La defensa de la activista Rocío San Miguel, detenida desde el pasado viernes por estar “presuntamente vinculada” con una trama conspirativa para asesinar a Nicolás Maduro, denunció este miércoles el allanamiento de la vivienda de la también abogada.
“Tememos que pudieran estar sembrando evidencias”, dijo el abogado Joel García, que denunció que el allanamiento se llevó a cabo a partir de las 6:55 de la tarde.
#ATENCIÓN Me informan que en este momento están allanando la residencia de Rocío San Miguel, su hija Miranda Díaz se encuentra en el lugar.
— Joel García (@joelgarcia69) February 14, 2024
Señaló que en el lugar se encontraba Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista, quien también fue apresada, aunque posteriormente excarcelada con “prohibición de salida del país” y “de declarar a los medios”, junto con otros tres allegados de la defensora de DD HH, entre ellos dos hermanos.
#ÚLTIMAHORA | Posible proceso de incautación de bienes de la activista Rocío San Miguel en su residencia en Caracas.
— VPItv (@VPITV) February 15, 2024
Ante el hermetismo de las autoridades venezolanas, se espera un pronunciamiento de los abogados de San Miguel.
Desde finales de la tarde de este miércoles… pic.twitter.com/MghpeQyxGy
Este martes, los tribunales decretaron la privación de libertad contra la activista, así como también contra Alejandro José González Canales, expareja de San Miguel, según confirmó uno de los abogados.
La presidenta de Control Ciudadano fue apresada el viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía, pero su arresto fue confirmado el domingo por el fiscal Tarek William Saab, por lo que su defensa insiste en que se trata de una “desaparición forzosa”.
Sin embargo, el fiscal negó este miércoles que se haya configurado una “desaparición forzada”, y aseguró que se procedió a la detención porque la activista “aparece textualmente mencionada” en una orden de operaciones de la trama conspirativa denominada ‘brazalete banco’, con la que se pretendía atentar contra el jefe de Estado y otros altos funcionarios.
Una treintena de miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos en Venezuela rechazaron este miércoles la detención de la activista, un hecho que catalogaron como un “ataque feroz” al espacio cívico y a los defensores de derechos humanos.