivos en la esfera laboral persistirá por debajo de la paridad incluso después de 2050”, afirma.
Una mirada positiva entre múltiples problemas
En comparación con el año 2023, el estudio observa un aumento de más de cinco (5) puntos en el reconocimiento de la violencia de género en sus diferentes situaciones, excepto en la violencia física donde el incremento fue de dos (2) puntos.
Para la Red de Mujeres Constructoras de Paz, este dato “se convierte en un indicio positivo” del impacto de las iniciativas y campañas de concientización en las comunidades.
Se destaca que más del 70% de las mujeres encuestadas expresaron su desacuerdo con el control económico, celos excesivos y la restricción a la libertad de movimiento.
De acuerdo con el análisis exhaustivo, la respuesta de las mujeres podría implicar “una evolución” en la comprensión de esta problemática, “donde reconocer la complejidad del tema y evitan respuestas simplistas”.
Ante esta problemática, la Red de Mujeres Constructoras de Paz recomienda mejorar la calidad educativa y la participación política de las mujeres a través de programas de educación cívica. Además, aliviar la carga de trabajo no remunerado por medio de políticas de corresponsabilidad como: licencias parentales equitativas y servicios de cuidado infantil accesible.
