sábado, 13 julio 2024
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De Irotatheri a Parima B: una historia de masacres

La masacre ejecutada por militares venezolanos en Parima B, que vulneró los derechos de los yanomamis, no fue el primer caso escandaloso. Tampoco es la primera vez que no hay juicios ni culpables.

El 20 de marzo de 2022 se recordará como el fatídico día en que un grupo de militares venezolanos llevaron a cabo la denominada masacre de Parima B, en el estado Amazonas al sur de Venezuela.

Paradójicamente ese día se cumplía exactamente una década desde la firma de un acuerdo entre el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del cual Venezuela se comprometió a garantizar la integridad del pueblo yanomami.

En diciembre de 2005 el fallecido Hugo Chávez promulgó la gaceta oficial N° 38.344 para poner en vigencia la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci), un instrumento jurídico que sería el más importante logro después del capítulo séptimo de la Constitución venezolana dedicada exclusivamente a los derechos de los pueblos indígenas.

La Lopci debía ser el instrumento sobre el cual se cimentaría el reconocimiento legal a los derechos indígenas en Venezuela y la puerta de acceso directo a las instituciones y a la justica. No obstante, el paso de los años demostró que solo sirve para engrosar las incumplidas normativas legales que abundan en los archivos de la justicia venezolana.

Primero fue la masacre de Irotatheri

La masacre ejecutada por militares venezolanos en Parima B, que vulneró los derechos de los yanomamis, no fue el primer caso escandaloso. Tampoco es la primera vez que no hay juicios ni culpables. De hecho, es la tercera vez entre 1993 y 2022.

El 5 de julio de 1993, 80 indígenas del pueblo Yanomami fueron asesinados por fuerzas irregulares. De acuerdo con los testigos, a las 4:00 pm un helicóptero sobrevoló la comunidad indígena de Irotatheri y lanzó un poderoso explosivo contra un shabono donde estaban reunidas 80 indígenas yanomamis. Ese día, solo tres sobrevivieron, porque que al momento del ataque estaban de cacería.

Shabono es la denominación a lo que en el mundo occidental se conoce como churuata, que en el caso de los yanomamis es una vivienda multifamiliar.

Los desconocidos atacantes fueron señalados como miembros de presuntas fuerzas irregulares de origen brasileña, pero nadie explicó la procedencia del helicóptero, cuando este era de uso exclusivo de un Estado como el brasileño o el venezolano.

Días antes a este mortal ataque aéreo, la misma comunidad había sido atacada por supuestos mineros ilegales que masacraron a 16 yanomamis.

Pese a todas las denuncias y los testigos, la entonces ministra de los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, negó tal hecho. “Después de estas visitas que hemos realizado en las comunidades indígenas, podemos decirle al país que no se encontró evidencia de ninguna muerte o no se encontró evidencia de casa o ‘shabono’ incendiado en estas comunidades señaladas como escenario de este supuesto crimen”.

¿Qué pasó aquel 20 de marzo de 2022?

El gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, confirmó el 22 de marzo la muerte de cuatro personas del pueblo indígena yanomami, todos por heridas de bala. También confirmó que las muertes fueron a manos de funcionarios de la Aviación venezolana en esa entidad.

De acuerdo con una fuente del estado Amazonas consultada por Radio Fe y Alegría Noticias, el hecho se produjo el domingo 20 de marzo en un puesto militar de la Aviación venezolana ubicado en Parima B, municipio Alto Orinoco. La persona indicó que en ese comando se encontraba una antena que daba internet, pero no había router para distribuir la señal. Por esa razón llegaron a un acuerdo con varios indígenas que viven en la zona, los cuales sí tenían router.

“Los militares ponían la antena y los indígenas el router para proveer de wifi tanto para el comando como para algunos indígenas yanomamis que quisieran disfrutar del servicio”, dijo la fuente.

De acuerdo con una denuncia realizada por Olnar Ortiz, los militares que encontraban en la base aérea de Parima B durante los hechos del 20 de marzo de 2022, fueron reubicados. La maniobra habría sido realizada sin ningún tipo de acusaciones para ninguno de los militares.

“Todavía no pesa sobre ellos ninguna imputación”, aseguró Ortiz el 11 de abril de 2022. El destino de los militares habría sido la base aérea de Maracay en el estado Aragua.