lunes, 15 julio 2024
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Conferencia Episcopal Venezolana se lava las manos en casos de abuso sexual

Monseñor Mario Moronta explicó que no corresponde a la CEV presentar ante el Vaticano los casos de abuso sexual infligido por sus clérigos o cualquier otro delito, sino que el proceso es responsabilidad de cada obispo.

Este miércoles representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) dieron una rueda de prensa para hablar sobre el trato que se le da desde la Iglesia Católica a los casos de presunto abuso sexual cometido por sus integrantes contra niños, niñas, adolescentes y comunidades vulnerables.

Luego de leer un comunicado, monseñor Mario Moronta, obispo de la Diócesis de San Cristóbal, estado Táchira, aseguró que no corresponde a la CEV presentar ante el Vaticano los casos que lleguen a su despacho sobre abuso sexual infligido por sus clérigos o cualquier tipo de delito, sino que es responsabilidad de cada obispo.

Es así como la CEV dejó en claro que quienes hayan sido víctimas de pederastia u otro delito por parte de representantes de la Iglesia Católica, deben acudir, en nombre de la institución, directamente al obispo que corresponda, dejando sobre una persona toda la responsabilidad que implica sancionar a quienes incurran en estos delitos.

Solo si el obispo decide elevar esta denuncia es que se dará a conocer y llegará a la santa sede, para que de esta forma se pueda seguir, aparte de un juicio penal, un juicio eclesiástico contra estas personas, que pase por remover de por vida, las funciones que le permitan estar cerca de posibles nuevas víctimas y se les quite el cargo de representantes de la Iglesia.

“Cada Diócesis es autónoma, compartimos informaciones, pero cuando hay un caso directamente la relación es del obispo con el Vaticano”.

Al ser cuestionado sobre el caso del sacerdote Luis Alberto Mosquera, quien en 2006 fue condenado a más de siete años de prisión por abuso sexual contra un niño de seis años, Mario Moronta dijo que fue suspendido este 2022 de sus funciones como cura. Aunque no precisó fecha exacta.

“El sacerdote lleva desde hace ya algún tiempo suspendido del ejercicio del ministerio“, añadiendo que fue “a lo largo de este año”. Sin embargo, la suspensión no se dio “hace algún tiempo” como afirmó el obispo de San Cristóbal, sino que ocurrió hace apenas una semana.

El propio padre Mosquera confirmó a The Washington Post que su suspensión se dio el 29 de junio, luego de la publicación del reportaje en el diario estadounidense.

Incluso, el sacerdote envió un mensaje a los feligreses en el que aseguraba que “debido a las publicaciones del diario The Washington Post y las presiones de varias ONG y activistas de los derechos humanos, que han ejercido ante la Conferencia Episcopal Venezolana, el administrador apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto, a tenor de lo que establece el Código de Derecho Canónico y por el bien de la Iglesia, ha decidido suspenderme las licencias eclesiásticas, mientras afrontó un proceso canónico, por lo que quedó impedido de ejercer mi ministerio públicamente”.

El caso del clérigo de 63 años se encuentra entre los 10 que involucran denuncias de abuso sexual infantil examinados por The Washington Post en los últimos dos años.

Es decir, luego de esta condena y tras cumplir solo dos años de su sentencia en prisión, dado que sus abogados alegaron que temían por su seguridad y solicitaron su libertad, Mosquera volvió a la iglesia del estado Lara donde vivía y siguió compartiendo con niños, niñas y adolescentes.

Casos como el de este cura que luego de haber sido acusado de un delito de abuso sexual volvió a iglesia y estuvo libremente por un lapso de 10 años, se repiten en varios estados del país, según el registro del diario estadounidense.

Además, Moronta destacó que también existe la posibilidad de que los curas vuelvan al ejercicio de su profesión tras cumplir la condena establecida por el Estado, o aquellos que al final de la investigación queden absueltos del caso. 

¿Cómo trata la Conferencia Episcopal los abusos?

El comunicado emitido por representantes de la CEV detalla que los obispos de Venezuela se sienten profundamente consternados y dolidos ante las situaciones de abusos que se presentan en diversas instancias de nuestro país como las familias, las instituciones sociales, educativas, culturales y religiosas, entre otras.

Aseguran que los abusos sexuales constituyen un “delito grave y pecado contra la vida y la dignidad de la persona, particularmente cuando afecta a los más débiles. Lamentablemente también miembros de la Iglesia han cometido estos abusos, provocando profundas heridas en la vida de las víctimas, con las consecuencias de confusión y escándalo para ellas”.

Además, establece que la Iglesia, “consciente de la gravedad de estos hechos” y de acuerdo con las directrices fijadas por los últimos papas, “ha recibido en la diócesis las denuncias que les han presentado. A la vez ha procurado las investigaciones y los procesos según la legislación eclesial; y ha sancionado a sacerdotes y otros miembros de la iglesia a quienes se les ha comprobado que han cometido delitos”.

Monseñor Mario Moronta dijo que desde el 2014 la Conferencia Episcopal Venezolana dispone de una línea de actuación para abusos de curas y pastorales. Sumado a esto están impartiendo cursos y talleres a sus representantes y a los que asisten a la Iglesia Católica.

A su vez, aclaró que cada obispo es el encargado de establecer sus protocolos de prevención y actuación ante actos de abuso sexual a niños, niñas, adolescentes y de personas vulnerables.

Sin embargo, el 8 de julio del 2020 se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria Plenaria de la Conferencia Episcopal, en ese momento monseñor Mario Moronta presentó el protocolo de protección de menores. En ese entonces habló sobre la importancia de la atención y acompañamiento a las víctimas e incluso a los posibles victimarios para su sanación.

A pesar de esto no existe una línea de atención confiable y acompañamiento a las víctimas de integrantes de la Iglesia Católica.

Incluso se negaron a dar registro sobre los casos que lleva la Iglesia de abusos entre sus integrantes, alegando que “dada la naturaleza de los hechos en los que las víctimas son personas, se requiere respeto y confidencialidad para la protección de las mismas”.