viernes, 23 febrero 2024
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Danny Toro: El Estado viola derechos y discrimina al no reconocer el matrimonio igualitario

El director general de País Narrado afirma que el derecho al matrimonio va más allá de dos personas que se aman, tiene más que ver con la protección de la unión por parte del Estado.

El director general de País Narrado, proyecto social de visibilización de Lgbti+, aseveró que el matrimonio igualitario genera otros derechos como el reconocimiento social de la pareja, la posibilidad de tener un beneficio económico o social como un seguro médico, la viabilidad de adoptar o que los bienes que se adquieren en el matrimonio sean compartidos.

Agregó Toro que si alguno de los miembros de la pareja fallece la otra persona heredaría los bienes, incluso la tutela de los hijos, “entonces el matrimonio igualitario no es solo afectividad y romance sino de derechos que se suscriben”.

“El Estado viola los derechos humanos y comete un acto de discriminación al no reconocer la voluntad de las parejas homosexuales”, expresó el activista, quien además lamentó que Venezuela sea uno de los pocos países que no ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de la población Lgbti+.

Destacó que en Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica, México, Estados Unido y Canadá, países considerado conservadores, han avanzado en la protección de la unión civil o matrimonio igualitario, mientras que Venezuela está rezagada.

Toro señaló que, aunque la sociedad civil venezolana se ha organizado y ha hecho diversas propuestas legislativas, hay variables que afectan su avance o aprobación. Menciona en primer lugar, la crisis del país que ha dejado a Venezuela fuera de los temas del siglo XXI y, en segundo lugar, que el gobierno ha sido conservador.

“Para aprobar el matrimonio igualitario se necesita que la Asamblea Nacional promulgue una ley de matrimonio igualitario. La Constitución no prohíbe la unión homoparental, el Código Civil sí es muy claro al establecer que el matrimonio es entre hombre y mujer. La Carta Magna es la máxima ley de una nación, pero es la AN la que debe resolver esa discrepancia”, explicó.

Sobre las propuestas que se han realizado, Danny Toro se refirió a una del año 2014, cuando la sociedad civil recogió miles de firmas para introducir un proyecto de ley por iniciativa popular que “lamentablemente quedó engavetado y la Asamblea Nacional solo la recibió, pero no pasó de la primera discusión, que es básicamente el abordaje del proyecto”.

El 2022 comenzó con protestas de la comunidad Lbtgi en enero, para exigir al Tribunal Supremo de Justicia que ordene a la Asamblea Nacional, de respuesta a ese proyecto de ley, bien sea para aprobarlo o rechazarlo, pero que responda la solicitud hecha por la sociedad civil. (Con información de País Narrado)